Macronegociación frustrada

Después de emitir la macrorrecomendación 01/2009 y recibir rechazo y negativa por parte de diversas autoridades a las que se les envió para aceptarla y cumplirla en los plazos prescritos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), a través de su titular, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, y del vicepresidente de facto –y que se desempeña como tercer visitador general–, Alfonso Hernández Barrón, se han dado a la tarea de justificar la errática elaboración de dicho documento acusando a las autoridades de “desconocer el sistema jurídico” y señalar indebidamente a todas las ONG de ser también “responsables” en el asunto, por no tener “mecanismos modernos” de protesta.

Fuera de todo principio ético y sin importar conflicto de intereses en un cargo que exige imparcialidad plena, Hernández Barrón se dio a la tarea, en las últimas semanas, de cabildear y hablar con dirigentes de diversas organizaciones civiles para que “apoyen la mejor recomendación que ha emitido la CEDHJ”.

El hecho se vio reflejado de inmediato con las cartas que diversas organizaciones civiles enviaron al gobernador, y el acuerdo al vapor del Consejo Ciudadano de la CEDHJ (donde se encuentra el hermano del visitador y algunos activistas que la impulsaron “desde adentro”), pronunciándose y buscando ante todo el lucimiento del gobernador: “es una excelente oportunidad para que los órganos del estado diseñen nuevos paradigmas en materia ambiental y social”, dijeron los consejeros.

Lo anterior, como si se tratara además de apoyar al tercer visitador hacia un posible relevo en la presidencia de la CEDHJ o de alguien que tiene otro tipo de valores, cuando no es así; pero el hecho toma especial relevancia porque no salieron en defensa de la macrorrecomendación los colegios de abogados que comanda Alvarez Cibrián (ONG les llama éste); a esos organismos gremiales que tan acuciosos y activos están en la defensa del poder, pero que nunca aparecen en casos como éste. Todo para ver quién tiene “más canicas”.

No obstante, ha sido más bien la dudosa calidad legal y las notables contradicciones de lamacrorrecomendación, así como las formas de negociar ésa y otras recomendaciones por parte de ambos funcionarios, las que han propiciado la impunidad.

Inventores del derecho ambiental

Si la CEDHJ no acredita violaciones concretas a derechos humanos de ningún quejoso, como es su obligación legal hacerlo, en personas de carne y hueso, y por lo tanto no exige castigo a responsables y no define quiénes son las autoridades, en personas de carne y hueso, ¿qué tipo de trabajo hace la CEDHJ?, ¿a quién le sirve su trabajo? Así se pronuncien cientos de organizaciones civiles por su cumplimiento no se corrige el entuerto. Fue “incompleta y decepcionante”, dijo al respecto la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

Antier, el SIAPA dijo que de plano la rechazaba, y es previsible que la Secretaría de Salud en los hechos la rechace. La semana pasada, el gobernador Emilio González Márquez dijo que “sin dimes y diretes” aceptaba todos los puntos, pues “la Comisión vio que podemos mejorar en algunas áreas”, excepto el relativo “a la indemnización”. Además, la mayoría de los ayuntamientos dijo que no la aceptaban porque “no era su responsabilidad”, dijo el propio Hernández Barrón.

Era de esperarse esa respuesta así ante un documento mal hecho. “Es un principio de derecho que los hechos evidentes no requieren mayor prueba”, se dijo indebidamente y de un plumazo en lamacrorrecomendación y por lo mismo no se probaron los hechos (Pag. 236)

Pero las irregularidades ya venían desde tiempo atrás. Llama la atención que el jurista Arturo Jiménez, director de quejas de la CEDHJ, afirme que establecieron “un nuevo concepto” para atender las quejas de la contaminación en El Salto: “eran los malos olores y las afectaciones a la salud y el ambiente, por lo que se determinó establecer un nuevo concepto, denominado violación a los derechos ambientales”, dijo hace una semana. Como se observa, el funcionario no ha leído la Constitución del país, ya no digamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Mucho menos saben cómo inscribir ese derecho en el marco de los derechos humanos de la tercera generación. En ese sentido, la CEDHJ perdió una invaluable oportunidad y que dejó ir la posibilidad de haber acreditado por primera vez casos de violaciones de la tercera generación, al haber judicializado un caso de esta naturaleza.

Peor aún, el tercer visitador, como buen juez de la sociedad civil, dice que ahí hubo exhortos “a las expresiones de la sociedad civil organizada para que generen mecanismos modernos y dejen esas actitudes de los 60 que recuerdan a los padres o a las abuelas”.

Como se observa, no se pueden pedir peras al olmo. Por desgracia, todos perdemos y gana el gobierno. Pierde la CEDHJ en calidad moral y profesional. Pierde el Consejo Ciudadano por expedir pronunciamientos de acuerdo con el interés de algunos consejeros (¿cuándo se pronunciarán sobre ellimosnazo?, ¿sobre Tomás Coronado?, ¿sobre el asesinato del joven en Ocotlán?) Pierde la sociedad y las ONG por “!tener actitudes de los años 60”! Pierde la familia del niño Miguel Angel López Rocha por no encontrar asidero en esa macrorrecomendación para lograr justicia, independientemente de que haya indemnización o no. Pierden los quejosos al no ser tomados en cuenta. Simplemente perdemos todos.

Muy mal ha estado actuando la CEDHJ desde la llegada de Felipe Alvarez Cibrián y su equipo de trabajo. A ver con qué “logros históricos” nos salen ahora en el próximo informe de labores. Hace un año, Alvarez Cibrián anunció hasta como un logro histórico “el haber emitido más boletines de prensa”. ¿No es tiempo de ir pensando en un cambio en la CEDHJ?