CEDHJ da ultimátum para responder sobre el Santiago
Según el ombudsman, el gobierno estatal aceptó 69 de cien puntos recomendatorios; entre ellos, declarar zona de emergencia.
Guadalajara.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) concedió hasta el 9 de marzo próximo como último plazo “improrrogable” a autoridades del gobierno estatal y a municipios para que se pronuncien respecto a la recomendación 1/09 sobre la contaminación del río Santiago. Lo mismo para aquellos que la aceptaron parcialmente o que fueron ambiguos en sus respuestas y a los cuales se les invita a reconsiderar, anunció Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
De acuerdo con información que leyó elombudsman, el gobierno estatal aceptó 69 de los cien puntos recomendatorios que se le dirigieron expresamente, si bien en la copia de los listados que proporcionó a medios de comunicación sólo se enumeran 43 recomendaciones aceptadas y 31 puntos no aceptados. El organismo ofreció complementar la información faltante (26 recomendaciones que no aparecen en el listado de las aceptadas por el Ejecutivo estatal) en el transcurso de ayer, pero no lo hizo.
Como este diario adelantó (Público, 25 de febrero de 2009), el gobierno del estado rechazó pagar la reparación del daño a las víctimas de la contaminación del afluente, ciertamente la petición más innovadora y la más polémica.
Álvarez Cibrián explicó que en 21 de los 31 puntos rechazados se argumentó que eran competencia de otras instancias municipales o federales o de otros poderes. Por ejemplo, hacer análisis de suelos de uso agrícola y alimentos se consideró facultad de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), dependencia federal.
El presidente de la CEDHJ prefirió hablar de lo afirmativo. Sostuvo que, con la respuesta positiva a 69 puntos de cien (cifra por confirmar), se considera que la “macrorrecomendación” fue aceptada por el gobierno de Jalisco. Y, ¿si fueran sólo dos los puntos aceptados, ¿sería el mismo criterio?, se le inquirió. A esto respondió con evasivas.
Con evasivas, también, fueron las respuestas del SIAPA y del Ayuntamiento de Zapopan, por lo que el ombudsman les notificó ayer de la ampliación de plazo y manifestó: “Ante una situación tan delicada de contaminación ambiental como la que vivimos en Jalisco, no hay lugar para interpretaciones subjetivas, por lo que, para no generar incertidumbre jurídica, es necesario que se pronuncien de manera expresa si aceptan o no la recomendación”.
El municipio de Tonalá sólo aceptó 29 de 68 recomendaciones (42 por ciento). Los gobiernos de Guadalajara, Tlajomulco, Arandas, Atotonilco, Ocotlán, El Salto y Juanacatlán —estos últimos, los más afectados por la contaminación del afluente— no contestaron la recomendación al vencerse el segundo plazo el pasado 20 de febrero. Algunos pidieron otra prórroga. Se les concedió bajo advertencia de que será la última. Si callan nuevamente o rechazan el documento, la CEDHJ ya no insistirá: “Que la sociedad los juzgue”, sentenció el ombudsman.
“Esta comisión ha cumplido con su labor al presentar una resolución completa, fundada y motivada sobre el problema de contaminación del río Santiago y sus posibles consecuencias. Aceptar y cumplir las propuestas es responsabilidad única de las autoridades a las que se dirigió, por lo que, una vez concluido el plazo [9 de marzo], nuestro trabajo estará enfocado exclusivamente a dar seguimiento a los compromisos que asuman”, dijo.
En contraste, reconoció a los municipios de Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos, que aceptaron en su totalidad los 68 puntos que les dirigieron en esta macrorrecomendación.
La Comisión Estatal del Agua (CEA) aceptó diez de los doce puntos que se le recomendaron; entre ellos, aceptó brindar acceso a la información y a la justicia ambiental, y respetar la integridad corporal, libertad y seguridad jurídica de los defensores del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Entre lo aceptado por el gobierno estatal destaca solicitar a la Secretaría de Gobernación que se declare zona de emergencia a los municipios de El Salto y Juanacatlán. Asimismo, supervisar la construcción de las macroplantas de tratamiento; implementar un sistema de prevención y control de pandemias; formular una iniciativa de ley para que los nuevos centros de población cuenten con tratamiento y reutilización de sus aguas y realizar estudios epidemiológicos en la zona afectada, entre otras.
Si bien el balance no es del todo satisfactorio, reconoció el ombudsman, la comisión consideró “positivo” los pronunciamientos con la aceptación total o parcial de las recomendaciones. Las autoridades que así lo hicieron demostraron su buena voluntad e interés de revertir los efectos de la contaminación del río, lo que no es un compromiso menor, puntualizó el presidente.
Lo aceptado
• Gobierno Estatal: aceptó 69 de cien puntos recomendatorios.
Solicitar declaratoria de emergencia en los municipios de El Salto y Juanacatlán a la Secretaría de Gobernación.
Declarar zonas de restauración ecológica los municipios de El Salto y Juanacatlán.
Practicar auditorías y supervisión en la construcción de las macroplantas de tratamiento.
Implementar un sistema de prevención y control de pandemias.
Diseñar un sistema de captación de agua de lluvia.
Formular una iniciativa de ley que contemple que los nuevos centros de población tengan infraestructura hidráulica para tratar y reutilizar sus aguas.
Dotar de mayor autonomía, personalidad y patrimonio propio a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente.
Intensificar inspección y vigilancia en el vertedero Los Laureles.
Contar con un laboratorio de análisis de contaminación de aguas.
Delimitar por personal de Protección Civil las áreas de riesgo y peligro en las márgenes del río Santiago y del canal Las Pintas-El Ahogado.
• Gobiernos municipales: Chapala, Poncitlán, Tototlán, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos aceptaron la totalidad de los 68 puntos recomendatorios; Tonalá aceptó 29; Zapopan dio una respuesta ambigua.
Iniciar procedimientos de revocación de licencias y cancelar permisos de construcción que pretendan ubicarse en las márgenes del río Santiago.
Revisar licencias municipales de giros que vierten de forma directa sus aguas al río.
Regular y ordenar la inspección y vigilancia de todas las descargas de aguas residuales a la red de drenaje municipal.
Abstenerse de autorizar fraccionamientos e instalaciones de empresas que no cuenten con el estudio de impacto ambiental.
Incluir en reglamentos municipales una garantía de reparación o fianza que cubra la indemnización por daños ecológicos por parte de las empresas y particulares.
Declarar áreas naturales protegidas.
Clausurar e imponer sanciones a las industrias cuyos desechos no estén debidamente tratados.
Realizar un inventario de industrias en las cuencas del Ahogado y el alto Santiago.
• Comision Estatal del Agua: aceptó 10 de 12 puntos.
Brindar acceso a la información y a la justicia ambiental, a la participación pública y a la rendición de cuentas.
Respetar la integridad corporal y la libertad y seguridad jurídica de los defensores del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Establecer un departamento para la atención de asuntos que originen conflictos sociales.
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