NOTAS PARA UNA POSIBLE CRONICA

El Lobby
RAÚL TORRES
◗ Notas para una posible crónica

La lucha de los habitantes de El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y todos los que viven en la cuenca de El Ahogado implica mucho más que el cierre de un basurero, pues su vida, literalmente, corre peligro por los altos niveles de contaminación de la zona, que según algunos expertos, es la más contaminada del mundo (sería bueno que alguien pudiera desmentir, aunque sea como consuelo, ese dato). Pero la mugre genera riqueza, y la riqueza poder y control sobre la política. Desde este espacio, y por tercera vez (y vaya que harían falta muchas más), intentamos abordar algunos datos para poder tejer la trama completa de este negocio sucio.

Durante las campañas electorales de 2006 se deja correr el rumor de que la del presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, fue financiada en gran medida por la empresa basurera Caabsa. En enero de 2007, el mismo alcalde dice que los contratos con ésta y con la empresa de mobiliario urbano Eumex serán revisados minuciosamente y niega que Caabsa haya financiado su campaña. Hasta ahora los contratos “siguen en revisión” y no se ha tomado ninguna medida al respecto.

En enero de 2008 el niño Miguel Angel López Rocha, vecino del fraccionamiento La Azucena, en El Salto, cae al río Santiago y se envenena con metales pesados. Después de 19 días y la constante negación de las autoridades a admitir que el río Santiago es peligroso para la vida de quines viven en sus márgenes, el pequeño fallece y genera que la movilización social que venía gestándose poco a poco en las comunidades de la cuenca de El Ahogado se revoluciones y tome otras dimensiones. Organizaciones no gubernamentales como IMDEC y Vida comienzan a hacer trabajo en La Azucena, pero provocan roces con organizaciones civiles de la cabecera municipal de El Salto.

Después de dirimir algunas diferencias, la gente de los pueblos de El Ahogado resuelve una acción urgente y decide salir el 14 de abril de 2008 a las calles de Guadalajara para marchar hasta Palacio de Gobierno y exigir ser escuchados. La marcha convoca a más de dos mil personas que logran hacer que un funcionario del gobierno estatal reciba el pliego petitorio de 12 puntos con el que se le da la “última opotunidad” a la burocracia para resolver el problema de contaminación de toda la zona, no sólo del río. Entre las peticiones se solicitó el cierre del vertedero Los Laureles.

El 17 de abril, un grupo de habitantes de El Salto, Juanacatán, Puente Grande y Tototlán, a través de la Semades, inician una denuncia ciudadana contra la empresa Caabsa, que maneja Los Laureles. Semades recibe todos los documentos, pero “olvidó” entregar los anexos que comprueban la personalidad jurídica de la asociación (Un Salto de Vida) que promovía el cierre legal del vertedero por permitir que sus lixiviados llegaran hasta el Santiago y se filtraran al subsuelo. El descuido de las autoridades casi provoca que la denuncia no prosperara.

El mismo 17 de abril, el titular de la Proeza, Fernando Montes de Oca, promete a los ciudadanos que promueven el cierre de Los Laureles que si en un par de meses no se clausura el vertedero, él renuncia a su puesto (ajá).

Los dos meses pasaron, la gente de las comunidades de la cuenca de El Ahogado continuaba reuniéndose en la plaza pública y en espera de que el también locutor de Radio María (Montes de Oca) cumpliera con la palabra empeñada (el cierre o el puesto [ajá]).

Durante los últimos días de junio, una funcionaria del gobierno estatal deja correr el rumor de que Caabsa efectivamente pagó las campañas de varios políticos, por lo que será prácticamente imposible el cierre del vertedero.

El lunes 14 de julio, ante el incumplimiento de Montes de Oca, en la reunión pública el regidor perredista en campaña de Juanacatlán, Santiago Márquez Torres, ve su oportunidad y aprovecha el enojo de las casi 500 personas reunidas para conducir el carro por el terreno que le conviene: “Vámos a ir a cerrar el basurero el viernes, pero si no van todos nosotros (¿quiénes?) nos retiramos del movimiento”. O sea, sí pero no. Algunos apoyan la moción, otros prefieren permanecer distantes y aunque no están de acuerdo, asumen. Márquez Torres toma la batuta y convoca a rueda de prensa el miércoles siguiente. La estrategia quedará para otro día.

Ese mismo lunes, Caabsa se entera de las intenciones de la gente y mueve sus piezas. Involucra en el enfrentamiento a los pepenadores de Matatalán, que incitados por sus líderes sindicales, sienten amenazada su fuente de trabajo, legitiman su movilización y de pasada deslindan a la empresa.

El miércoles 16 de julio se realiza la rueda de prensa en que los ciudadanos inconformes y diferentes asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales anuncian el cierre “definitivo” de Los Laureles para el viernes 18. Nuevamente Márquez Torres es protagonista. En esa misma semana, gente de Imdec y Grupo Vida se reúnen con el alcalde de El Salto, Joel González y tras enterarse de que el viernes habría antimotines y pepenadores comienzan a correr la voz. Entre los rumores que dejan correr, aseguran que el vertedero cerrará en dos años. Algunos se muestran confundidos y asustados, solicitan que el gobierno de El Salto envíe policías ese día para protegerlos de un posible ataque de pepenadores.

El alcalde de El Salto, Joel González, recibe una llamada de la Secretaría de Asuntos del Interior y desde el gobierno del estado se le ordena no enviar patrullaje, pues la misma secretaría se haría cargo del asunto.

En la Coordinación General de Políticas Públicas del gobierno del estado, Alonso Ullóa Vélez recibe una llamada de personas preocupadas por un posible enfrentamiento y se deslinda diciendo que el gobernador no sabe nada del asunto. Es decir, algo huele mal.

El viernes 18, los manifestantes se encuentran con una formación de choque que bloquea la carretera: pepenadores al frente, policías de Tonalá y antimotines de la policía estatal. Se sabe como transcurrió el resto y cómo los policías de vialidad fragmentaron la manifestación e impidieron que llegaran alrededor de 300 personas más que iban en apoyo de los 200 que ya estaban frente a pepenadores y policías.

El sábado 19, el alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, defiende la función del vertedero Los Laureles y con ellos le da un espaldarazo a la empresa Caabsa.
Ayer, el director general de Verificación Normativa de Semades, Ernesto Naranjo Castellanos aseguaró en un programa radiofónico que el vertedero Los Laureles podría ampliarse para tener una vida útil de al menos 15 años más.

Para mañana, el regidor Márquez Torres y algunas organizaciones no gubernamentales asistirán a la supuesta negociación que se pactó en la presidencia municipal, pero el resultado será el mismo: le vertedero continuará abierto.
Saque usted sus conclusiones.