JORGE ROCHA

La injusticia en Mezcala

El martes 6 de septiembre fue detenida Rocío Moreno, comunera de Mezcala, indígena coca y estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara. Su aprehensión se dio luego de que recibió una llamada en su teléfono celular pidiéndole que asistiera al diario Milenio Jalisco para una supuesta entrevista. No fue así. La estaban esperando a la entrada de este medio de comunicación dos agentes de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia que la detuvieron, llevándola primero a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia ubicadas en la calle 14, donde pasó la noche en una celda y al día siguiente fue puesta a disposición del juez penal Óscar Martín Morales Vázquez en Ocotlán, Jalisco, que luego del pago de una fianza que rebasaba los cien mil pesos, la dejó en libertad.

Esta detención, plagada de irregularidades, tiene como telón de fondo la defensa que está haciendo de su territorio la comunidad coca de Mezcala, que tiene su asiento en la ribera del lago de Chapala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Este conflicto se remonta al año de 1999 cuando un empresario local se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal de dicha comunidad presuntamente a través de un prestanombres llamado Crescenciano Santana. Este acto motivo a las autoridades indígenas de Mezcala a demandar la inmediata restitución de las tierras ante el Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede en la capital tapatía. El magistrado Agustín Hernández González, a cargo de este expediente, que antes estuvo siete años en el Tribunal de Atotonil-co, Jalisco, no ha resuelto el juicio. La última información al respecto dice que se encuentra en la etapa de dictar sentencia.

De acuerdo a lo señalado por la comunidad coca de Mezcala y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), las confrontaciones de este empresario con la comunidad no son nuevas. Detallan que ya en otros momentos han existido hechos donde la comunidad indígena ha sido violentada por esta persona y agregan que los daños realizados por el empresario Guillermo Moreno Ibarra no se reducen a la invasión de tierras, también ha desviado el cauce de un río, removido tierra para la construcción de una mansión y ha creado brechas exclusivas para sus vehículos.

El motivo de la detención de Rocío Moreno y la acusación hacia diez comuneros más, tuvo como origen que la comunidad decidió desmantelar un panel solar que Moreno Ibarra había instalado en terrenos comunales, razón por la cual el empresario emprendió una acción legal en contra de estos miembros de la comunidad. De acuerdo a lo expresado por el Cepad, Rocío Moreno no estuvo presente en la asamblea comunal que decidió desmontar dicha estructura.

Este condenable hecho deja entrever varias tendencias que en Jalisco ya se están volviendo sistemáticas. La primera es la apropiación de recursos naturales estratégicos, que son arrebatados a sus pobladores a través de procesos de dudosa legalidad y donde los intereses privados se sobreponen a las necesidades de las comunidades.

Los otros casos que tienen cierta similitud con lo que está pasando en Mezcala es Tenacatita, en la costa del estado y el bosque El Nixticuil en el municipio de Zapopan. Parecería que aquellos que han cuidado y preservado sus recursos naturales a través del tiempo, están en permanente riesgo ante la voracidad de quienes quieren apropiarse de aquello que han mantenido en buen estado hasta hoy y que al ver oportunidades de negocio o disfrute personal de estos recursos, pretenden arrebatárselos con cualquier pretexto.

La segunda tendencia que se deja entrever en el caso de Mezcala, es el uso de la justicia de forma parcial, poco aseada y donde se busca defender los intereses de una parte y contrariar las necesidades de la otra parte. El manejo faccioso de las entidades de justicia sigue siendo un lastre en nuestro país y nuestro estado; y el caso del citado empresario con la comunidad de Mezcala es una muestra de ello. Primero hay una invasión, luego un juicio de dura años y no se resuelve, ante esta dilación se empiezan a dar otros hechos donde una parte sigue afectando a la otra sin que las autoridades hagan absolutamente nada, y cuando las personas contrariadas se movilizan, entonces la justicia sí es expedita y las víctimas terminan siendo presuntos delincuentes. Vaya justicia la que se imparte en Jalisco cuando los afectados terminan siendo los presuntos culpables.

La tercera tendencia que este caso deja entrever es la criminalización de la protesta social. Rocío Moreno ha sido una de las figuras más visibles en la comunidad de Mezcala por su compromiso con las luchas y las demandas del pueblo coca que vive allí. Ha sido, junto con otros comuneros, vocera de su comunidad y ha impulsado la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en el occidente del país. Su aprehensión, a pesar de no haber participado en los hechos que se le imputan, se parecen más a una persecución de su persona, que a la verdadera búsqueda de la justicia, y por lo menos con la información disponible, podemos afirmar que se trata de otro caso de criminalización de la protesta social en Jalisco. En este estado donde la clase política puede hacer muchas cosas que podrían merecer castigo, y sin embargo se mantienen en la impunidad; mientras que para un ciudadano defender su territorio pueden ser motivo de persecución legal.

Hasta el momento en el que se escribe este texto, no se sabía si Moreno tendría que enfrentar un proceso penal por la demanda en su contra o se consideraría que no había elementos suficientes para continuar con el juicio. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo este tipo de justicia?