El organismo federal del agua no aceptará la recomendación de la CNDH sobre el río Santiago porque, afirma, el ombudsman federal la hace responsable ahora de lo que antes acusó a los ayuntamientos.
El río Santiago luce su mal estado a unos metros de las casas en El Salto. La CNA opina que la comisión nacional respondió a la presión política. Foto: Público
La Comisión Nacional del Agua (CNA) está terminando de elaborar su respuesta a la recomendación 12/2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relativa a la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha y el pésimo estado ambiental de la subcuenca El Ahogado, del río Santiago, que, a juicio del ombudsman, pone en riesgo la salud de cientos de miles de sus moradores. Fuentes de la dependencia federal adelantan a Público cuál será el sentido de la respuesta: “Contestaremos que no se acepta”.
Lo anterior, porque la CNA “está ya trabajando en lo que será la solución definitiva del problema, es decir, la construcción de la macroplanta de tratamiento de El Ahogado, que, en conjunto con una red completa de colectores y alcantarillado, permitirá solventar el problema entre 93 y 95 por ciento, sencillamente porque nosotros mismos hemos obligado a generar una calidad de descarga para un cuerpo receptor tipo C, que es agua para vida acuática y recreación, mientras anteriormente regía la norma de cuerpo receptor tipo A, mucho más tolerante con la contaminación”, comentan de forma extraoficial funcionarios consultados por este diario.
De estas acciones, añaden, la CNDH está enterada porque desde 2007, cuando recibió las primeras quejas en la materia, ya había recabado la información. Y en ese sentido se pronunció en el oficio V2/36755, del 30 de septiembre de 2008, firmado por la segunda visitadora general Susana Thalía Pedroza de la Llave, y entregado a diversos organismos sociales demandantes de una acción del defensor de derechos.
“Del estudio y análisis de los escritos de queja, a las constancias que integran el expediente, de las diligencias al efecto realizadas por personal de esta CNDH”, dice la funcionaria en el documento, se desprenden numerosas actividades realizadas para afrontar el problema y, principalmente, que “se está por llevar a cabo la construcción de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales de El Ahogado, que, como refiere la propia CNA y la Comisión Estatal del Agua [de Jalisco], resolverá de fondo el problema de la contaminación del citado cuerpo de agua […]”.
Como consecuencia, “se estima que el expediente que se tramita en este organismo nacional ha quedado sin materia de conformidad con lo establecido en el artículo 125, fracción VIII del reglamento interno de la CNDH”, siempre y cuando las acciones comprometidas se lleven a efecto en “un término razonable” de tiempo. Cuando esta resolución se emitió, a finales de 2008, ya habían pasado ocho meses del fallecimiento del menor en el fraccionamiento La Azucena, caso al cual no hizo la CNDH la menor alusión, según el texto, del cual este diario posee copia.
Además, la visitadora subrayaba: “No pasa desapercibido [sic] para este organismo nacional que, si bien es cierto que los municipios de El Salto y Juanacatlán han realizado diversas acciones encaminadas al saneamiento del río Santiago, no se advierte que den cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que estas instancias tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, tratamiento y disposición de residuos”, ante lo cual se notificó a la Contraloría del estado para que determinara si esos funcionarios incurrieron en alguna responsabilidad o irregularidad que amerite sanción.
Estas conclusiones contrastan con la recomendación emitida este mes, que señala en el ámbito del gobierno federal, específicamente de la CNA, la probable responsabilidad en el mal estado del río, como causa básica de la muerte del infante López Rocha, acaecida el 8 de febrero de 2008.
“Está claro que se habla de responsabilidades municipales, no sólo por el lado del saneamiento, sino las facultades que tienen para aprobar fraccionamientos y determinar los usos de suelo dentro del territorio municipal”. Es decir, el agua no se saneó por la falta de plantas que deben construir los municipios, y los moradores llegaron a La Azucena tras una autorización municipal para ése y los demás fraccionamientos enclavados en la zona de riesgo.
La argumentación de la CNA es que la CNDH está respondiendo a una presión política y no a la realidad del marco legal que rige en el tema. De hecho, se recuerda que, desde hace más de doce años, el Ejecutivo federal había aportado recursos para una solución integral del problema que habría evitado los daños a la salud, pero, “por razones políticas y partidistas”, los diputados de Jalisco se negaron a que el gobierno local se endeudara con un crédito blando del gobierno japonés, y se canceló la inversión.
Es por eso que la CNA le dirá “no” a la CNDH.
El gobernador se niega a todo
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, desmintió lo señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el sentido de que el niño Miguel Ángel López Rocha murió de intoxicación por arsénico, causada por caer en las contaminadas aguas del río Santiago: “No hay evidencias […] Las concentraciones que se han detectado de arsénico en el río Santiago no lo señalan como el causante de la muerte”.
Por ello, dijo el mandatario, el gobierno estatal que él encabeza no tiene por qué indemnizar a la familia del menor, pues cuentan con sus propios estudios, distintos a los de la CNDH, para justificarse: “Los estudios existen. Si la autoridad encargada, que es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, determinara que [el niño] murió por ingesta [de aguas] del río Santiago y que el responsable de esto es el gobierno del estado, habría que hacer frente a la responsabilidad […] Estoy diciendo que, si el gobierno del estado es responsable, tiene que pagar, así como paga por otros, por otras cosas, ¿no?”. (Guadalajara. Público)
Lo que la CNDH pide
La recomendación 12/2010, emitida el 2 de marzo de 2010 por el ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva, al director de la CNA, José Luis Luege Tamargo, señala la probable responsabilidad de la CNA en la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha. Por eso pide:
1) “Se proceda al resarcimiento a los familiares de V1 [Miguel Ángel] o quien tenga mejor derecho, como consecuencia de la responsabilidad institucional en que incurrieron los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua…”.
2) “Colabore ampliamente con la CNDH en el inicio y trámite de la queja que este organismo público promueva en contra del personal de la CNA, que ha omitido sanear las aguas del río Santiago…”.
3) “Coopere ampliamente en las investigaciones derivadas de la averiguación previa que, con motivo de los hechos, presente la CNDH ante la PGR, por tratarse de servidores públicos federales los involucrados, y remita las pruebas que le sean requeridas”.
4) “Instruya a tomar las medidas de urgencia necesarias, a efecto de advertir a los habitantes de Jalisco, prioritariamente a quienes viven en las zonas aledañas al río Santiago, sobre la contaminación que existe en sus aguas y el riesgo que se corre en caso de tener contacto con éstas, intensificando las labores de limpieza y restauración del medio ambiente…”.
5) “Se expidan como parte de las políticas públicas en materia de conservación al medio ambiente, principalmente las que tienen que ver con la protección de las aguas de su competencia en todo el país, los ordenamientos de protección ecológica efectiva, capacitándose al personal de la CNA sobre su contenido y alcances…”.
