1.3.15

VENDEDOR DE AGUA...

Un hombre vende agua usando un tanque en un carrito hecho de un barril de petróleo en Dala fuera de Yangon, 10 de febrero (Soe Zeya Tun / Reuters)

EL SALTO CON APELLIDO...

El Salto con apellido


En su libro Los Caciques, Carlos Loret de Mola (periodista y escritor fallecido), hace un recuento de las tropelías cometidas por varios personajes que dominaron el escenario político en México en las décadas de los sesentas y setentas.
Entre otros, cita por ejemplo a Carlos Sansores Pérez, en Campeche; a Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí a quien se atribuye la frase de que “la moral es un árbol que da moras”; o los hermanos Rubén y José Guadalupe Zuno, en Jalisco.
Siempre ligados al poder de la mano del PRI, pareciera que la tendencia del tricolor persiste en impulsar y privilegiar el control político no importa que esto signifique entregar municipios a un grupo determinado.
Es el caso por ejemplo de El Salto, donde los hermanos González Díaz han mantenido el dominio político en la región desde hace nueve años. Primero fue Joel que fue elegido presidente municipal 2007 al 2009; luego pidió licencia para contender y ganar una diputación federal; su hermano Gerardo lo sustituyó como candidato a la presidencia en el trienio 2009-2012, de donde pidió licencia para buscar una diputación local que perdió ante Salvador Zamora de Movimiento Ciudadano.
Joel González Díaz solicita licencia como diputado federal y regresa como candidato a presidente municipal para el período 2012-2015, alcaldía que gana y de donde una vez más pide licencia para buscar ahora una diputación local.
En los nueve años de hegemonía de los González Díaz, las acusaciones de manejo discrecional de los recursos se han multiplicado. Paralelamente, se acusa a los hermanos de ejercer un control político con base en la intimidación, el terror y el manejo de la nómina.
En 2012, cuando Joel buscaba ser candidato, se formó un incipiente movimiento “contra el cacicazgo” de la familia González. Pero las movilizaciones terminaron pronto por amenazas y con invitaciones a la nómina del ayuntamiento. Muchos de los aguerridos opositores abandonaron la lucha por temor o convencidos de las bondades de vivir del presupuesto.
Con el año político en marcha, una vez más se ha destapado la indignación de un buen número de habitantes de El Salto que se rebelan contra los hermanos. Ahora el PRI postuló a la alcaldía a Marcos Godínez Gómez, ex secretario general del ayuntamiento y ex director de Desarrollo Social, un personaje de todas las confianzas de Joel.
Pero no solamente eso, el control de los González parece extenderse hacia otros partidos políticos. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de El Salto, Israel Orozco, fue regidor en la administración de Gerardo González y director del Registro Civil en el gobierno de Joel González.
Incluso en 2011, el entonces regidor priista Israel Orozco, protagonizó una disputa legal con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, quien pretendía fincarle sanciones administrativas derivada de la queja PSO-QUEJA-008/2011 porque el edil había colocado anuncios espectaculares donde informaba de su labor en el ayuntamiento.
Luego de la apelación RAP-012/2011-SP, el Tribunal Electoral del Estado dejó sin efecto la sanción y dio la razón a Israel Orozco en su intención de difundir sus logros como regidor del PRI.
Por la cercanía de Orozco con los hermanos González, su designación como abanderado de MC causó incertidumbre entre la población de El Salto y malestar entre simpatizantes de Movimiento Ciudadano que decidieron abandonar las filas.
En el de por sí revuelto escenario político de El Salto, un asesinato ocurrido el 17 de febrero, vino a subir de tono los ánimos y calentar gravemente el ambiente previo a las elecciones..
La próxima semana: Corrido de la muerte.

28.2.15

TEMACAPULIN...

