Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales por Iván Alejandro M. Zazueta — Última modificación Jul 30, 2011 05:57 PM Colaboradores: con información de Asamblea Nacional de Afectados Ambientales — archivado en: Asamblea de Afectados Ambientales

Más de 300 delegados participan en la primera jornada de la 7ma Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), en la comunidad de Salsipuedes, una de las más de 20 comunidades pertenecientes al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) que luchan, desde hace 8 años por la cancelación del proyecto hidroeléctrico La Parota, promovido por la Comisión Federal de Electricidad.

Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

SALSIPUEDES, Guerrero. La ANAA es una red de más de 130 comunidades locales y organizaciones sociales y civiles del campo y la ciudad, localizada en 15 estados del país que, desde su fundación, en agosto de 2008, busca consolidarse como un espacio de encuentro y construcción de alternativas de las luchas comunitarias frente a los problemas de destrucción ambiental y de la salud que padecen los pobladores de comunidades rurales y barrios urbanos por la imposición de proyectos mineros (como Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, San José del Progreso, en Oaxaca o en la región de la Montaña, en Guerero), carreteros (como el libramiento norte de la ciudad de Puebla, la supervía poniente en el Distrito Federal o el libramiento norponiente de Cuernavaca), de presas hidroeléctricas y trasvases de ríos (como la misma presa La Parota, en Guerrero, la presa El Zapotillo, en Jalisco, la presa Paso de la Reina, en Oaxaca o el Acuaeducto Independencia, en Sonora), así como la construcción desregulada de grandes unidades habitacionales, centros comerciales, tiendas de conveniencia, gasolineras que promueven una auténtica urbanización salvaje en las zonas periféricas de las ciudades grandes y medianas del país (incluyendo a la Zona Metropolitana del Valle de México), donde el hacinamiento de cientos de miles de casas de construcción privada y la invasión de áreas de conservación ecológica o de cultivo de alimentos para favorecer la especulación inmobiliaria están poniendo en peligro el abasto de alimentos y la recarga de los acuíferos y los cauces de los ríos que abastecen de agua potable a las zonas urbanas y favorecen la migración de la población campesina hacia las mismas ciudades o hacia Estados Unidos.

En la ANAA participan también luchas emblemáticas por la defensa de los ríos, de los humedales y las costas, afectados por las descargas residuales de las ciudades y de la industria manufacturera del país (como en El Salto, Jalisco, la cuenca de los ríos Atoyac y Zahuapan, en Puebla y Tlaxcala, en Lerma, Estado de México en Tierra Blanca y la región de Coatzacalcos, Veracruz, lo mismo que en la Riviera Maya, en Quintana Roo o la laguna de Cuyutlán, en Colima), así como los afectados por la instalación y operación de rellenos sanitarios y confinamientos de residuos tóxicos (como Alpuyeca, en Morelos, Tecámac, en el Estado de México o Zimapán, en Hidalgo).

Las principales reivindicaciones de la ANAA son:

• Que se realice un diagnóstico real de las afectaciones ambientales y a la salud humana derivadsa de 17 años de libre comercio y se reconozca que México vive un colapso social y ambiental sin precedentes.

• Que se ponga un freno efectivo a la contaminación de las aguas, tierras y aires del país, producto de políticas de desregulación laboral y ambiental de facto, que favorecen sólo a empresas privadas nacionales y transnacionales.

• Que se detenga la criminalización y la persecución política que sufren los y las activistas ambientales del país.

• Que se cancelen todas las concesiones de tierras, bosques y aguas a proyectos mineros, carreteros, agroindustriales, de presas o basureros.

• Que se reinstale la moratoria definitiva a la siembra "experimental" (y de cualquier otro tipo), de cultivos transgénicos, especialmente en el caso del maíz.

