Miguel Angel en el Supremo

La llegada del caso de Miguel Angel López Rocha, el niño de 8 años que hace un año murió intoxicado por arsénico luego de caer al río Santiago, pone a prueba el sistema de justicia jalisciense. La demanda por reparación de daño moral y material por 20 millones de pesos podrá parecer una atrocidad para muchos, ya hablamos aquí de la estúpida pregunta de cuánto vale la vida de un hijo, pero es una necesidad de justicia tan imperante como la de castigar a los múltiples responsables del altísimo grado de contaminación en ese cauce.

Está cantado que el Supremo mandará la denuncia presentada hacia los tribunales administrativos y/o civiles, para que se consuma en el fuego eterno de la burocracia judicial. Pero algún día tendrá que haber resolución y si los magistrados se desprenden tan rápido del caso y lo remiten a circuitos inferiores para que allí sea resuelto, igual cabría esperar similar agilidad para que los jueces de ambas instancias que es a donde será remitido luego del pleno del viernes próximo, también resuelvan con la celeridad inherente a un caso que tiene por sí mismo un simbolismo muy importante acerca del descuido de las autoridades en su labor de vigilar un medio ambiente sano para quienes les pagan sus jugosos estipendios.

El magistrado presidente Celso Rodríguez me dijo ayer que la presentación de la denuncia ante el STJE tiene más efectos mediáticos que prácticos, y fuera de grabadora consideró que se trataba también de obtener dividendos electorales para quienes a través de Conciencia Cívica han tomado la defensoría de la familia Rocha, léase Salvador Cosío, candidato a diputado federal por la coalición Convergencia-PT. Rápido se desarmó el tinglado de que cobrarían algún centavo por llevar la legalidad del tema, pero la presencia también muy oportuna ahora de la familia paterna del menor fallecido, con quienes no vivía, metió bastante ruido a un tema que cada día está más politizado.