La resistencia contra El ZapotilloSábado, 28 febrero 2015 por Rubén Martín

Si las leyes valieran de algo en México, si la justicia realmente fuera imparcial, el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo y el acueducto de León, que el Gobierno federal lleva a cabo en Los Altos de Jalisco, hace tiempo que estaría cancelado.
La tenaz resistencia de los pobladores de Temacapulín, Palmarejo y Acasico han conseguido no sólo cuestionar el proyecto en los aspectos técnicos y sociales, sino también en el terreno jurídico. Con el respaldo de sus abogados, los pobladores de estos tres pueblos que están en riesgo de desaparecer con la presa El Zapotillo, han interpuesto cuatro juicios de amparo y dos controversias constitucionales, a las que se suman demandas civiles y administrativas, que suman más de 20 expedientes en contra del proyecto hidráulico. Como bien reseñó el periodista Agustín del Castillo, el conflicto en torno a El Zapotillo, es el más “judicializado” de todos los que existen en México (Milenio, 27 febrero 2015). Ahora algunos de los amparos deberán ser revisados por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues los tribunales colegiados de circuito estimaron que el fondo del asunto de la presa El Zapotillo puede sentar precedentes para otros casos, dado que se está pidiendo considerar no solo el interés jurídico de los quejosos sino los derechos de la sociedad involucrada en el conflicto.
Y aquí hay un asunto muy importante: la alianza de sujetos que se  ven afectados por la presa El Zapotillo consiguieron hacer conciencia y denunciar que la construcción de ese proyecto no afectaría solo a “unos cuantos” habitantes de tres pueblos. Como lo han denunciado con claridad los pobladores de Temacapulín, especialistas aliados de la talla de Pedro Arrojo, abogados, activistas y ONGs´, el proyecto de El Zapotillo afectará también a cientos de miles de habitantes de municipios de Los Altos que se verían afectados por el trasvase de agua de la cuenca del río Verde a León. No es casual que ahora que a las añejas protestas de Temacapulín se hayan sumado recientemente pobladores y agroproductores de municipios de los Altos.
Si bien la resistencia a la presa El Zapotillo ha desnudado los intereses privados que impulsan la construcción de esa presa, y han armado una eficaz batalla legal, hay motivos para ser pesimistas. El pesimismo está fundado en la actuación del Estado y la justicia en los casos de despojos que existen por todo el país. Casi sin excepción, el Estado y las leyes funcionan para los despojadores, para los intereses privados. En realidad las “reformas estructurales” son un paquete de legislación que valida y propicia los despojos. En esa lógica, los bienes comunes, como el agua, no están para el beneficio colectivo sino para ponerlos al servicio de la lógica de acumulación de capital.
Es lo que está ocurriendo en Sonora con el acueducto Independencia, donde a pesar de la razón jurídica a favor de la tribu Yaqui, se han impuesto los intereses privados consumando un “despojo institucional del agua”, como lo definió en un libro reciente, el investigador José Luis Moreno Vázquez. Esperemos que no sea el caso en El Zapotillo y que la tenaz resistencia de Temacapulín obtenga una victoria 

25.2.15

AQUI NO...

Aquí no hay autodefensas

José Mendoza Navarro

En Jalisco no hay autodefensas, afirmó categórico el Gobernador del Estado Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, e indicó que en el particular caso del municipio metropolitano de El Salto, los vecinos han hablado de unir esfuerzos para combatir la delincuencia con un programa de Vecinos en Alerta: "La coordinación vecinal, de acuerdo a los reportes que tengo, fue que se iba a organizar para juntos reducir la inseguridad en ciertas colonias".

Explicó que coincide con el modelo que impulsa su gobierno "en el cual reconocemos que hay grandes avances, donde hay participación de los ciudadanos en la colaboración con la denuncia, con la información, con la prevención y en la actuación con acciones concretas por parte de las policías municipales, de la Fuerza Única del Estado que tiene presencia en todas las regiones".

Las declaraciones del titular del Ejecutivo se dan luego de que Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité de Defensa Ambiental del municipio de El Salto, afirmara que algunos vecinos, hartos de la inseguridad que viven, se estarían armando para defenderse de la delincuencia.

Sandoval Díaz dijo que el Gobierno estará en coordinación con los vecinos para que acorde a la actividad de organización que desplieguen "podamos juntos mejorar la seguridad en todas las regiones y en todo el estado de Jalisco", no solamente en El Salto.

Aclaró que ello no significa que el Gobierno permitiría que civiles acopien armas, como ha sucedido en otras entidades federativas: "No quiero descontextualizar, lo que señalaron (vecinos de El Salto) es que se iban a organizar; más ustedes saben, quien se encuentre con alguna arma, quien se encuentre cometiendo un delito por supuesto que inmediatamente será detenido, pero no es el caso; el caso fue que iba a haber coordinación y organización para que en las colonias hubiera mayor prevención y acciones que se puedan traducir en seguridad".

Abundó que en este caso se trata de algo semejante a Vecinos en Alerta o los Comités de Paz "que se están realizando en Zapopan y Guadalajara, por ahí es el sentido de la situación", y reiteró que como lo dijo el fiscal general Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, si se encuentra a alguien de estos vecinos armado será detenido, "que no es el caso de esta situación".

Y es que el activista Muñoz Delgadillo afirmó que en delegaciones como Las Pintas, El Quince, El Verde y El Castillo, algunos ciudadanos estarían dispuestos a armarse para defenderse de los delincuentes que asolan al municipio ante la pasividad de la autoridad municipal.