Daños a casas, infraestructura urbana, vial, comercial y agrícola, en el primer balance

Alcaldes de 7 municipios afectados por Jova estiman perjuicios en al menos mil 300 mdp

Tras reunión y recorrido por La Huerta, Emilio instruye que se gestionen 100 mdp para lo urgente

JUAN CARLOS G. PARTIDA (Enviado)

En los municipios afectados por el paso de Jova se hace el recuento de los daños Foto: FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

Emiliano Zapata, municipio de La Huerta, Jal., 24 de octubre.- Alcaldes de los siete municipios más afectados por el huracán Jova cuantificaron en al menos mil 300 millones de pesos –en un balance aún preliminar– las afectaciones en viviendas, infraestructura urbana, carretera, comercial y agrícola, producidas por la tormenta categoría II que impactó la costa sur del estado el 12 de octubre pasado.

Tras reunirse con el gobernador Emilio González Márquez y parte de su gabinete en una visita de dos horas a los ejidos Emiliano Zapata y Francisco Villa, en el municipio de La Huerta, el mandatario estatal instruyó a la Secretaría de Finanzas para que de manera emergente gestione un crédito por 100 millones de pesos para paliar las necesidades más urgentes, entre ellas sobre todo el abastecimiento de agua potable en Autlán, Cuautitlán y Cihua-tlán, donde las redes distribuidoras sufrieron serios daños.

La reunión también derivó en la insistencia del gobernador para que el crédito por 950 millones de pesos destinado a resarcir la normalidad en la región, sea autorizado por el Congreso del Estado a donde llegó el jueves pasado y donde ha encontrado resistencia de parte de diputados del PRI y el PRD, quienes han señalado que el gobierno estatal no ha demostrado carencia de recursos para evitar un nuevo endeudamiento, ni explicado lo sucedido con la partida de erogaciones imprevistas de la que se debería echar mano para esta emergencia.

Además se acordó que los alcaldes de Cihuatlán, Cuautitlán, Autlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Villa Purificación y Tomatlán, cinco de ellos panistas, acompañen este martes al secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, en una visita a la sede legislativa para presionar a los diputados, pues según González Márquez y pese a que la Ley de Deuda Pública del Estado dice lo contrario cuando se trata de emergencias, sí es necesario que el préstamo sea autorizado por el Congreso porque así lo exige el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y las compañías aseguradoras.

Los 100 millones anunciados por el gobernador estarán listos para ser aplicados a partir del miércoles y se sumarían a los 950 millones de la solicitud de crédito. Adicionalmente se espera el cobro de seguros catastróficos por una cantidad que no se ha precisado, además de los recursos del Fondo Nacional contra Desastres Naturales que fluyen todavía a cuentagotas pese a la declaratoria de emergencia otorgada por la Secretaría de Gobernación.

El balance

A casi dos semanas del desastre, los alcaldes que acudieron a la reunión dijeron que la emergencia continúa, en especial en el tema del agua, los caminos intransitables a poblaciones y campos agrícolas, además del diesel que deben comprar para que las máquinas enviadas por el gobierno estatal trabajen en la limpieza de las zonas que se inundaron.

En ese sentido González Márquez dijo que los 100 millones de pesos que estarán en caja “en dos días”, servirán justo para estos temas y formalizó la integración de un “comité de reconstrucción y reactivación” en el que participará el gobierno estatal, los ediles de municipios afectados, diputados y empresarios hoteleros de Costa Alegre, quienes también asistieron a la reunión para sumarse al apoyo a los damnificados.

Jesús Delgado Camberos, alcalde de Cuautitlán, destacó que existen varias poblaciones incomunicadas y alertó sobre el daño sufrido en más de tres mil hectáreas de cultivo de maíz que los indígenas nahuas tienen para autoconsumo y que podría convertirse “en un problema considerable”. En su municipio, en la región serrana de Manantlán, existen al menos 300 viviendas dañadas, siete puentes colapsados y faltan al menos cuatro kilómetros de tubería para agua potable.

El edil de Autlán, Fernando Morán Guzmán, dijo que la provisión de agua en la cabecera y varias comunidades está dañada seriamente, pues los dos pozos abastecedores en El Grullo y El Limón quedaron inservibles y la planta tratadora de aguas residuales se colapsó. También urgió a que por fin se concluya la carretera Autlán-Villa Purificación, a la que faltan 30 kilómetros, y que hubiera impedido que el municipio quedara incomunicado tras el colapso de la carretera federal 80.

En Cihuatlán también su alcalde Roberto Gallardo Ruiz habló de la carencia de agua potable en la parte alta del municipio y dijo que ante la falta de recursos ha debido endeudar al ayuntamiento por 6 millones de pesos y hoy tiene fuerte presión de los proveedores. Calculó daños por 700 millones de pesos en su demarcación, muchos de ellos derivados de un libramiento carretero no terminado en la cabecera municipal y que sirvió de dique para almacenar el agua que inundó todo el centro del pueblo.

Carlos Román Ramírez Núñez, alcalde anfitrión, señaló que tan sólo en caminos rurales hay 260 kilómetros de terracería afectados, además de drenajes, vados, alcantarillados, muros, puentes, al menos 10 sistemas de agua potable averiados y no menos de mil 185 hectáreas agropecuarias afectadas.

Moisés Domínguez, alcalde de Villa Purificación, señaló que el principal daño se derivó de la incomunicación y el mal estado de la carretera que da acceso a Au-tlán, mientras el edil de Casimiro Castillo, Víctor Manuel Holguín Flores, urgió por la llegada de más despensas de parte del DIF Jalisco pues “no hay víveres por la falta de accesos”, calculando en 88 millones de pesos los daños.

Juventino Sahagún Virgen dijo que en Tomatlán hay cuantiosos daños a la agricultura en los ejidos de José María Morelos y Campo Acosta, mientras Llano Grande sigue incomunicado. Calculó unas 500 viviendas afectadas.

Los secretarios de Desarrollo Urbano, Desarrollo Rural, Desarrollo Humano, además de los directores del DIF Jalisco y la Unidad Estatal de Protección Civil, rindieron un balance de lo hecho hasta ahora. Todos los ediles agradecieron la respuesta del gobierno estatal, pero urgieron a que se les brinden más apoyos y coincidieron en la urgente necesidad de que el Congreso apruebe el crédito por 950 millones de pesos.