Es evidente que actúan en concierto diversos funcionarios y autoridades, señalan

Detención de activista, montaje de PGJE para beneficiar a intereses particulares, denuncian

Grupos civiles activan una alerta ante instancias de derechos humanos para que se investigue

ANALY S. NUÑO

Por considerar que la detención de Rocío Moreno, representante de la comunidad de Mezcala de la Asunción, se “trata de un montaje y una represión directa en contra de una dirigente respetada por la comunidad de Mezcala”, organizaciones civiles de defensoría de derechos humanos activaron una alerta con la cual se pone en conocimiento a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México, a la Red Nacional de los Derechos para Todas y Todos y la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para que se aboquen a investigar este caso y sancionen a los responsables del hecho.

Lo anterior luego de que la tarde del pasado martes elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado citaron a Rocío Moreno –utilizando el nombre de un medio de comunicación local–, para supuestamente realizarle una entrevista y cuando ella arribó a las instalaciones del rotativo fue aprehendida, presuntamente obedeciendo a una orden de detención liberada por un juez de Ocotlán.

“Llamamos al presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, al procurador del estado Tomás Coronado Olmos y a su jefe, el gobernador Emilio González Márquez, a demostrar que no están actuando a favor de un invasor de territorio comunal que ha sido denunciado desde hace diez años y que, en cambio, están a favor de la legalidad y la aplicación de la justicia. Si es así, Rocío Moreno debe salir de inmediato libre de cargos, y se debe hacer justicia a la comunidad de Mezcala restituyéndole los terrenos que le han sido invadidos desde hace una década”, señala la alerta enviada a las organizaciones civiles nacionales e internacionales así como a los funcionarios señalados.

Cabe señalar que la detención se derivó de una denuncia penal por daños a las cosas promovida por Crescenciano Santana, quien denunció el desmontaje de un panel solar el pasado 10 de abril, el cual estaba en terrenos comunales, por lo que los comuneros decidieron retirarlo, la policía municipal de Poncitlán atestiguó los hechos y posteriormente se llevaron dicha estructura.

Golpe de Estado

Rocío Moreno salió libre bajo fianza la tarde del miércoles cerca de las 19 horas, y según la Asamblea de Comuneros de Mezcala y los colectivos y organizaciones que se movilizaron por este asunto, pasó detenida 25 horas “gracias a un caso inventado por una conjunción de autoridades de todos los niveles en su contra de otros comuneros que confirman que detrás de todo esto hay un concierto de intereses económicos y políticos que pretendieron dar un golpe de Estado a la comunidad de Mezcala en su lucha de más de diez años en contra del invasor Guillermo Moreno Ibarra y de los proyectos de desarrollo promovidos por gobiernos de todos los niveles”.

Así, denunciaron que el proceso judicial en contra de Rocío Moreno fue un caso burdamente montado pues se le acusó de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares que pueden atestiguarlo.

“Tan es un caso burdamente inventado que incluso el propio juez echó para atrás la pretensión del Ministerio Público estatal de acusar a Rocío Moreno de robo, cuando en realidad lo que ocurrió es que una decena de comuneros desmontaron un panel solar instalado por el invasor Guillermo Moreno Ibarra y sus personeros, en terrenos comunales que pertenecen a toda la población”, señalaron en un comunicado.

Aseguran que a este montaje se prestaron los jueces penales de Ocotlán, Jesús Alejandro Ortega Reynoso y Óscar Martín Morales Vázquez, que aceptaron por válido el argumento del Ministerio Público de que hubo “daños a las cosas” por más de 138 mil pesos, cuando el propio juez apuntó en el expediente que el monto no superaba los 20 mil pesos.

Además, vincularon la detención de Rocío Moreno con los hechos ocurridos ayer por la mañana en Mezcala, donde alguien saqueó la Casa Comunal y tiró a la basura documentos del expediente jurídico que se sigue en contra de la invasión de el predio El Pandillo; y donde una funcionaria de la Procuraduría Agraria pretendió legalizar una Asamblea de Comuneros convocada para el cambio de autoridades el día de ayer sin respetar los reglamentos.

“No se trató de una simple orden de aprehensión. Es evidente que actúan en concierto diversos funcionarios y autoridades: agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco que integraron una averiguación previa en la que se inventan cargos y hechos; un juez que aceptó fincar cargos a Rocío Moreno y otros comuneros sin existir siquiera mínimos elementos de prueba; policías investigadores que fingen ser reporteros de un diario para citar a Rocío Moreno y detenerla mediante engaños; representantes de la Procuraduría Agraria que participan como edecanes de una autoridad comunal impugnada; funcionarios del gobierno del estado que aprovechan una detención irregular para tratar de imponer proyectos económicos que han sido repelidos por la comunidad desde hace diez años. Y como chicle que pega todas las piezas aparece el empresario invasor Guillermo Moreno Ibarra en el papel de garante de todos los intereses económicos y políticos en juego”.

Por lo anterior, exigieron que se desestimen los cargos en contra de Rocío Moreno y otros diez comuneros, que se sancione a ministerios públicos y jueces que actúan como “personeros del invasor Guillermo Moreno”, y que las autoridades de todos los niveles dejen de actuar de manera parcial “a favor de un grupo de prestanombres del invasor” para dedicarse a aplicar la ley y la justicia sin corruptelas y sin favoritismos.