Ya no habrá manga ancha para industria y fraccionadores
Decreto de fragilidad ambiental en El Ahogado busca imponer fuertes condicionantes a quien quiera establecerse en la zona, como garantizar saneamiento.
- Jue, 18/02/2010 - 05:35
Guadalajara.- La operación de la zona de alta fragilidad ambiental en la cuenca El Ahogado-Santiago, de 745.7 kilómetros cuadrados, obligará a condicionar fuertemente los permisos para fraccionamientos e instalaciones industriales, a sanear todas las aguas, a establecer un sistema de información de riesgos ambientales, a reubicar escuelas y a ampliar la cobertura y la investigación en salud.
Éstas son parte de las consideraciones que lleva el texto preliminar del decreto, que está ahora en análisis en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, con miras a ser publicada en unas seis semanas.
Los aspectos que contempla son un “golpe de timón” en la forma desordenada en que creció la zona. Se trata de sancionar a quien la viole, de que pague más quien contamina y de estimular las “emisiones cero” con incentivos fiscales, destaca el documento.
La garantía de que no quedará en buenas intenciones pasa también por la creación de un organismo intermunicipal que le dé seguimiento a todas las metas en materia de contaminación de agua, del aire y de la basura; en la creación de infraestructura y en el establecimiento de zonas protegidas naturales (ver nota anexa).
Acompañando este decreto, la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) elaborará a lo largo de este año un paquete de reformas legislativas para mejorar el marco legal en el que operan los estudios de impacto ambiental y el trabajo de los consultores, con miras a fortalecer las 55 acciones planteadas.
La dependencia también tiene la tarea de instrumentar el Fondo Estatal de Protección al Ambiente, con “recursos provenientes de las multas impuestas en la aplicación de la normatividad ambiental, por los pagos de derechos establecidos en la Ley de Ingresos y por aportaciones voluntarias”, según señala el texto del acuerdo para crear el “polígono de alta fragilidad”, del que Público posee copia.
Las reformas aludidas pretenden “que en los estudios ambientales se analicen los impactos globales y locales de la región y que en los planes parciales de desarrollo, autorizaciones, dictámenes y licencias se incluyan los estudios de impacto ambiental, y estudio del análisis de riesgo conforme a los criterios ambientales específicos de la zona”.
Esos estudios ambientales incluirán “una evaluación integral de todos los componentes que integran el ecosistema”, se deben basar “forzosamente” en los criterios establecidos en los ordenamientos ecológicos territoriales vigentes; deben evaluar y validar “la totalidad de los planos y proyectos ejecutivos propuestos por todas las instituciones”.
También tendrán que actualizar, clasificar y precisar “los diferentes tipos de evaluaciones ambientales, que se definan y reglamenten las necesarias para cada caso en particular”.
En los casos de modificaciones al uso de suelo “deberá incluirse la obligación de estudios técnicos justificativos a efecto de sustentar debidamente ese cambio”, puntualiza.
Los candados en estudio
Algunos de los principales criterios ambientales que se aplicarán en la zona de alta fragilidad de la cuenca El Ahogado-río Santiago, según el documento preliminar de la Semades.
Las autoridades deberán condicionar las autorizaciones o renovaciones de giros comerciales, industriales o de servicios, a la instalación de tecnología para el tratamiento de las aguas residuales.
Los municipios deberán delimitar las áreas de amortiguamiento en las zonas establecidas como industriales de mediano y alto riesgo.
Las áreas responsables de protección civil deberán asegurarse de que se establezcan los programas de prevención y protección civil y deberán exigir la presentación de los estudios de riesgo aquellas industrias que manejen materiales y sustancias peligrosas.
Debe delimitarse el polígono industrial y deben establecerse las zonas intermedias de salvaguarda de manera coordinada entre la industria y las autoridades municipales y estatales; deben determinarse además los tipos de industrias que deban instalarse en razón de los servicios ambientales disponibles.
Bajo ninguna circunstancia se permitirá la mezcla de aguas residuales industriales con aguas residuales de origen urbano
Se presentará iniciativa de ley para el establecimiento de mecanismos, incentivos y estímulos fiscales a aquellas industrias y particulares que privilegien el principio de descarga cero, el tratamiento y la reutilización de sus aguas residuales, así como la captación de agua pluvial.
En todas las obras de infraestructura urbana, así como en la construcción de nuevos núcleos habitacionales, modificación de vivienda y edificios, se deberán condicionar los permisos de construcción y de sus propias obras, asegurando la captación de agua pluvial, tratamiento y reutilización de las aguas residuales y pozos de absorción.
Se deberá instalar una estación de monitoreo atmosférico en la zona. Habrá sistemas de información de fácil comprensión respecto de la calidad del aire.
Se implementará un sistema de alerta ambiental temprana, además de un plan para notificar oportunamente a la población de una probable contingencia y riesgos.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el uso de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes, fomentando, en sustitución, prácticas de agricultura sustentable.
Se buscará establecer áreas protegidas, humedales protegidos y culminar los ordenamientos ecológicos locales, así como la creación de observatorios ciudadanos.
La Secretaría de Salud realizará un estudio de exposición personal a contaminantes. Deberá establecer la infraestructura médica necesaria; además, operar un sistema de prevención y control de enfermedades, epidemias y pandemias que incluyen monitoreo permanente de toxicidad ambiental de naturaleza química, física y biológica.
Se promoverá la constitución del Consejo Local de Usuarios del Agua de la Cuenca.
En un plazo no mayor a 60 días, la Secretaría de Salud deberá realizar una campaña informativa sobre los síntomas y signos para identificar los casos de intoxicación aguda por los contaminantes.
Se creará un organismo de carácter intermunicipal donde participen los tres órdenes de gobierno, para operar el acuerdo.
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