Nuevos derechos humanos
Este 2008 se cumplieron 60 años del nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y los resultados son todavía insuficientes. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aceptó en estos días que buena parte de la humanidad ni siquiera conoce el contenido de la Declaración. Por supuesto que la plena vigencia de estos derechos todavía es una utopía para la mayoría de los habitantes del planeta y una aspiración para muchas mexicanas y mexicanos.
En nuestro país estamos en medio de un debate que versa entre el acotamiento y la ampliación de los derechos humanos. Por un lado, la clase política pugna por el acotamiento de los derechos de los ciudadanos y la ampliación de sus propios derechos y facultades. A lo largo de estos años hemos sido testigos de diferentes propuestas e iniciativas de ley de partidos políticos, de gobernadores e incluso de presidentes, entre las que podemos encontrar el deseo de que se endurezcan las penas (más años de cárcel), que se baje la edad penal, de que se pudieran hacer cateos sin orden judicial, de la posibilidad de crear policías secretas y ahora de que se vuelva a poner en la Constitución la pena de muerte, que apenas el sexenio pasado se derogó. El gran argumento que justifica tales pretensiones es aumentar la seguridad pública y el orden. Todas estas propuestas pretenden ampliar las facultades de la clase política y de las instituciones del gobierno, y acota los derechos humanos de los ciudadanos. Esta forma de proceder pone a los derechos en contraposición, ya que se piensa que para garantizar un derecho hay que acotar otro. Falso dilema, sin duda.
La mirada opuesta plantea la ampliación de los derechos humanos de los ciudadanos y la imposición de mayores obligaciones a los gobiernos. Por lo menos podemos encontrar cinco propuestas que han estado planteando estudiosos y activistas que trabajan en temas como la política social, las alternativas a la pobreza y de la transparencia y el derecho a la información.
La primera de estas iniciativas es el derecho a un ingreso mínimo universal, es decir, que cualquier mexicana o mexicano, por el simple hecho de serlo, tendría el derecho durante toda su vida de tener un ingreso mensual asegurado, con el cual pudiera cubrir sus necesidades mínimas. Este derecho no supondría ninguna obligación como las que imponen programas de gobierno como Oportunidades.
Otro de los planteamientos es la “deslaborización” de los derechos. En nuestro país para acceder a los derechos derivados de la seguridad social (salud, pensiones, entre otros) es necesario contar con un trabajo formal. La propuesta es precisamente desligar estos derechos de la condición de tener un empleo con estas condiciones, es decir, que todas y todos podamos acceder a la salud (por ejemplo), aunque no tengamos trabajo formal; y no sólo eso, sino que los servicios de salud o de pensiones no estén diferenciados como ahora, sino que todas y todos podamos tener acceso a atención médica de calidad (igual para todos) o sistemas de pensiones iguales para todas y todos (en México tenemos una multiplicidad de sistemas de seguridad social que acentúan la desigualdad).
Una tercera propuesta plantea incorporar nuevos derechos como el acceso al tiempo libre o a la cultura. Estos derechos nos llevarían al florecimiento y desarrollo de las personas, como lo propone Julio Bolvinik. Se trata de señalar que los seres humanos tenemos muchas dimensiones y necesidades que deben ser cubiertas y que son las que precisamente nos han llevado a ser lo que somos. Se trata de comer, trabajar y tener salud, pero además de recrearnos, de pensar, de convivir, de disfrutar.
La cuarta propuesta que otros grupos sociales hacen desde hace tiempo es la rendición de cuentas de los funcionarios y los gobernantes. No se trata sólo de transparentar las acciones y los gastos, se trata de justificar debidamente la pertinencia y la oportunidad de las acciones de gobierno, implicaría incluso poder pedir cuentas a la clase política por la omisión en acciones que fueran fundamentales. Es un derecho que va más allá de castigar actos indebidos de la clase política (que ya sería una ganancia en México y Jalisco), se trata de exigir que sus acciones sean eficaces y eficientes. Seguido de este derecho se expone la necesidad de revocar el mandato, es decir, que tengamos la posibilidad de un gobernador, un diputado, un senador, un presidente, al no dar los resultados deseados o que simplemente tenga una administración desastrosa, pueda ser depuesto de su cargo antes del término de su gestión. Eso nos ahorraría seguirle pagando a personas que sólo nos están perjudicando y nos daría la posibilidad de virar el rumbo en el momento adecuado.
Si todas estas propuestas de nuevos derechos se llevaran a cabo, la ciudadanía en general tendría más derechos humanos y la clase política se vería acotada, ya que tendría que manejar los presupuestos adecuadamente, tendría que justificar la pertinencia de sus acciones y deberían de cumplir plenamente con la ley y las expectativas ciudadanas, ya que de no hacerlo podrían ser removidos por incompetentes o corruptos.
En el marco del 60 aniversario de la DUDH, en lugar de debatir la posibilidad de volver a instaurar la pena de muerte, deberíamos estar pensando en el ingreso mínimo universal, en la deslaborización de los derechos, en el derecho al tiempo libre, en la rendición de cuentas o en la revocación de mandato.
jerqmex@hotmail.com
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