El proyecto de Estado sobre el agua, contra los pueblos

TUNUARY Y CRISTIÁN CHÁVEZ

El antiguo pueblo de Temacapulin, en Los Altos de Jalisco, durante 900 años ha luchado por la construcción de un pueblo rico, lleno de cultura y un patrimonio histórico y natural, enfrentado una larga lucha por su territorio, que comenzó desde los ataques de la Corona española para lograr conquistar a los pueblos cascanes y tacuexes.

Hoy, los habitantes de Temacapulín, mestizos, pero con antigua historia, resisten para no abandonar las antiguas tierras que han habitado sus abuelos, donde sus muertos descansan y se construye la memoria colectiva día con día. El invasor son millones de metros cúbicos de agua para una presa que marca el inicio de una guerra más amplia, que es por el control del agua.

La anunciada imposición y exterminio de un pueblo para la construcción de la presa, no puede separarse del paradigmático caso del megaproyecto Arcediano, que es un megaplan de privatización e injusticia ambiental que inicia desde las condiciones de despojo y destrucción de la vida campesina en la Cuenca del Ahogado por las presiones inmobiliarias, que después hacen grandes plantas de tratamiento en manos de la iniciativa privada y que, a su vez, quita empleos a trabajadores sindicalizados del SIAPA, agua tratada que se pretende sea vendida a la presa de Arcediano, que acumulará los metales pesados que concretarán el genocidio anunciado para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes deberán lavarse los dientes con el agua que mató al niño Miguel Angel López Rocha por su contenido en arsénico.

A un año de la muerte de Miguel Angel, la tensa situación en Temaca resulta ser una amenaza para toda la población de Guadalajara; es el mismo plan y su origen está en las leyes, en los programas de gobierno y en las acciones de los ejecutores en las instancias responsables de administrar el agua y que en el estado han hecho un trabajo ejemplar y digno de cualquier genocida fascista mediante el CEA y la CNA, que en todos los municipios del estado han promovido la modernización de los sistemas de agua, la separación de las cuentas municipales del servicio de distribución y saneamiento, el aumento de cuotas y la privatización en múltiples formas.

En este contexto, las vidas humanas no importan, no importa la vida de los obreros sobreexplotados en los corredores industriales de la ciudad, muchos de ellos, campesinos privados de la tierra y de un mercado rentable. No importa la vida de los campesinos del ejido El Zapote que están luchando para mantener sus tierras. No importa la impunidad en el crimen de Estado que fue la muerte de Miguel Angel. No importa la vida de los millones de habitantes de la ciudad de Guadalajara. No importa, por su puesto, el antiguo pueblo de Temacapulín.

A pesar de las acciones y declaraciones de la CNA, del CEA y del gobernador del estado, los habitantes de Temacapulín resistirán hasta hacer valer el respeto a su territorio, y su lucha hoy es apoyada y respaldada por más actores y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional.

La lucha de Temacapulín es hoy un punto rojo que la sociedad jalisciense debe observar y actuar para hacer aún más fuerte la resistencia de los pobladores, pues el desenlace de la construcción de la presa El Zapotillo representará un precedente que marcará en gran medida la capacidad de la población tapatía para lograr que las generaciones actuales y futuras vivan sin arsénico en la sangre una vez recibiendo, a través del sistema de agua “potable”, la almacenada en Arcediano.

Históricamente, los pueblos del mundo se han forjado de las luchas que colectivamente han enfrentado para mantener lo que también colectivamente han sido; para vivir los antiguos tejidos sociales que hoy reflejan las razones de los movimientos, y éstos, a su vez, son la oportunidad de construir y configurar las fortalezas que como pueblo tendremos en las luchas del hoy y del mañana, que son por la humanidad y por la vida.

En ese sentido es que las luchas que han perdurado y fructificado, efectivamente se han hecho desde los afectados materiales y/o los ambientalmente afectados por el colapso ecológico del capitalismo y, sobre todo, de los que en el marco de sus derechos fundamentales y colectivos han sabido reivindicar lo que, como sujetos de derecho público, les corresponde, y esto va mas allá que si alguien es afectado porque vive a un lado de un río que el capital industrial contaminó con arsénico, pues además de quien vive geográficamente a un lado del río, también son afectados los derechos territoriales de los pueblos que usan productiva y/o tradicionalmente los recursos provenientes del río, o bien, de quien comparte el territorio con el río. Siendo lo anterior la base de las alianzas que hacen prosperar la reivindicación y el fruto de las duras luchas que hoy los pueblos emprenden contras los actos genocidas del Estado.

Los pueblos hoy se organizan, y cada vez es más grande la subversión, el Estado aún no ha comprendido que las sociedades no están dispuestas a permitir las vejaciones, el despojo, los robos, el olvido. Para el Estado –como decía el difunto– “no hay derecho chiato”, pero los pueblos saben que sí hay derecho, y éste rebasa por mucho lo establecido en las raquíticas leyes, normas, programas y políticas gubernamentales.