Irresponsable, que los ciudadanos no actúen, aseguran
Se agudiza la criminalización de la protesta social, advierten ONG
Las organizaciones civiles y no gubernamentales que asistieron el día de ayer al foro “Participar no es delito” coincidieron en que el panorama de criminalización de la protesta ciudadana se recrudece preocupantemente en el país y en el estado.
Durante el foro se intentó demostrar cuál es la estrategia utilizada en Jalisco para reprimir y se recordaron casos concretos, como los de Raúl Muñoz, de El Salto, y Ludger Kellner, de Jardines del Sol, quienes padecieron la persecución de las autoridades tras hacer denuncias ciudadanas (al primero le sembraron mariguana, el segundo fue acosado por el Instituto Nacional de Migración).
Durante una de las mesas de participación, Jorge Regalado, académico de la Universidad de Guadalajara, habló sobre la necesidad de que los movimientos organizados desde la propia sociedad civil dejen de entrar en el ritmo y la lógica que impone la clases política para poder articularse.
Por su parte, Carlos Páez, representante de la recién integrada Plataforma 39, que aglutina a seis organizaciones (Congreso Ciudadano, Parlamento de Colonias, Un Salto de Vida, Imdec, Cepad y Ciudad para todos), indicó que se requiere de la participación ciudadana para que la democracia tenga un verdadero valor, pues “es irresponsable no hacer nada”.
Sin embargo, señaló que ante el panorama de represión de la protesta ciudadana que se percibe, es necesario que los medios “entiendan que la represión no es normal” y cuiden a los ciudadanos.
A nombre de la Plataforma exigió que la Secretaría General de Gobierno les conceda una audiencia para comenzar a planear una agenda ciudadana.
De la misma forma, dijo que, en el contexto de la represión a la participación ciudadana, serán las autoridades las responsables de lo que le pueda ocurrir a cualquiera de los luchadores sociales del estado.
Cuestionado sobre la intención de reunirse con el secretario de Gobierno, Páez señaló que reconocen a la autoridad como tal porque no son ni políticos ni revolucionarios, por lo que su intención es tender puentes.
Asimismo, Gerardo Moya, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, indicó que la autoridad tiene obligación de escuchar a los ciudadanos, aunque reconoció que la represión de la protesta social es una “política de Estado” en México.
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