El Comité Salvabosque de El Nixticuil cuestiona el proyecto de área natural protegida
Intereses inmobiliarios “impiden la protección”
2008-12-19•Ciudad y Región
Vecinos integrantes del Comité Salvabosque de El Nixticuil criticaron el proceso de la consulta pública promovido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para el área de protección de recursos naturales de las barrancas de los ríos Santiago y Verde, por considerar que fueron excluidos importantes polígonos del bosque que defienden, a favor de los intereses inmobiliarios de la ciudad.
En una carta enviada al director regional de la Conanp, Alberto Elton Benhumea, señalaron las causas de su inasistencia al foro realizado el pasado 17 de diciembre, entre las que destaca también la falta de respeto a las propuestas de las organizaciones ciudadanas.
“Los estudios justificativos, el polígono de protección, ni ningún otro dato técnico sobre el bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente, están incluidos en esta Propuesta de Área Natural Protegida, por lo que puede afirmarse que tal propuesta está incompleta y por tanto presenta serias inconsistencias […]”.
Preocupa el caso de 278 hectáreas que fueron excluidas, y son esenciales para la recarga de más de un millón de metros cúbicos de agua. Esa superficie en cuestión “son propiedad de distintos corporativos y empresarios que promueven distintos proyectos inmobiliarios que implican la destrucción de las mismas, por lo que ésta se mantiene como la única evidencia clara que explica el porqué estas zonas no fueron protegidas”.
La organización ciudadana menciona los siguientes proyectos inmobiliarios: el fraccionamiento La Cima, de Abelardo Garciarce Ramírez, dueño del grupo refresquero y de agua embotellada Consorcio AGA; el fraccionamiento San Lorenzo, propiedad de Luis Miguel Moreno Gómez, “que flanquea la misma cañada por el lado contrario a La Cima, desde Colinas del Rey”; el fraccionamiento Bosque Encantado, de Marco Antonio González Mora, sobre dos hectáreas.
El fraccionamiento Mirasierra, del fideicomiso BBVA Bancomer, “que pretende extraer más de un millón de litros cúbicos anuales y la construcción de un fraccionamiento de seis mil viviendas que cercaría al bosque y destruiría parte de él”, añaden. El fraccionamiento que impulsa el ejido Zapopan “sobre el área conocida como La Roblera, que ha provocado incendios, el derribo de docenas de árboles y el seccionamiento del bosque”.
Finalmente, el Parque de Investigación Científica y Tecnológica del Corporativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, “que pretende la destrucción de más de 17 mil árboles en una extensión de 51 hectáreas”, así como 32 hectáreas en el núcleo de El Nixticuil, “en el que existen intereses inmobiliarios por parte de los dueños del fraccionamiento ‘ecológico’ [sic] Los Guayabos”.
El respeto a esos fraccionamientos demuestra que el daño al patrimonio natural es nada al lado del peso de los intereses económicos, concluyen.
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