En esta 7ma Asamblea, los principales objetivos que se persiguen son: concretar el respaldo de los participantes en la Asamblea de la demanda que ésta presentará ante el Tribunal Latinoaméricano del Agua (TLA) contra el gobierno mexicano por la destrucción del sistema hídrico nacional. Se trata de la primera demanda de escala nacional que dicho Tribunal, con sede en San José de Costa Rica, admitirá, dada la gravedad de la crisis hídrica que sufre México desde hace ya varios años. La demanda será presentada en la sesión que realizará el TLA en Buenos Aires, Argentina, durante el mes de septiembre próximo, y su redacción ha sido efectuada por miembros de la Asamblea, en colaboración con científicos y juristas mexicanos, con el fin de demostrar la responsibilidad del gobierno federal mexicano en la degradación y depredación sistemática de los cuierpos de agua superficilaes y subterráneos de todo el país. En este momento, más del 70% de los ríos, lagos y lagunas del país están muy contaminados, mientras que en poco más de 30 años se ha triplicado el número de acuíferos sobreexplotados en México, lo cual no sólo afecta de manera directa la calidad de vida y el salario de los pobladores del país, sino que además esto ocurre gracias a políticas que han favorecido la privatización de los organismos operadores municipales de agua y la expansión sin precedente del mercado de agua embotellada, convirtiendo a México en el primer consumidor mundial, sometido a los intereses de sólo cuatro grandes empresas: Coca-Cola, PepsiCo, Danone y Nestlé.

Además, en esta 7ma Asamblea se buscará fortalecer el proceso de organización de la Audiencia Ambiental del Tribunal Permamenente de los Pueblos (el principal Tribunal ético del mundo, conocido por el juicio que realizó en los años setenta para determinar la responsabilidad de Estados Unidos en los crímenes de guerra cometidos durante la ocupación y el conflicto armado en Vietnam), el cual iniciará el examen de la situación mexicana en octubre de este año y hasta finales del 2013, con el fin de evaluar los impactos sociales, económicos, laborales, ambientales y culturales, derivados del libre comercio y la llamada "guerra contra el crimen organizado" que realiza actualmente el gobierno mexicano.

La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, en voz de los miembros de su Consejo de Representantes, hace un llamado a todas las comunidades afectadas ambientalmente en el país, así como a las organizaciones sociales y civiles que defienden los derechos colectivos a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación y a la vivienda, entre otros, para que se sumen al proceso de realización de las 7 audiencias temáticas que conformarán la Sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Las 7 audiencias temáticas de la Sesión México serán:

1) Guerra sucia, impunidad y acceso a la justicia;

2) Feminicidios y violencia contra las mujeres;

3) Violencia contra los trabajadores;

4) Violencia contra los migrantes;

5) Devastación ambiental y megaproyectos;

6) Maíz y soberanía alimentaria; y

7) Medios de comunicación.

La Asamblea Ambiental estará integrada por distintas pre-audiencias, en las que las comunidades locales y las organizaciones defensoras del medio ambiente del país expondrán los argumentos jurídicos, técnicos y sociales que fundamentan los agravios de que han sido víctimas y los conflictos provocados por gobiernos locales, estatales o el federal, así como de empresas privadas en complicidad con algún poder gubernamental, ante páneles de jueces internacionales, de reconocido prestigio y solvencia moral, para que éstos evalúen y se pronuncien respecto al proceso de incremento sostenido de la injusticia ambiental y social que es vive en el país.

Entre otras, las pre-audiencias dentro de la Audiencia Ambiental de la Sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos abordarán los temas de:

1) Agua

2) Residuos

3) Biodiversidad

4) Megaproyectos

5) Minería

6) Energía

7) Abuso de agroquímicos

8) Cambio climático

9) La situación del Valle de México

Finalmente, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales busca fortalecerse como espacio de intercambio directo de las experiencias organizativas y de resistencia de las comunidades locales en el campo y los barrios urbanos para enfrentar las políticas de apertura económica indiscriminada y otorgamiento de concesiones sin regulación o vigiliancia alguna a grandes proyectos empresariales o de construcción de infraestructuras que no sólo amenazan la vida actual de los pueblos, sino la viabilidad futura del país, como ocurre en el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero.