4.2.09

Lo humano en Jalisco: sobre la recomendación en torno a la contaminación del río Santiago

Imagen del río Santiago, en el puente que une a los municipios de El Salto y Juanacatlán
Lupa
Imagen del río Santiago, en el puente que une a los municipios de El Salto y Juanacatlán Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

La recomendación 1/2009, emitida la semana pasada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en relación con el grave problema de contaminación ambiental del río Santiago, pone en el centro de la agenda pública un tema fundamental: lo humano. En otras palabras, cuál es el tratamiento que se le da al tema de la vida humana en Jalisco. Basta con citar el encabezado del documento en cuestión para dimensionar el profundo deterioro del sentido de humanidad que experimentan los afectados por la contaminación del río. Según el texto de la recomendación, cuya extensión es de 275 fojas, el asunto a tratar es la “violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, los derechos de niñas y niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social”. ¿Puede haber mayor expresión de inhumanidad que ésta, en la que prácticamente se irrespetan todos los derechos de la vida humana? ¿Existen mejores parámetros para expresar las profundas circunstancias que se contraponen al desarrollo de lo humano, como en este caso? Si hacemos el recuento y el desglose de cada uno de los derechos que están siendo violados, nos daremos cuenta que la situación que se describe entre líneas, en este pequeño párrafo que encabeza la recomendación, revela en realidad condiciones infrahumanas de desarrollo personal, de habitación y de convivencia, sólo por mencionar algunas.

La recomendación es, pues, un termómetro sobre el valor que se le otorga al sentido de humanidad y, con ello, a la vida humana. Porque los derechos humanos describen aquellas condiciones inalienables, intransferibles, innegociables, propias de lo que constituye la esencia y la dignidad de un hombre o una mujer. Su violación o carencia manifiesta menosprecio, impiedad, egoísmo y perversión de lo esencial y lo digno del ser humano. Pero comprender que es lo humano lo que está en el centro de esta discusión, es lo que menos han hecho las autoridades a quienes fue dirigido el documento; a saber: al gobernador del estado de Jalisco, al director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), al director general del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y a los presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas.

Entre las distintas reacciones de las autoridades a la recomendación 1/2009, se cuentan interpretaciones alejadas de un foco urgente puesto en lo humano: una de las primeras interpretaciones ha sido leer la recomendación a la luz del dinero (del costo que implica resolver la situación ambiental). “Es imposible cumplir la recomendación porque saldría muy caro”, “habría que acompañar la recomendación con un cheque”, “que la CEDHJ siga escribiendo su carta al Niño Dios”, “para cumplirla se necesitarían unos 19 mil millones de pesos”, “haremos lo posible hasta donde nos alcancen los recursos”. Lo penoso de este tipo de declaraciones es que una lectura meramente presupuestal rebaja el hecho de que de por medio está la vida de los pobladores continuamente expuestos a la contaminación del río (que, como la misma recomendación lo señala, no se trata sólo de la contaminación del agua, sino del suelo y del aire, lo cual impacta multifactorialmente la salud de las personas). Si se valorara el hecho de que la vida humana es incomensurable, es decir, no se le puede asignar valor monetario alguno, la reacción de las autoridades debería ser más sensible y más humilde: deberíamos estar escuchando de su parte que, aun cuando no se tengan de inmediato todos los recursos requeridos, atender la contaminación del río es un asunto de primera importancia pública en Jalisco, sólo porque en ello se juega la vida de muchos jaliscienses (se estima que los directamente afectados por esta situación suman unos 26 mil habitantes, ubicados en la ribera del Santiago y en el canal del Ahogado).

El segundo grupo de reacciones oficiales ante la recomendación ha sido verla a la luz del golpeteo político y del deterioro de la imagen pública de algunos personajes que pretenden arribar al poder. Prácticamente ninguna autoridad ha abordado, con una actitud autorreflexiva, la contundente realidad de que la CEDHJ documenta 94 evidencias que comprueban la violación de los derechos humanos en el caso del río. Y tampoco se ha visto una actitud de disposición a afrontar a fondo y de manera organizada la grave realidad que viven las personas afectadas, así como la dimensión real que tiene este complejo problema (es decir, su liga con todo el cauce del río Santiago desde su nacimiento cerca de Chapala, que incluye el impacto ambiental generado por el corredor industrial, las zonas de riego y la dinámica del sur de la Zona Conurbada de Guadalajara); de ahí que sean 172 puntos los que conforman esta “macrorrecomendación”, como ya la llaman los medios de comunicación.

Ante esto, la estrategia de los funcionarios públicos ha sido el reparto de responsabilidades entre unas y otras autoridades, la cual se manifiesta en dichos como: “éste es un asunto federal más que estatal” o “este problema rebasa a los gobiernos municipales”; incluyendo, una vez más, la justificación sobre “la falta de los estudios necesarios para determinar la situación” o “la garantía que la calidad del agua del río Santiago está bajo la norma oficial”; llegando hasta la promesa de que “revisaremos con detenimiento la recomendación”. Hasta la fecha ningún funcionario ha señalado que acepta su responsabilidad directa y se compromete a hacer su parte (sería un error, ya vienen las elecciones, dirían los asesores políticos). Estas valoraciones pragmáticas sobre cómo queda cada jugador político después del “golpe” de la CEDHJ, siguen manifestando desinterés por lo humano. Así, los botines políticos y los capitales de poder en juego enturbian lo que debería tornarse en un mensaje público de corresponsabilidad a favor de la vida humana, encabezado por las instancias de gobierno y compartido en una estrategia común entre industriales, universidades, grupos sociales y ciudadanía.

Las pocas pistas alentadoras, que ponen el énfasis de la recomendación en un asunto de humanidad y de solidaridad, han venido de algunos grupos industriales, universidades y grupos de la sociedad civil. Es lamentable que las autoridades no asuman este clamor por lo humano –por los humanos– expresado en la recomendación: lo que suceda con ella, la respuesta gubernamental que se le dé, en estos próximos días, nos revelará cuál es tratamiento que se le da al tema de la vida humana en Jalisco por parte de sus autoridades.

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