30.06.11
Luego de la aprobación del duro plan de recortes sociales, las calles de Atenas, capital de Grecia, se convirtieron en un infierno. Miles de manifestantes salieron a las calles para protestar y se enfrentaron con la policía. Hay decenas de heridos y detenidos.
Papeleras de Guadalajara no están obligadas a separar basura
Empresa Plastic Omnium justifica que la separación no entraba en el contrato.
El director de la empresa en México, Patrice Keyme, justificó que efectuar la instalación de papeleras separadas implicaría programas nuevos, rutas y trabajo extra. Foto: Chema Martínez
Guadalajara • Contrario a los argumentos de la Secretaría de Ecología de Guadalajara luego de un diagnóstico sobre las papeleras del centro de la ciudad decidirían las zonas dónde colocar papeleras diferenciadas para basura orgánica e inorgánica, la empresa que ofrece el servicio, Plastic Omnium, aseguró que la separación no era una cláusula de su contrato.
El director de la empresa en México, Patrice Keyme, justificó que efectuar la instalación de papeleras separadas implicaría programas nuevos, rutas y trabajo extra e incrementaría el costo de operación en 20 por ciento para un resultado prácticamente nulo. Lo anterior, en alusión a la poca cultura de los peatones que de todos modos deposita la basura revuelta, además de que los recolectores también la revuelven.
Pese a que la norma estatal de separación de residuos establece que estos deben diferenciarse desde la fuente generadora, (en este caso, el peatón que debe tener la opción de papeleras entre orgánicos e inorgánicos), el director negó estar violando la norma pues él cumple la tarea para la que se le contrató. Actualmente la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente lleva procedimientos contra el ayuntamiento tapatío por el incumplimiento de la norma con sus papeleras.
La STPS ha incurrido en delitos para entorpecer el proceso
Con “trucos legaloides” la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) niega el registro al Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México. Los empleados ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la ciudad de México ante medios nacionales para explicar los obstáculos que han enfrentado para inscribir a su gremio independiente.
Los afectados enviaron un informe en el que señalan que la armadora de automóviles ubicada en el municipio de El Salto tiene un sindicato de protección afín a la empresa, pero sin registro en la Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS, y su regulación es de competencia federal.
Por acuerdo de la asamblea de los trabajadores que conforman el nuevo gremio presentaron ante esa dependencia el 27 de mayo del 2010 los requisitos que señala el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo; copia autorizada de la asamblea constitutiva; lista de los 44 trabajadores afiliados con su nombre y su domicilio, copia de nómina, copia autorizada de los estatutos aprobados en la segunda asamblea y copia autorizada donde se eligió al comité directivo.
Los trabajadores detallan que la Dirección de Registro de Asociaciones les exigió el 18 de junio del 2010, “de manera abusiva y sorpresiva”, que acreditaran la existencia de la empresa y presentaran el acta constitutiva de la armadora. El 3 de agosto la dependencia volvió a negar el registro argumentando que no se señalaba el domicilio y nombre del patrón en el listado de afiliados al gremio.
El nuevo sindicato presentó un recurso de amparo el 30 de agosto ante los tribunales de la federación y el asunto cayó en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Laboral en el Distrito Federal con el expediente 2351/2010.
Los obreros de Honda refieren que la Dirección de Registro cercenó las copias de nómina que se le entregaron y así se le manifestó al Juez Segundo de Distrito, de que la acción era un posible hecho constitutivo de delito.
En su informe señalan que debido a la eliminación de esas copias se han tenido que posponer las audiencias, y han tenido ya represalias con el despido de empleados a los que se identifica con los actos de protesta, tal es el caso de José Luis Solorio Alcalá, secretario general del gremio.
“Denunciamos las prácticas entreguistas del gobierno federal y de la entidad para favorecer a los empresarios al generar empleos basados en la explotación del trabajador, con salarios de miseria; en la instalación de empresas en todo Jalisco con contratos leoninos y de protección, con sindicatos charros cuyos dirigentes reciben jugosas ingresos por no defender a los trabajadores”, dice el informe.
La STPS interpuso un recurso de revisión en contra de la resolución del juez que le dio la razón al sindicato y el próximo mes se podría resolver en sentencia. El gremio cuenta con casi 400 trabajadores afiliados voluntariamente
“De ganar nuevamente el caso nuestro sindicato se fortalecerá y llevará adelante su lucha de reivindicación a favor de los obreros de Honda, que tienen los salarios más bajos en el país en el ramo y condiciones deplorables de trabajo”, refieren.
Y añaden: “De perder el amparo, se recrudecerán las amenazas, la represión y los despidos, además de correrse el riesgo de perder la unidad y el trabajo de organización logrado”.
