1 año después, los vecinos de Miguel Ángel se resisten al olvido
Una protesta de 180 personas que viven junto al contaminado río Santiago llegó hasta el Palacio de Gobierno y el recinto del Congreso estatal.
Guadalajara.- Miguel Ángel López Rocha vivió en el municipio de El Salto y murió intoxicado por arsénico en un piso pediátrico, el 13 de febrero de 2008. Ayer, los barrenderos del Congreso local se apuraron a borrar el recordatorio de la tragedia. Les ordenaron esconder en una bolsa verde el altar de muertos y las flores que los padres del niño y 180 personas, entre vecinos y activistas, instalaron en el patio del recinto, quince minutos antes.
Del centro de Guadalajara, la bolsa verde viajará al basurero Los Laureles, a diez minutos de casa de los padres de Miguel Ángel. Allá es la cloaca de la zona metropolitana. El aire hiede a huevo podrido. El suelo es un cementerio de las fundidoras. Los nuevos fraccionamientos se levantan a la orilla del venenoso río Santiago. Miguel Ángel tenía ocho años. Murió por la ingestión de arsénico, determinó la toxicóloga Luz María Cueto. Los niños de su colonia cuentan que antes estuvo jugando en el Santiago.
El fraccionamiento sigue en construcción. Cada año sus habitantes pagan uno de los 28 metros cuadrados de sus casas, con hipotecas a favor de la constructora HIR o el Infonavit. La colonia acaba de cambiar el nombre. De Bonito Jalisco a Los Tréboles —en Brasil se llamaría favela—. La última del barrio: todos deben ceder cinco metros de propiedad, porque HIR olvidó dejar banquetas.
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“¡Miguel Ángel no murió, el gobierno lo mató!”, gritaron ayer los manifestantes desde el templo de San Francisco al Palacio de Gobierno y al edificio legislativo.
No es el único, según Raúl Muñoz, del Movimiento Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto. En los archivos del activista hay 700 en la lista de espera, habitantes de Los Tréboles, El Castillo, El Muelle, El Trece y San José del Quince: muchos niños. En el último año seis murieron. Una de las manifestantes, Guadalupe Hernández, tiene siete años y el cuello hecho una verruga purulenta. No se sabe si por la contaminación, pero sí que se le infecta cada que el río huele peor. Y el río siempre huele peor.
“¡Miguel Ángel no murió, el gobierno lo mató!”, tras los padres del niño, María del Carmen Rocha y Raúl Luna. Ella es ama de casa. Él, vigilante privado. Hace un año tenían los labios secos, tras una vigilia de 17 noches y una despedida eterna. Ayer, Raúl recordó que antes veía pasar las marchas de protesta con indiferencia. Ahora habla de injusticia social. Exige su reubicación. Pide juicio político contra el gobernador, Emilio González. Demanda que se investigue y, en su caso, se destituya a los directores de las comisiones Nacional y Estatal del Agua, José Luege y César Coll; el secretario de Salud de Jalisco, Alfonso Gutiérrez; el responsable del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Rodolfo Ocampo, y el alcalde de El Salto, Joel González.
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El gobernador no respondió. Hace días lamentó la muerte del “joven” Miguel Ángel. Muy joven: ocho años. El gobernador no recibió a los manifestantes. Ayer le llovieron las mentadas de madre.
En el Congreso, dos diputados del PRD, Carlos Orozco y Enrique Alfaro, los recibieron. Orozco les exigió que no mentaran madres. Una habitante de El Salto respondió que él mentaría madres si sus hijos tuvieran que respirar veneno. Los legisladores prometieron tratar el asunto de la contaminación con sus compañeros. “¡Mmmmh!”, les contestaron: la expresión contundente de la incredulidad.
Así es la contaminación del río Santiago
El río Santiago, que se alimenta del lago de Chapala, corre por 132,476 kilómetros y en su ribera viven unos 17 millones de personas. Grupos ciudadanos han calculado que recibe 266 descargas de las empresas de los corredores industriales y unos 815 litros por segundo de descargas domiciliarias sin tratar
Desde principios de los años noventa, la Comisión Estatal del Agua (CEA) sabe de la contaminación en el Santiago; tiene información desde los ochenta. A mediados de 2007, publicó un estudio, disponible en Internet, que reporta la presencia de arsénico y otras sustancias venenosas en las aguas del Santiago y del río Zula: cadmio, cobre, cromo, níquel, plomo, arsénico, mercurio, zinc y cianuro
El estudio fue hecho en 2006 por la empresa AyMA Ingeniería y Consultoría, a petición de la CEA; la investigación fue señalada como requisito para hacer viable el proyecto de la presa de Arcediano. AyMA propuso un plan de saneamiento del río que debería cumplirse entre 2007 y 2014; al menos durante el primer año, la CEA no inició a cumplir las recomendaciones
Desde 2008, las acciones de la CEA han estado orientadas a emitir las convocatorias para licitar colectores y líneas de drenaje en el estado; la idea es garantizar la infraestructura fundamental para controlar el vertido de aguas contaminadas, pero la política del gobierno, y de la CEA, es que la solución sólo se conseguirá con las plantas de tratamiento de El Ahogado y Aguaprieta
En concreto, el estudio de AyMA identificó la existencia de 217 fuentes de contaminación en los ríos Santiago y Zula; había al menos 28 puntos de descargas de toxicidad aguda. Quedaron identificados cinco vectores de contaminación, en forma muy detallada: descargas de aguas residuales municipales, granjas porcícolas, industria tequilera, planta industrializadora de basura Los Laureles y varias del corredor industrial El Salto-Ocotlán
El problema ha sido del conocimiento de tantas autoridades, que llegó incluso a la Presidencia de la República. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón recibieron cartas de alerta enviadas por organizaciones; las respuestas no ofrecieron ningún aviso de acciones concretas
La muerte de Miguel Ángel disparó el interés sobre el tema. La Comisión de Derechos Humanos emitió un informe especial en 2008 y, en 2009, una recomendación sin precedentes en el país, con 172 puntos, que el gobierno de Jalisco aún estudia; el Senado ha pedido que se declare a Juanacatlán y El Salto zona de emergencia ambiental.
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