En la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se lamentó la falta de oposición

El Tempisque y Ex Hacienda del Lazo están a punto de desaparecer por proyecto del CEA

Se denunciaron los daños ecológicos en El Salto, el bosque de Juanacatlán y el río Santiago

JORGE COVARRUBIAS

El pueblo de El Tempisque, situado al fondo de la Barranca del río Santiago, y perteneciente a la comunidad indígena de Mezquitán, está a punto de desaparecer, obligando a su alrededor de 200 habitantes a salir por la planta de tratamiento de aguas negras que la Comisión Estatal de Agua (CEA) construirá en cerca de 73 hectáreas, advierte el informe que llevó la Asamblea Regional de Afectados Ambientales a la séptima edición de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) realizada en Salsipuedes, en la zona rural de Acapulco, Guerrero, la cual concluyó ayer.

“Finalmente el gobierno logró sacar casi a la totalidad de los pobladores de El Tempisque e iniciar la construcción de la planta de aguas negras y las loderas de la zona metropolitana de Guadalajara que se calculan en miles de toneladas por mes. No tuvimos mucho eco para que se organizaran y resistieran como lo hace el pueblo de Temacapulín, así que el desplazamiento forzoso de unos 200 habitantes de los tempisquez está concluyendo, empero se mantienen en resistencia dos familias”, señala el informe, cuya copia tiene en su poder La Jornada Jalisco.

El documento señala que los pobladores de Ex Hacienda del Lazo se encuentran en la misma situación toda vez que la CEA les ha dado un plazo para que abandonen sus viviendas, pues atrás de la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras –que reciclará ocho metros cúbicos por segundo– está la ampliación de la hidroeléctrica Agua Prieta, cuya casa de máquinas se localiza a un lado del pueblo.

“Una vez más el gobierno y los empresarios privilegian la ganancia, el lucro y la fuerza, sobre la pérdida de vida plena, la paz y la cosmovisión de los pueblos campesinos”, añade el informe.

La Asamblea Nacional de Afectados logró reunir a más de 80 organizaciones sociales y representantes de 14 estados de la república mexicana, así como organismos invitados de Francia y Ecuador.

Durante el primer día de actividades, el clamor general de los asistentes fue exigir a las autoridades detener el grave daño provocado al medio ambiente, así como lanzar un grito de alarma, pues en algunos casos la negligencia y omisión del gobierno y empresarios ha provocado enfermedades y muerte de personas.

El Salto

El caso del municipio de El Salto fue definido por consejeros de la ANAA como un guión de “película de terror”, explicó a este diario José Casillas, representante de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatán.

La agrupación Un Salto de Vida AC expuso que a pesar de que la comunidad tiene una historia de 100 años, sus habitantes se enfrentan a severos problemas de contaminación, pues a partir de que en 1964 se declaró la zona con vocación industrial, las empresas petroquímicas, farmacéuticas y metalúrgicas que se asentaron en los márgenes el río Santiago comenzaron a desechar sus residuos tóxicos en el cuerpo de agua, además de los millones de litros de lixiviados del vertedero de Los Laureles que desembocan en cada temporal de lluvias, y los 10 mil 500 litros de aguas fecales que por segundo son arrojados.

“Nubes de zancudos que no nos dejan dormir por las noches y olores que son tan fuertes que llegan a despertarnos por las madrugadas; decenas de fraccionamientos que se han instalado en el municipio ante la urbanización salvaje de la ZMG, miles de personas se instalan en viviendas precarias que sólo dejan como patrimonio enfermedad y muerte. El territorio está tan devastado que el modo de vida que tenían nuestros padres y abuelos ahora es impensable, a nuestros hijos sólo les queda este paraíso perdido”, señalan los miembros de la agrupación.

Consejeros de la ANAA informaron que está lista la demanda que presentarán en septiembre próximo ante el Tribunal Latinoamericano del Agua contra el gobierno federal por la destrucción del sistema hídrico nacional. La integración del expediente consta de 400 cuartillas con pruebas reunidas a lo largo de un año de más de 200 afectaciones al medio ambiente en diversas partes del territorio mexicano.

Colectivo Ecologista El Roble

Los miembros de este colectivo iniciaron su defensa con la flora y fauna del bosque de Juanacatlán. Expusieron que el problema se recrudeció a partir de la “fiebre del maguey” en 2003 cuando 500 hectáreas de arbolado fueron destruidas para dar paso a plantaciones masivas tequileras.

“También se instaló una planta procesadora de tequila y el año pasado llovió y echó a perder una presa para ganado, generando un ecocidio. El pasado mes terminaron dos semanas de incendio en el bosque de Juanacatlán, se quemaron entre 800 y mil 600 hectáreas de bosque y pastizales”.

Señalan que el bosque es poco conocido en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin embargo su importancia para ella es muy grande. Precisan que el ayuntamiento de Juanacatlán tiene en manos un proyecto de ecoturismo, que implicaría hacer más brechas que “traerían a más personas y basura, matando más fauna”.

Poncitlán

Río Santiago arriba, cientos de empresas vierten sus desechos a la cuenca: industria química, madereras, textileras, farmacéutica, agroempresas y granjas industriales.

“Ocotlán, Poncitlán y Zapotlán del Rey son municipios que sufren los estragos del capital industrial; se liberan desechos sin tratamiento adecuado, en muchos casos peligrosos, y pasan por los municipios de El Salto y Juanacatlán; entre Tonalá y Zapotlanejo; en los límites de Guadalajara, Zapopan e Ixtlahuacán del Río; por San Cristóbal de la Barranca, Amatitán, Tequila, Hostotipaquillo, hasta llegar al Océano Pacífico”, narraron pobladores de este municipio.

El informe es completado por las experiencias de los pueblos de la barranca del río Santiago: Huaxtla, San Lorenzo, Milpillas, La Soledad, Ixcatán, San José, San Isidro, Exhacienda del Lazo, San Esteban y Copala del municipio de Zapopan, cuyos habitantes acusan principalmente al ayuntamiento de permitir el asentamiento sin control de granjas porcícolas, industrias, y desarrollos inmobiliarios. Ellos informaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos aceptó en septiembre de 2010 una macroqueja de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, pero actúa con lentitud y desinterés, pues hasta el momento se desconoce que acudan visitadores a constatar las pruebas que presentaron.