Separación primaria de los residuos implicaba aumento de un 20% del servicio
Justifican las fallas aduciendo que el contrato no especificaba instalación de chips inteligentes
La empresa francesa Plastic Omnium, encargada de la instalación y mantenimiento de las más de 10 mil papeleras del Centro de Guadalajara, atribuyó su mediano desempeño a la poca participación de la ciudadanía tapatía.
En rueda de prensa la concesionaria encargada de recolectar los residuos justificó las fallas en su trabajo aduciendo que en las cláusulas del contrato no venía especificada la instalación de chips “inteligentes” ni la separación primaria de residuos.
Al respecto, el representante de la empresa, Patrice Keyme, señaló que ellos sí podían haber aplicado la separación primaria de los residuos pero eso implicaba el aumento de un 20 por ciento en el costo del servicio.
El directivo refirió que no importa el número de botes que se instalen en las ciudades, “lo importante para lograr mantener limpias las áreas públicas es la participación de la ciudadanía y la cultura ambiental”. Por tal motivo destacó que en ciudades como Oaxaca en donde se aplicó el servicio, la ciudadanía duró hasta dos años en ponerse al día con la cultura ambiental y utilizar las papeleras como es debido.
No obstante, el concesionario fue indulgente y destacó que la ciudadanía ha respondido y en los últimos meses ha aumentado el número de toneladas de basura recogida; de juntar sólo nueve toneladas en noviembre de 2010, en el mes de mayo se recolectaron 202 toneladas.
Contratada por un servicio que asciende a los 21 millones de pesos mensuales, Keyme argumentó que su empresa ha cumplido con el municipio en la instalación de las papeleras y negó fallas en el mantenimiento y recolección de residuos. Justificó que 10 mil papeleras sí tiene un chip aunque este es sólo de localización; identifica el trabajo de mantenimiento y código de identificación en cada una de ellas.
Informó que a la fecha, alrededor de 600 papeleras han sido dañadas (principalmente por vandalismo) y todas han sido repuestas. Enero y febrero de 2011 fueron los meses con más daños a estos aparatos. El tiempo de respuesta para cada incidencia es en promedio de cuatro horas, aunque en el acuerdo contractual se maneja un máximo de 24 horas.
Finalmente recordó que las papeleras son para uso de los peatonales y no para residuos comerciales.
A ver. No se necesitan dos dedos de frente para entender que los millonarios pagos al auditor son extremadamente irregulares. Claro, primero hay que estar seguros de que recibió millones extras, pero de eso no hay duda: él mismo lo ha dicho, sin asomo de pudor, con la extraña certidumbre que le da saber cómo se manejan las mangueras del dinero en el sector público.
Es legal, dice. Y seguramente le asiste la razón, si nadie ha dicho que es torpe. Pero a ver. Pongámoslo en billetes. El hombre tiene un sueldo, según la página de la propia Auditoría Superior, de 47 mil 109 pesos quincenales. Eso da al año un millón 130 mil pesos, centavos más, billetes menos. Y resulta que, por lo menos recibió seis veces esa cantidad, durante un año, de manera adicional a su salario.. Por lo menos. Ya si a alguien le parece normal que un funcionario reciba seis veces más el dinero que gana en un año, entonces sí está podrida la tubería del sistema. Piénselo. Usted gana 15 mil pesos al mes, se encarga de revisar las cuentas en una empresa y de pronto se dan cuenta de que recibió extra, en promedio, 90 mil pesos al mes.
Porque eso es lo que hace un auditor, nada menos: revisar las cuentas, palomear el uso de los recursos públicos, asegurar a los ciudadanos, con informes al Poder Legislativo, que lo que un alcalde dijo que gastó en patrullas de verdad que sí se fue a vehículos para policías y no a casinos en Las Vegas. Y este señor, el encargado de dar certeza presupuestal, unas veces recibe seis millones más, otras veces algunos millones menos, y su familia también.
Lo más grave de este enojoso asunto es que el auditor tiene a los diputados agarrados de alguna sensible parte de su anatomía, pues a pesar de tener evidencia de esta inadmisible práctica del funcionario (ya no le vamos a llamar ilegal), no son capaces ya no de pedirle cuentas o de fincarle responsabilidades, sino ni siquiera de darle las gracias y buscar a otro. El presidente de la comisión encargada, Jesús Casillas, se fue corriendo antes que pedir la cabeza del auditor (ante los medios sí lo hace, pero ya en serio se arruga). Los panistas se vistieron de santos y se salieron de la comisión. Los priistas votaron por su permanencia con un solo voto opositor, casi en voz baja, del legislador verde. Y el auditor se queda. ¿Quién es ahora el que manda?
