La nueva tarifa del agua y la nueva cultura del agua

SALVADOR PENICHE CAMPS*

Uno de los problemas más serios del caótico modelo hidrosocial en México y en Jalisco es, sin duda, el esquema deficitario de tarifación en el servicio de abasto de agua. La tradición histórica de subsidiar el consumo (y usarla como palanca gratuita del desarrollo), ha traído como consecuencia desequilibrios económicos, sociales y ambientales que se evidencian por todos lados. La grave contaminación de la mayor parte de las cuencas, el abatimiento de los acuíferos, el desperdicio, la proliferación de obras inútiles y la desadministración, son apenas algunas de las consecuencias del sistema perverso de gestión del agua que, ya sea por incompetencia o corrupción, no atina a reconciliar los imperativos económicos con los imperativos ambientales y sociales. El esquema de “administración” del agua, heredado de los gobiernos paternalistas del pasado y modernizado por los gobiernos neoliberales actuales, se caracteriza por concebir al agua simplemente como un recurso (económico y/o político) y no como la columna vertebral de los sistemas de soporte de vida de la sociedad.

Los precios y las tarifas por el consumo del agua constituyen un poderoso instrumento de ordenamiento socioambiental y económico, pero mal utilizados pueden ser los causantes de crisis de propociones inimaginables. La historia hidráulica de México es una buena colección de tragedias, cuyo común denominador es la falta de sensibilidad para determinar la importancia que tiene la asignación sustentable de costos y beneficios diferenciadamente. Sólo así, es decir, habiendo vivido bajo el modelo depredador, se pueden explicar absurdos como el sistema hidráulico de la cuenca de México, en el DF, donde se han desecado virtualmente todos los lagos y fuentes locales, para traer agua potable y descargar desechos en cuencas externas, a través de montañas y cañadas. Si no, ¿cómo explicarse el esquema dual de consumo de agua, en el cual empresas trasnancionales como la Coca Cola obtienen ganacias multimillonarias por la venta del agua propiedad de la nación, mientras los ciudadanos pagamos los costos de la quiebra de los organismos operadores de agua?

En el caso de la Zona Metroplitana de Guadalajara, el sistema hidrosocial no es menos absurdo. El Valle de Atemajac es una zona en forma de embudo, privilegiada por la cantidad de agua que recibe por lluvia y por abundantes escurrimientos. El líquido llega a filtrarse al valle, a través de los terrenos de jal que le dieron su nombre al estado. Este ciclo hidráulico se cierra en los manantiales que afloraban en los ríos urbanos del pasado. Como sufrimos año con año, las lluvias aún inundan lo que antes eran caudalosos embalses en la ciudad. Suicidamente, como propuesta de desarrollo, las autoridades han promovido la desecación de las fuentes superficiales y ríos como Los Colomitos, la deforestación de los parques y cuencas urbanas, como en los Colomos y la Primavera y la destrucción de las zonas de recarga, como sucede con la construcción del estadio de futbol en las afueras de la ciudad o los rascacielos en Zapopan. Al destruir las fuentes locales de obtención de agua y con el pretexto de la crisis del lago de Chapala (la cual también ha sido inducida tras años de políticas de “aprovechamiento” de la cuenca Lerma-Chapala), se justifican obras multimillonarias para traer agua de zonas lejanas. El cuadro se complementa con la estrategia de desarrollo industrial que propicia la contaminación mortal del río Santiago, mismo que será la principal fuente de abastecimietno de la presa de Arcediano.

En este contexto, sin transformar de raíz el modelo, la iniciativa gubernamental sobre el ajuste de las tarifas del consumo de agua no puede considerarse más que como un paso en la dirección equivocada. La urgencia por la obteción de recursos difícilmente puede justificarse con las carencias estrucutrales del organismo operador, ya que éstas, bajo el esquema actual, no podrán ser cubiertas ni con todo el dinero del mundo. Más bien, surge la duda sobre la verdadera razón detrás de la nueva iniciativa sobre la retarifación del agua en la ciudad.

Y si no, ¿cuál es el fundamento técnico del incremento?, ¿por qué 15% y no 20% ó 50%?, ¿por qué no se destinan recursos al cuidado de las zonas de recarga de acuíferos?, ¿por qué no se revisan los precios de las concesiones de las empresas que lucran con el agua?, ¿por qué no se utiliza parte de sus ganacias para mejorar el modelo público que constitucionalmente es de todos los mexicanos?, ¿por qué no se aprovecha el agua de lluvia como opción?, ¿por qué no se facilita la participación de organismos independientes en los estudios de la calidad del agua del río Santiago?

La solución al problema del agua en la ZMG atraviesa necesariamente por la reforma del modelo hidráulico, por la transformación del organismo operador, de sus principios y modus operandi y sólo después por la tarifación. Es necesaria una nueva cultura del agua, como la que sugiere el premio Goldman Pedro Arrojo: una cultura de gestión colectiva que involucre a la población pero que provenga fundamentalmente del esquema de gestión gubernamental. Una reforma que garantice el acceso gratuito al agua a todas las personas como un derecho humano fundamental y que obligue a la utilización de recursos en actividades de conservación y desarrollo de acuíferos. La nueva cultura del agua se materializa en una tarifación diferenciada cuando el líquido sea utilizado para lucrar. De acuerdo con este esquema, tanto los costos de potabilización, distribución, tratamiento y descarga urbana, como los de recuperación de acuíferos y zonas de recarga (bosques, valles y cuencas) se deberían pagar por aquellos agentes económicos que obtienen beneficios económicos con la explotación comercial del agua. En términos prácticos, se trata, por ejemplo, de destinar algo de los 32 mil millones de dólares de ganacias que obtuvieron las empresas comercializadoras de agua en 2007, en contribuir en la preservación y desarrollo del ciclo hidrosocial, cumpliendo con su responsabilidad con sus clientes, con el medio ambiente y para sostener su propio negocio (el costo de 20 litros de agua Ciel a precios de gobierno es aproximadamente de 0.10 centavos, mientras que el precio de venta es de 20 pesos, lo cual representa una ganacia de 20,000%).

*Laboratorio de Agua, Economía y Medio Ambiente. CUCEA-UdeG