MOVILIZACION SOCIAL

Para que la sociedad civil se movilice resulta necesario que existan dos grupos de condiciones: las objetivas y las subjetivas. Las primeras son hambre, miseria y opresión, elementos que en nuestra realidad abundan por doquier. Las segundas son necesidad, sentido y dirección; el por qué y el para qué de una movilización. Estas condiciones sí es más difícil que se generen en una sociedad teleadicta como la mexicana, que además no tiene el hábito de la lectura y sus principales medios de “información” son los telenoticieros. No obstante esta realidad, al paso del tiempo, y como consecuencia de las innumerables agresiones económicas y políticas que lleva a cabo el gobierno sobre la población, los diversos grupos sociales comienzan a incrementar considerablemente la intensidad y la frecuencia de las movilizaciones. Incluso la organización misma de las manifestaciones por el descontento social tiene su origen cada vez menos en los partidos políticos de oposición y más en colectivos de diversa naturaleza, pero con un denominador común: la exigencia de tener acceso, no a los recursos, sino al escenario donde se determina el acceso a esos recursos. Es decir, participar en los espacios políticos donde la clase gobernante, de espaldas a la población, decide quiénes sí y quiénes no pueden acceder a la riqueza que generamos todos los mexicanos. En este sentido, Guadalajara es un ejemplo de ello, en los últimos días hemos asistido a un buen número de manifestaciones sobre muy diversos agravios que la sociedad siente que recibe por parte del gobierno estatal.
Así, la sociedad se mueve y busca espacios para dejar en claro su malestar; se queja por la falta de atención de las autoridades para solucionar sus problemas y sus carencias; reclama no ser atendida en sus demandas; exige que el dinero que paga en impuestos sea utilizado en su beneficio; se organiza y va más allá de las opciones que le plantea la elite gobernante y los partidos políticos. Mientras la sociedad se moviliza, el gobierno no sólo niega lo evidente: el descontento creciente de la población por las carencias de todo tipo, sino que pretende desprestigiar toda movilización social que cuestione el ejercicio del poder y demande soluciones a sus problemas. Esta manera de gobernar viene a explicar el cerco militar y policiaco bajo el cual se conducen las autoridades en el desempeño de sus funciones. Parece que el enemigo es la sociedad civil, que lo único que hace es reclamar el cumplimiento de sus derechos.
En principio, la exigencia de la sociedad es la claridad y la honestidad en el discurso oficial, algo a lo que sistemáticamente se niega el gobierno. La apuesta de las autoridades es el doble discurso, el debate tramposo, las puertas falsas, las trampas en el caminar, los dobles sentidos. Y a toda esta movilización, producto de una creciente conciencia social, histórica y política, el Estado y gobierno responde con represión policiaco-militar, manipulación informativa en evidente maridaje con varios medios de información electrónicos e impresos. No es casualidad que en los últimos diez años el gobierno mexicano haya incrementado en 50.5 por ciento su personal militar para contar entre sus filas con 283 mil efectivos, con un aumento en el gasto para armamento del 61 por ciento, con un gasto militar equivalente al 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cuando a la investigación y difusión científica se le dedica poco menos que el 0.3 por ciento (La Jornada, 13 de abril de 2008). Por otro lado, no sólo aumentan la presencia de elementos armados en torno a las movilizaciones sociales, sino que los gobernantes no reciben a la sociedad para escuchar sus demandas, tal fue el caso de los manifestantes a favor del saneamiento del drenaje llamado río Santiago, que fueron “atendidos” este lunes pasado por un funcionario menor, mientras que el gobernador Emilio González Márquez tomaba el sol en Acapulco y Cancún, con el pretexto, mediáticamente oportuno, de la promoción turística de Jalisco.
Esta manera de actuar va a contracorriente de una posición de análisis causal que debería de hacer el gobierno para saber cuál es el motivo del creciente descontento social. Si el gobierno llevara a cabo un análisis del origen de las inconformidades de la ciudadanía, contaría con los elementos suficientes para no sólo destrabar y solucionar varios de los problemas, sino estaría en condiciones de evitar que se generaran. ¿O acaso los miles de manifestantes que día a día inundan las calles de las ciudades del país lo hacen para agradecerle al gobierno el poco oficio político y de atención que tiene para con la ciudadanía? ¿Acaso los manifestantes salen a las calles en agradecimiento por las condiciones poco favorables, por decir lo menos, en las que viven en sus comunidades? El gobierno debería de pensar en esto antes de mandar a las “fuerzas del orden” a contener la inconformidad social. Por su parte, varios de los medios electrónicos de comunicación deberían de analizar el origen de los conflictos y las inconformidades sociales antes de estigmatizar a los inconformes y lanzar las campañas de desprestigio desde sus poderosos centros de desinformación. El mismo llamado hacemos a los “dueños del dinero”, que desde sus cúpulas de poder desdeñan la inconformidad social; ahí tenemos como ejemplo al coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, quien afirmó que los más de 3 mil 700 ciudadanos inconformes que interpusieron quejas en contra del gobernador, Emilio González Márquez, por el donativo de 90 millones de pesos a la construcción del Suntuario de los Mártires ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) no son una cifra que pinte, y que la mayoría de los quejosos se encuentran desempleados (La Jornada Jalisco, 17 de abril de 2008). Bajo estas condiciones de represión y descalificación, no es de extrañar que el hilo social no aguante más y seguramente más temprano que tarde termine por romperse.
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