Denuncia penal por permitir contaminación

Diputados del PRI y PRD, unidos en la PGR

Son delitos que están contenidos en el Código Penal federal, aclaran.

28-Febrero-08



Por las omisiones en que pudieron incurrir autoridades estatales y federales, al permitir la contaminación del río Santiago, y por acciones de particulares, diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el perredista Enrique Alfaro Ramírez, así como la dirigencia estatal del tricolor, presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), por delitos contra el medio ambiente.

La denuncia, contra quien resulte responsable, es por los delitos contenidos en el Código Penal federal, del artículo 414 al 416. El primero de los artículos se refiere a la acción penal contra quien “ilícitamente o sin aplicar las medidas de seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente”.

El artículo 415 se refiere a quien “emita, despida, descargue en la atmósfera o lo autorice u ordene, gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales”, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Y a quien genere “emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica”.

El último de los artículos es contra quien “ilícitamente descargue, deposite o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos corrientes de agua” que causen un daño a los recursos naturales.

En la denuncia se presenta como una de las principales pruebas el estudio que hizo en 2005, en el río Santiago, la Universidad de Guadalajara, a petición de la Comisión Estatal del Agua (CEA), en virtud de que las autoridades no emprendieron acciones con base en las recomendaciones que ahí se emiten.

Además, presentan una lista de empresas “que por sus características requieren de descargar aguas residuales, muchas de ellas contaminadas. Por ello, anticipadamente debieron haber realizado tratamientos, previa autorización del gobierno tanto federal como estatal, o a los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones aledañas como son El Salto, Juanacatlán, la Ciénega, entre otras”. Entre las empresas enlistan tequileras, empacadoras, granjas porcícolas, así como los lixiviados del basurero Los Laureles, administrado por Caabsa Eagle.

El presidente del PRI Jalisco, Javier Guízar Macías, aseguró que no se trata de un acto político, sino de la intención que comiencen a generarse “las acciones que resuelvan, de una vez por todas, la contaminación en el río Santiago”.

La diputada priista Verónica Martínez Espinoza rechazó que el tratamiento de aguas residuales sea sólo un problema de los municipios, pues afirmó que es una vía del gobierno del estado para eludir la responsabilidad.


Guadalajara•Sonia Serrano Íñiguez