Busca deslindarse de la obligación de pagarle 30 mdp anuales

En peligro de reavivarse el conflicto entre Caabsa Eagle y la alcaldía tonalteca

PALOMA ROBLES

La querella entre Ayuntamiento de Tonalá y la empresa de recolección Caabsa Eagle S.A, de C.V podría reavivarse en las próximas semanas debido que el municipio sigue buscando elementos jurídicos para deslindarse del último convenio con la empresa, en la que ésta se beneficia con 30 millones anuales por ocuparse de la disposición final de la basura. Desde 2004 la empresa suministraba el servicio gratuitamente.

El convenio firmado durante la administración panista y la empresa a finales de diciembre de 2009 es “desventajoso” aseguró el síndico del Ayuntamiento tonalteca, Édgar Oswaldo Bañales, quien explicó que en la oferta técnica con la que se dio la concesión a Caabsa en abril 2005 durante la administración de Palemón García Real, se decretaba que la empresa se haría cargo de la recolección y transportación al vertedero de Los Laureles en los límites con el municipio de El Salto y que la disposición final de los residuos correría a cuenta de la empresa.

El Ayuntamiento buscará dejar sin efecto ese convenio en razón de que existen irregularidades en su trámite, además de que “no hay razón para que el Ayuntamiento pague más por un servicio que era gratuito, nos perjudica por ser una concesión de 14 años, estamos trabajando jurídicamente para efecto de que se eche para atrás ese convenio”, dijo el síndico.

Agregó: “el convenio ellos lo celebran el día de noviembre de 2009, aunque en la ratificación no viene estipulado el mes y eso ya es una irregularidad”.

Bañales aclaró que también existe una suspensión judicial cuyo expediente 222/ 2009 todavía se encuentra pendiente de resolución en la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Administrativo, documento que a grandes rasgos prohibía al Ayuntamiento anterior mover cualquier situación que involucrara a las finanzas públicas, por lo que hoy la administración priísta se niega a pagar el servicio de disposición de residuos, aunque asegura que sí ha cumplido con su obligación mensual por concepto de recolección y transportación. “Lo que pasa es que hasta que no se defina judicialmente nosotros no estamos dispuestos a pagar, porque estaríamos violando una disposición judicial”, comentó el funcionario.