RAÚL TORRES

El Lobby

Ante los acontecimientos que sufrió el pueblo de Morelos los días 7, 8 y 9 de octubre, distintas organizaciones sociales, civiles y sindicales del estado se manifestaron el día de ayer en la Plaza Aranzazú, para exigir la resolución a las demandas de los trabajadores de la educación en aquel estado. El 16 de octubre realizarán otra marcha de la Normal al centro de Guadalajara para mostrar su solidaridad Foto:CONTRA LA REPRESION / ARTURO CAMPOS CEDILLO

“Todos a una, señor”

La región de El Salto, Juanacatlán, Tololotlán y Puente Grande comienzan a consolidar un movimiento que, generando sus propios códigos y formas de comunicación, comienza a realizar el trabajo que, por incompetencia, desidia, cobardía e indiferencia no han podido concretar ni los municipios o los gobiernes estatal y federal. Así, poco a apoco se organiza una red de trabajo que ayudará a tener un diagnóstico preciso, riguroso y científico de lo que realmente padece la gente que vive en la zona, que generará propuestas y en buena medida mitigará esa sensación de abandono que priva en la región; pero no porque sobre ella se vaya a tender el cobijo de un gobierno que, sin ser paternalista, debería velar por el interés de sus ciudadanos (lugares comunes que, por los errores comunes, no podemos abandonar), sino porque la gente comienza a tomar la actitud de aquellos habitantes de Fuenteovejuna que ante las preguntas del juez responden: “Fuenteovejuna, señor/ ¿Quién es ese Fuenteovejuna?/ Todos a una, señor”.

Por lo pronto, hoy se decide cuándo y dónde organizarán la reunión con los pueblos afectados por la contaminación en toda la cuenca del río Santiago. Hasta el momento los pueblos de seis estados diferentes trabajan con la gente de El Salto, Juanacatlán, Tololotlán y Puente Grande para ubicar puntos críticos de contaminación a lo largo de la cuenca de este río. Y ya llevan más de 140.

Además de esto, desde la misma comunidad ya se organiza un trabajo de investigación para trazar una radiografía de cada una de las empresas que desde el corredor industrial de El Salto vierten sus desechos al río con la anuencia de la tímida inspección de la CNA, la Semarnat y la Semades, que por lo demás, limitan sus facultades (legales y mentales) a los reglamentos y leyes que en estos casos siguen a pie juntillas. Se trata de conocer el origen de las empresas, dónde operan, dónde despachan sus dueños, a dónde se va el dinero que ganan, qué tipo de productos venden, a quién se los venden, y en una de esas, hasta cuánto pagan de impuestos y qué beneficios fiscales reciben por “invertir” en Jalisco.

Otro de los proyectos tiene que ver con la instalación de un centro de acopio para comenzar a generar un mejor manejo de los desechos en esta región, donde una buena parte de la basura que se genera en la Zona Metropolitana les estorba para vivir. Y en este trabajo va implícito el vínculo con las escuelas, sus estudiantes y los jóvenes, quienes ya comienzan a tomar la estafeta.

Tras aquel lamentable incidente frente al depósito de basura de Los Laureles, donde las autoridades y la empresa Caabsa intentaron provocar un zafarrancho entre pepenadores y habitantes de El Salto, Juanacatlán, Tololotlán y Puente Grande, éstos han aprendido que movilizarse no implica necesariamente salir a marchar y desgastarse en acciones que pueden, incluso arriesgar su seguridad ante el claro y abierto apoyo de las autoridades a los intereses de las empresas que pagan sus campañas. La situación límite que ha llevado a estas personas a organizarse también les ha mostrado que una movilización puede ser silenciosa, introspectiva y de trabajo conjunto; que movilizaciones de este tipo, tarde o temprano conduce a la emancipación.