Con 97 denuncias, la entidad se coloca muy por encima del DF, Chihuahua y Oaxaca

CNDH: Jalisco, el estado con más quejas por violaciones a los derechos de activistas

En el país se han registrado 523 expedientes por presuntos agravios contra defensores civiles

ANALY S. NUÑO

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el estado de Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional con más quejas registradas por presuntas violaciones a los derechos humanos de luchadores sociales con 97 inconformidades, lo que coloca a la entidad incluso por encima de Chihuahua, estado en el que se han registrado fuertes agravios e incluso homicidios contra activistas.

Lo anterior conforme al documento El Derecho a defender. Informe especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, en el cual se indica que en el país se han registrado 523 expedientes de presuntos agravios contra defensores civiles y 363 quejas relacionadas con defensores de derechos humanos ante las comisiones estatales.

En este tenor, advierte que los estados con más quejas por debajo de Jalisco, son Distrito Federal con 46, Chiapas con 44, Oaxaca con 36 y Chihua-hua con 28, mientras que el resto de los organismos locales reportaron cifras por debajo de los 20 expedientes de queja, y sólo nueve organismos indicaron que no tienen registro de quejas relacionadas con presuntas violaciones contra defensores (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Veracruz y Zacatecas).

Además en la evaluación del periodo comprendido del 2005 a la fecha, ya que a partir de ese año se registró un incremento en las denuncias recibidas en distintas instancias respecto a ese grupo de personas, se advierte que se han solicitado 156 medidas cautelares para evitar la consumación de violaciones de los derechos de los defensores y se han emitido 33 recomendaciones.

En este sentido, a pesar de que Jalisco es la entidad señalada como más preocupante ante el número de quejas recibidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tan sólo ha emitido dos recomendaciones por este tema, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de la situación del proceso que guardan las 95 quejas restantes.

Asimismo la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tan sólo abrió nueve averiguaciones previas por estos hechos, no obstante, todas fueron archivadas bajo el argumento de no haber encontrado delito y no encontrar coadyuvancia.

El informe en el que también colaboran distintas instancias protectoras de los derechos humanos en México, detalla que de los 523 expedientes registrados, en 27 casos se ha denunciado privación de la vida en perjuicio de defensores.

En las conclusiones del documento conformado por casi un centenar de páginas, se destaca que a pesar del subregistro de datos respecto de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de defensores, del año 2005 a la fecha existe un elevado número de denuncias y quejas presentadas, respectivamente, ante las instancias de procuración de justicia y las comisiones de derechos humanos, en razón de crímenes y agresiones cometidos contra quienes conforman este grupo en especial situación de vulnerabilidad, siendo los actos de intimidación, amenazas, hostigamientos, así como las detenciones arbitrarias y la negativa de acceso a la justicia, los principales obstáculos a que se enfrentan.

De acuerdo al informe los ataques a defensores atentan contra sus derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad personales, al acceso a la justicia, libertad de expresión, asociación, honra y privacidad, así como libertad de tránsito y propiedad.

Ante la creciente violencia en perjuicio de los luchadores sociales la CNDH solicitó al gobierno federal el diseño e implementación de un Mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, que se perciba como un mecanismo integral de protección, prevención e investigación y que considere los riesgos de la actividad social y establezca acciones concretas de prevención, investigación y sanción de delitos cometidos en su contra.