El ayuntamiento amplió sus compromisos con la compañía
Caabsa Eagle debe mejorar su servicio, concluye comisión de la alcaldía tapatía
La Comisión Especial Transitoria que se creó para revisar el contrato de concesión que tiene el municipio de Guadalajara con la recolectora de basura Caabsa Eagle concluyó con su análisis y determinó que la empresa debe mejorar su servicio y participar en la explotación del biogás que se genere en el relleno sanitario de Laureles a fin de que proporcione al ayuntamiento al menos 15 por ciento de acciones por la emisión de bonos de carbono.
El coordinador de los regidores del PRI, Leobardo Alcalá Padilla, dio a conocer en rueda de prensa el resolutivo de la comisión, cuyos integrantes se habían propuesto en un principio revocar el contrato a la empresa por una serie de incumplimientos que viene arrastrando desde ya varias administraciones panistas. Sin embargo, lejos de pensarse en un escarmiento para la empresa, el resultado del dictamen es benévolo toda vez que se le permitirá recolectar la basura del Centro Histórico, tener acceso a edificios públicos, escuelas, viviendas, parques, jardines, mercados y tianguis.
“Se valoró la posibilidad de revocar la concesión a la empresa. Sin embargo, dada la dificultad legal y los resultados inciertos de dicha intención, que conllevaría una eventual disputa ante tribunales, ello podría poner en riesgo el servicio de recolección de basura en la ciudad”, dijo el coordinador de los regidores.
En lugar de proceder con la revocación del contrato, la comisión determinó ampliar los compromisos contraídos entre el ayuntamiento tapatío y empresa a efecto de incluir en el contrato, la adquisición de 136 camiones recolectores y su revisión periódica entre el tercer y quinto año de funcionamiento. Instalación efectiva del sistema de localización satelital GPS en los vehículos de recolección. Instrumentación efectiva del programa de separación de basura en la totalidad de las colonias. Revisión del proceso de recolección y rutas caídas e implementación del programa de recolección y rutas nocturnas.
Para el cumplimiento de lo anterior Alcalá Padilla propuso un plazo perentorio de dos meses y la fijación de una multa de 250 mil pesos por cada siete días de acumulación de basura en parques, jardines, aceras, tianguis y mercados.
El análisis del contrato de concesión inició en enero del 2007, en cuyo trabajo se incorporaron también tres regidores, el director jurídico, el director general del medio ambiente y ecología y el director jurídico de lo consultivo.
La ficha técnica que presentó el regidor reconoce que la ciudad de Guadalajara es lamentablemente “sucia”, y si bien advierte la serie de incumplimientos manifiesta que estos no son del todo atribuibles a la empresa.
Ejemplo de ello es que las obras de cierre y abandono del vertedero Coyula–Matatlán no ha podido concretarse porque falta el dictamen técnico de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), y que el equipamiento de la planta de transferencia en este sitio tampoco se ha logrado por trámites burocráticos que competen a Guadalajara.
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