El gobierno estatal tampoco tiene autorización para hacer la planta de tratamiento en Tlajomulco

Venció permiso para plantas de tratamiento

Desde 2006 feneció el plazo concedido por la Semarnat al Ejecutivo estatal para construirlas, sin que éste pidiera una prórroga, por lo que habrá que rehacer el trámite, lo que retardará el proyecto de saneamiento para el río Santiago.
La construcción de plantas de saneamiento para la cuenca de El Ahogado sigue sin poder avanzar.
25-Febrero-08


La construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales en El Ahogado y Santa María Tequepexpan tendrá que esperar, pues está vencido el plazo otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para su edificación.

Según la dependencia federal, el gobierno de Jalisco no tramitó prórroga antes de que feneciera el término, con lo que deberá poner pausa a su carta fuerte para sanear la cuenca del río Santiago, además de que enfrenta otro problema para llevar adelante el proyecto: se autorizó la construcción de dos plantas tratadoras de aguas residuales, una en Tlaquepaque y otra en El Salto, con el visto bueno de los gobiernos municipales correspondientes, pero el Ejecutivo estatal ubicó el proyecto (y compró terrenos para este fin) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Lo anterior se desprende de la información que Eduardo Enrique González Hernández, titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, entregó al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco hace unos días, como parte del juicio de amparo 1037/06 que interpusieron los ejidatarios de El Zapote contra el gobierno estatal.

En 2004, el gobierno de Francisco Ramírez Acuña compró un predio a un tercero para construir la planta tratadora y lo entregó a la CEA, que no puede disponer del mismo debido a que desde 1937 está en posesión de los ejidatarios y gozan de una suspensión (para no ser desposeídos).

Hace un año, Pedro León Corrales, abogado defensor del ejido El Zapote, solicitó la información respecto a las condiciones en que se otorgó el permiso de la Semarnat para las plantas tratadoras, si se presentó una prórroga o, en su caso, modificación del proyecto. Ahora, con los documentos certificados en la mano, lamentó que prevalezca “una clara ineptitud y negligencia criminal por parte del gobierno del estado, como promotor del proyecto de saneamiento en El Ahogado”.

El 15 de febrero de este año, en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa llegó la documentación solicitada, a través de la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental, en que González Hernández certifica que la autorización en materia de impacto ambiental ya perdió vigencia.

El 9 de julio de 2004, cuando la dependencia federal autorizó el proyecto tras los estudios de evaluación de impacto ambiental, se otorgó al gobierno de Jalisco un plazo de 16 meses para construir la obra. En caso de fuera necesaria una prórroga, había que solicitarla 90 días antes de que feneciera el periodo.

“Los16 meses se cumplieron a principios de 2006. Entonces no teníamos el dato si el proyecto ya estaba vencido. Ahora, con la documentación recibida en el juzgado, el director dice que después de búsqueda minuciosa en el expediente no encontró el dato que dijera que se solicitó la prórroga. Por tanto, el proyecto quedó vencido en lo que se refiere a sus construcciones en el año de 2006”, afirmó el abogado.

León Corrales también solicitó información puntual sobre alguna modificación al proyecto, porque según la documentación que consta en el expediente judicial, de la que Público tiene copia, la Semarnat autorizó dos plantas de tratamiento; una en Santa María Tequepexpan, de 5.7 hectáreas, y otra en El Salto, de 10.5 hectáreas.

“Quiere decir que la planta de aguas residuales de El Ahogado se autorizó en costado del aeropuerto, en el Salto, y está vencida. ¿Qué pasó con la actual Administración? El gobierno de [Francisco] Ramírez Acuña dejó esto pendiente, pero ¿qué ha hecho Emilio González Márquez [el gobernador] y César Coll [titular de la Comisión Estatal del Agua]?’”, inquirió el abogado tras recordar que se actúa al margen de la ley, pues se licitaron las obras para la construcción de las plantas el año pasado “cuando ya estaban vencidos los permisos [se declaró desierto el proceso] y van a volver a licitar”.

León Corrales subrayó que la muerte del menor Miguel Ángel López Rocha, presuntamente “a causa de la contaminación de arsénico del río Santiago” evidencia la gravedad del problema y urgencia de sanear las aguas, pero “la pregunta es dónde van a licitar porque lo que se aprobó era de otra dimensión y en otro municipio. ¿Con qué permiso se va a licitar en materia de impacto ambiental si el proyecto esta vencido desde 2006?”.

Agregó que lo anterior implica que la CEA presente un proyecto nuevo y tramite nuevos permisos.

Ante este panorama, consideró que tenemos un gobierno negligente porque en una obra de alto interés social, como el saneamiento de El Ahogado y el río Santiago, actúa en forma totalmente irregular: “El tener a estas alturas, después de haber recibido una y otra vez un presupuesto multimillonario, un expediente donde el permiso se venció desde ya cerca de dos años y el saber que las autoridades del gobierno del estado que ya cumplieron un año en su gestión no han hecho nada para actualizar el permiso, nos habla de un descuido tremendo”.

El experto en amparo recordó finalmente que el 13 de julio de 2004, cuatro días después de que le autorizan la evaluación de impacto ambiental para la planta de tratamiento de aguas residuales en El Salto, Francisco Ramírez Acuña compró 22 hectáreas en el municipio de Tlajomulco, que no es materia del proyecto. Jalisco pagó más de quince millones de pesos y no tiene la posesión del predio “porque pertenece al ejido”. En paralelo, el ex gobernador proyectó el megadesarrollo habitacional Tierra Mojada, para aprovechar el saneamiento y ganar con la especulación de los terrenos de El Ahogado, pero no logró cristalizar sus proyectos.


Guadalajara•Esperanza Romero Díaz