Se suman ONG a macrorrecomendación de Derechos Humanos
Decenas de organismos internacionales y locales, defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como investigadores, se sumaron a la macrorrecomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en torno a la contaminación del río Santiago, que afecta a los municipios de El Salto y Juanacatlán.
Desde las 17 horas, los comunicados de prensa comenzaron a llegar vía correo electrónico. El primero correspondió al organismo FIAN, con sede en Alemania. “FIAN Internacional ha tenido noticia desde 2007 de la gravísima situación en la que viven los habitantes de los municipios de Juanacatlán y El Salto, a causa de la severa contaminación del río Santiago. En particular, es motivo de preocupación para FIAN que la contaminación del río ha destruido parcial o totalmente las fuentes de alimentos (cultivos, árboles frutales, pesca, ganado) y de ingresos (turismo, actividad agropecuaria) de los ejidatarios y pequeños propietarios que habitan en la región”, declara el organismo.
De su parte, el Tribunal Latinoamericano del Agua, con sede en Costa Rica, recordó que en la audiencia celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara del 8 al 12 de octubre del 2007, el jurado de este tribunal ético y científico-técnico responsabilizó a las autoridades de los tres niveles de gobierno por el alarmante deterioro del río Santiago y la cuenca a la cual pertenece.
Desde Cochabamba, Bolivia, la Red Vida (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua), que aglutina a siete organizaciones latinoamericanas y de Estados Unidos, manifestó que “hasta ahora hemos visto con angustia e indignación lo que está sucediendo con el río Santiago y cómo el ácido sulfhídrico y metales pesados que brotan de las fábricas y contaminan el aire y las aguas, están afectando los cuerpos, las mentes y los corazones de la gente sencilla y trabajadora de esos territorios”.
El Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua (Coloca), que alberga a unos 40 organismos locales, se sumó a la causa y expresó que “rechaza los espacios simulados de participación social, que ha sido una constante utilizada por las autoridades en diversos casos de problemáticas hídricas de la región y exige un verdadero diálogo, continuo e informado, entre gobierno y ciudadanía, desde el cual se produzcan acciones concretas para garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente para todas las personas”.
Y finalmente, investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) que forman parte del grupo de trabajo interdisciplinario para El Alto Santiago-ITESO, señalaron que es posible cumplir los 172 puntos de la macrorrecomendación girada por el organismo defensor de los derechos humanos.
Susana Herrera Lima, Oscar Castro Mercado, Andrea Fellner Grassmann, Mario López Ramírez, Felipe Alatorre Rodríguez, Magdalena Sofía de la Peña Padilla, Laura Velázquez López, Heliodoro Ochoa García y Juan Carlos Páez Vieyra, quienes forman parte de esta red, dijeron que “si se abordan con responsabilidad política y por medio de políticas públicas integradas (puede solucionarse). La falta de recursos públicos no puede excusar el deber de los gobiernos de atender de manera organizada una situación de tal relevancia y riesgo”, subrayaron.
Al igual que las otras organizaciones, los académicos proponen la generación de espacios efectivos de consulta, colaboración e intervención social, porque se trata de instaurar una “gobernanza” del medio ambiente que no puede ser ignorado y que es la clave para la resolución de conflictos sociales y para el ejercicio de un buen gobierno.
Ayer fue el último día para que las autoridades y organismos civiles y no gubernamentales suscribieran o rechazaran la recomendación emitida.
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