Es el colmo del cinismo, señala Jorge Alonso en conferencia

Denuncian intención de directivos de la Asamblea Comunal de quedarse con recursos para Mezcala

JORGE COVARRUBIAS

El Premio Jalisco que recibió el doctor en Antropología Jorge Alonso por su mérito humanístico consistente en 80 mil pesos, y que a su vez entregó al comunero de Mezcala, Vicente Paredes, es reclamado por la nueva mesa directiva de la Asamblea Comunal que impuso el empresario Guillermo Moreno Ibarra, denunció el propio académico en una charla que sostuvo con estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

“Estoy muy indignado porque es el colmo del cinismo que esta mesa espuria que denuncié en el acto del Premio Jalisco quiera quedarse con el dinero que yo entregué a los que ellos están agrediendo”, dijo.

Acompañaron al académico Rocío Moreno, la comunera indígena de Mezcala que fue detenida por agentes de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y César Pérez, del área de litigio estratégico del Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo (Cepad).

Con sencillez, la mujer explicó a los universitarios el conflicto que priva en su pueblo desde hace más de 10 años a partir de la intromisión del empresario, quien se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal de Mezcala en la punta del cerro El Comal donde construyó una mansión, accesos carreteros e instaló una cerca electrificada.

Moreno mencionó que todos los días se le ve edificando, subiendo y bajando en una Hummer blindada, acompañado de gente armada que le custodia y que no permite a los legítimos propietarios acercarse a esas tierras. Qué será lo que quiere, si ya tiene 64 años de edad el hombre, se pregunta la mujer.

Les contaron a los estudiantes que a partir de esta invasión decidieron demandar la restitución de tierras, juicio que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario, sin embargo aunque se tiene la confianza en ganarlo entienden que la justicia es lenta. En Santa María de Ostula se tardaron más de 46 años en darles razón a los comuneros y en otras partes del país donde se efectúan juicios similares han demorado más de 15 años.

“La comunidad sí tiene que esperar los tiempos jurídicos, pero él no. Él sigue construyendo, diario volteamos al cerro y él está ahí plantado”, se queja Rocío Moreno al recordar que el Tribunal le ha girado al empresario más de 10 notificaciones para que se abstenga de realizar obras.

Jorge Alonso agregó que lo más “aberrante” del caso, es que el empresario atentó contra la obra cultural que desarrollaron los niños, consistente en una serie de dibujos que formaron parte de una publicación titulada Se querían llevar la isla. Las cajas en que se encontraba ese material fueron destrozadas por la nueva mesa directiva.

El académico recordó que el gobernador del estado se comprometió a involucrarse en el tema. “Ojalá que cumpla”, agregó.