El tema de las indemnizaciones a los efectados fue desechado por el Ejecutivo estatal
Aceptación parcial del gobierno a recomendación sobre la contaminación en el río Santiago
Critica el ombudsman la postura ambigua de algunas dependencias y ayuntamientos
Del total de los puntos emitidos en la recomendación que le dirigió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por la contaminación del río Santiago, el gobierno del estado sólo aceptó el 69 por ciento, excluyendo de entre las observaciones el pago de indemnización a las víctimas que han sufrido por la polución del afluente.
En tanto hasta el día de ayer, los ayuntamientos de Guadalajara, Juanacatlán, Tlajomulco, El Salto, Ocotlán, Atotonilco y Arandas no habían respondido a la recomendación, por lo que el organismo defensor decidió por la importancia que reviste el tema, ampliar el plazo de respuesta hasta el 9 de marzo con el propósito de que las autoridades reconsideren su postura y acepten el total de los puntos dirigidos en lo que es la primera recomendación del 2009.
“Si no responden, o lo hacen con ambigüedades, se considerará como una negativa”, sentenció el presidente del organismo, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián al dar lectura a un comunicado en el que se dieron a conocer a las dependencias que aceptaron la recomendación, aunque no en su totalidad.
Sólo los ayuntamientos de Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos aceptaron el total de los puntos emitidos.
La Comisión Estatal de Agua (CEA) aceptó 83 por ciento de las observaciones que se le hicieron, y el Ayuntamiento de Tonalá que posee en su territorio el vertedero de Matatlán y el relleno sanitario de Los Laureles sólo acepto 29 de las 68 propuestas que se le giraron.
La CEDHJ consideró que la postura asumida por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) es demasiado ambigua y ante una situación “tan delicada” como lo es la contaminación ambiental, no hay lugar para interpretaciones subjetivas, ya que el titular de este organismo, Rodolfo Ocampo Velásquez, dijo que cumpliría con la recomendación sí le entregaban un cheque por 19 mil millones de pesos para modernizar los sistemas operadores de agua.
Álvarez Cibrián reviró al funcionario que es parte de sus atribuciones el gestionar recursos si no los tiene.
“Obviamente que sí existe voluntad política, el no tener medios económicos será motivo para que ellos los gestionen. La Comisión no puede gestionarle los recursos económicos, pero sí no hay voluntad para gestionar recursos, entonces se muestra que no hay voluntad para cumplir con un compromiso social”, dijo.
El ombudsman prefirió destacar los puntos que aceptaron las dependencias por encima de los que no están dispuestos a cumplir. Sin embargo lanzó un ultimátum advirtiendo que una vez vencida la prórroga, la CEDHJ se enfocará a darle seguimiento únicamente a los compromisos que se asuman.
Cibrián dijo que las dependencias no aceptaron en su totalidad la recomendación porque consideran que no es de su competencia el darle cumplimiento, no obstante aseguró que el organismo hizo un trabajo exhaustivo de investigación y cada observación está debidamente fundada.
“Nosotros lo único que estamos de acuerdo y convencidos, que todos y cada uno de los puntos establecidos en nuestra recomendación son puntos debidamente fundados, razonados y obviamente motivados y fundados obviamente en el derecho. Lo que se diga en contra de eso pues definitivamente es una postura contraria a la Comisión”.
Lo que sí aceptaron
De los 100 puntos que se le dirigieron, el gobierno del estado aceptó 69 entre los que destaca solicitar a la Secretaría de Gobernación la emisión de una declaratoria de emergencia ambiental en los municipios de El Salto y Juanacatlán. La práctica de auditorías y supervisión en la construcción de las macroplantas de tratamiento. Declarar zonas de restauración ecológica a los municipios referidos. Implementar un sistema de prevención y control de pandemias. Formular una iniciativa de ley en la que se contemple que los nuevos centros de población cuenten con una infraestructura hidráulica que permita el tratamiento y la reutilización de sus aguas, y que en la infraestructura de salud en estas zonas se proporcionen servicios gratuitos y especializados en oncología, dermatología, afecciones de las vías respiratorios, gastroenterología, oftalmología y la atención de casos de somnolencia, jaqueca y hemorragias nasales.
El CEA por su parte aceptó: Establecer un departamento para la atención de asuntos que originen conflictos sociales. Brindar acceso a la información y a la justicia ambiental, a la participación pública y a la rendición de cuentas. Solicitar a los tres poderes del Estado y a los ayuntamientos revocar las disposiciones legales que obstruyan el control definitivo de la calidad del agua.
Finalmente, Tonalá aceptó iniciar procedimientos de revocación de licencias y cancelar permisos de construcción que pretendan ubicarse en los márgenes del río Santiago. Revisar licencias municipales de giros que vierten de forma directa sus aguas al río Santiago. Abstenerse de autorizar fraccionamientos e instalaciones de empresas que no cuenten con el estudio de impacto ambiental, y que los reglamentos municipales consideren la obligación de las empresas y particulares que pueden ser contaminantes de una garantía de reparación o fianza que cubra la indemnización por daños ecológicos.
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