3.2.09

DERECHOS HUMANOS INCOMODOS


La primera recomendación del año de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco realmente ha puesto en un predicamento a nuestros políticos profesionales al comprobarse la violación de por lo menos doce derechos humanos de quienes habitan en las orillas del río Santiago.
Según la recomendación, estas poblaciones han visto inculcados sus derechos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua, a la salud, a la alimentación, al patrimonio, al desarrollo, a la legalidad, a la seguridad social, al trabajo, a la vivienda digna, a la democracia y a los derechos de niñas y niños (Público, 28 de enero).
Lo que llama la atención es el marcado contraste entre la amplitud de esta recomendación, calificada de histórica por sus alcances e implicaciones, y lo escueto de la respuesta que le mereció por parte de algunas de las autoridades implicadas, al aceptar su responsabilidad para “implementar todas aquellas medidas que vengan recomendadas, siempre que tengamos recursos para ello” (Público, 29 de enero).
Por el tono de las primeras reacciones, no cabe duda de que el asunto de la contaminación del río Santiago se volvió sumamente incómodo para las autoridades por sus implicaciones políticas, económicas y sociales en la entidad. Y no es para menos, ante la proximidad del proceso electoral resulta evidente que el activismo de todos los actores políticos los moverá al oportunismo para llevar a su molino algo del agua del río Santiago, sin importarles realmente que tan contaminada se encuentre.
Es obvio también que frente a la difícil coyuntura económica por la que se atraviesa y que ha convertido a la conservación del empleo en la principal divisa del discurso gubernamental, cualquier indicio de endurecimiento de las normas ambientales o la implementación de acciones remediadoras adicionales pueden resultar medidas contraproducentes para las actuales prioridades gubernamentales que buscan sostener la actividad económica de la entidad.
Lo que no parece ser muy obvio es que la incomodidad que en el corto plazo provoca en las autoridades este asunto de la contaminación del río Santiago, a la larga puede conducirnos —si es que no lo ha hecho ya— a un escenario catastrófico para el entorno ambiental metropolitano y regional de Jalisco. Lo que verdaderamente resulta “muy urgente y muy necesario” —como diría Álvarez Cibrián— es el impostergable cambio de actitud pública frente a este problema que nos atañe a todos y no únicamente a los habitantes de los márgenes del río Santiago.
Por nuestro bien y el de nuestros hijos más nos vale no escatimar recurso alguno, no sólo para resarcir los derechos humanos que les han sido inculcados hasta ahora a los pobladores de El Salto y Juanacatlán, sino para comenzar a revertir ese oprobioso escenario al que todos, ya sea por acción o inacción, hemos estado contribuyendo.
Más que lamentarse por la escasez de recursos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberían aprovechar la oportunidad para imaginar junto con la sociedad, las alternativas que nos permitan acrecentarlos para enfrentar eficazmente este añejo problema de contaminación en el Santiago.
Académico de El Colegio de Jalisco

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