RESPUESTA ESTERIL

No puede asegurarse que la integridad de ecosistemas de la zona esté en peligro: Semarnat

Respuesta estéril a petición de ONG de resolver contaminación del río Santiago

La CEA les negó la solicitud de que cada municipio trate las aguas residuales domésticas
MAURICIO FERRER



Miembros de la asociación Un Salto de Vida se manifestaron ayer frente a Casa Jalisco ante la falta de respuesta del gobierno a su exigencia de resolver la contaminacion del Rio Santiago

“Respuesta estéril” fue lo que recibieron por parte del gobierno del estado diferentes organizaciones no gubernamentales de El Salto y Juanacatlán ante la petición de resolver la problemática de contaminación del río Santiago en su trayectoria por estos municipios.

Ayer por la mañana, afuera de Casa Jalisco, la asociación ambientalista Un Salto de Vida dio a conocer las soluciones planteadas por diversas instancias gubernamentales –tanto federales como estatales– al pliego petitorio que presentaron el pasado 14 de abril en el Palacio de Gobierno. El 7 de mayo pasado las autoridades dieron contestación al documento de los activistas.

“No parecen entender lo que se pidió”, resumió así el veredicto oficial, Graciela González, integrante de la organización civil.

Del primer punto que se solicitó, declarar de forma inmediata como zona de emergencia a El Salto y Juanacatlán, y una acción extraordinaria de atención en materia de salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolvió: “con los estudios que se tienen actualmente no se puede asegurar que uno o varios ecosistemas puedan o estén en peligro su integridad”.

A nivel local, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) dijo: “es procedente la implementación de un distrito de control de contaminación del agua por la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuya constitución se encuentra en proceso; además se está trabajando en el proyecto de decreto de fragilidad ambiental de la Cuenca del Ahogado y del río Santiago”.

Pero de la cuestión de salubridad “nadie mencionó la urgente atención a nuestra salud. La ambiental está entrampada en un proceso burocrático”, lamentó González.

De la petición de que cada municipio cumpliera con el tratamiento de sus aguas residuales domésticas, los habitantes de El Salto y Juanacatlán obtuvieron una negativa por parte de la CEA: “no es factible que cada municipio que integra la zona conurbada cumpla con el tratamiento de las aguas residuales domésticas.
No es lo mismo sanear las aguas residuales de la Zona Metropolitana de Guadalajara con la construcción de N plantas, que con sólo dos. Los costos representan la operación y mantenimiento (aumentan) al incrementarse el número de plantas”.

De la tercera solicitud hecha en abril pasado, que se refiere a que las aguas utilizadas por las empresas en sus procesos productivos, sean tratadas por las mismas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) argumentó que eso no era competencia de la dependencia, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que el área de administración del agua de dicha institución realiza visitas de inspección para ello.

“Se lavan las manos y parecen decir que esto ya sucede y es vigilado”, dijo González.

La misma Conagua afirma en el punto número 4 que transparenta el inventario completo de los volúmenes de agua extraída, así como de las descargas y caracterización de la misma, utilizada por las industrias instaladas desde El Alto Santiago hasta la Cuenca del Ahogado.

Sobre esto, la organización civil refuta que sólo se informa del agua que se saca pero no así de la que se tira.

El mes pasado, en el oficio recibido por la Subsecretaría del Interior, la ONG propuso que todos los habitantes de la zona recibiesen información comprensible y suficiente sobre los riesgos para la salud que implica la contaminación en ese lugar de Jalisco
La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en su respuesta dice que ésta ha sido proporcionada a través de las “Caravanas de la Salud”. Conagua, en tanto, dice que no tiene “capacidad operativa ni presupuestal para desarrollar una campaña educativa”.

Ante estos argumentos, Graciela González reiteró: “no parecen entender lo que se pide”, y comentó que la información de la SSJ sólo va en el sentido de la prevención del dengue en el sitio.
De igual forma, lamentó que la petición para contar con un hospital de tercer nivel que atendiera a las personas que no cuentan con seguridad social, haya sido desechada.
La justificación de la SSJ fue que un 57 por ciento de los habitantes de El Salto y otro 67 por ciento de los de Juanacatlán, son derechohabientes del IMSS y del ISSSTE.

En el mismo pliego, los afectados exigieron la cancelación del permiso de ampliación a 25 años de vida útil del vertedero Los Laureles, por parte de Semades a la empresa Caabsa Eagle.
La dependencia respondió: “de acuerdo a estudios de expertos se recomienda no establecer nuevos sitios de disposición final dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo que Laureles está contemplado formar parte de un sitio regional bajo los lineamientos y esquemas del programa Jalisco para la gestión integral de residuos”. Es decir, nada pasa.

Lo mismo sucede con los últimos puntos del documento. No hay respuesta para la suspensión de permisos de construcción ni para un diálogo público ante las autoridades.

Con más de 30 años de contaminación en El Salto y Juanacatlán, el suceso que fungió como válvula de escape fue la lamentable muerte del pequeño de 8 años, Miguel Angel López Rocha, el 14 de febrero pasado.

Su deceso se debió a una intoxicación por arsénico luego que el menor cayó a las aguas negras del río Santiago.

La medida de las autoridades en este asunto ha sido de entubar 3 kilómetros del río, desde la localidad de La Azucena hasta la cascada, el punto que une a El Salto y Juanacatlán.
“Nos van a mandar toda la contaminación concentrada”, concluyó González