JAIME HERNÁNDEZ

Muerte en el río Santiago

Parece nombre de novela o de película de ficción. Pero es la realidad. Y aunque son dos perspectivas y enfoques distintos, el estudio presentado la semana pasada por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través de su titular Alfonso Petersen Farah, y la “macrorrecomendación” 01/2009, presentada a su vez el año pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) por medio de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián y el vicepresidente Alfonso Hernández Barrón -ambos documentos en relación con investigaciones sobre la contaminación del río Santiago-, concluyen exactamente en lo mismo: que no existe evidencia alguna que relacione contaminación con enfermedad y muerte.

Semejanzas entre SSJ y CEDHJ

En efecto, el estudio “científico” que presentó Alfonso Petersen Farah, validado heurísticamente según él, por su propia “metodología”, concluye que “no hay riesgos a la salud complementarios para quienes habitan en los alrededores del río Santiago”.

De igual forma, la CEDHJ se anticipó hace un año al señalar que tampoco existe ningún elemento en ningún quejoso o persona alguna -a partir de las 127 quejas que integraron en la mencionada “macrorrecomendación”-, que acrediten hayan sufrido menoscabo en su salud como resultado de vivir cerca de la contaminación del río Santiago.

Tan es así que el presunto ombudsman no hizo ninguna recomendación para exigir reparación del daño ni pidió sanción o castigo para los responsables. Es más, cualquiera que, años despúes, lea la voluminosa “macrorrecomendación”, concluirá que la existencia y muerte del niño Miguel Ángel López Rocha sólo estaba en el imaginario popular.

Como se observa en ambos casos esas dependencias, la SSJ y la CEDHJ, utilizaron a la ciudadanía, a los habitantes de El Salto y Juanacatlán, para maquillar datos, cuadrar cifras y justificar sus respectivos trabajos y solapar la impunidad.

Es paradójico que esos organismos no hayan encontrado un solo caso concreto, una sola persona en particular con la que se haya demostrado que estuvo enferma o haya muerto por oler, tocar o vivir cerca de las aguas putrefactas del río Santiago. Resulta que todas las personas que murieron, si es que las hubo, lo hicieron por gusto o por causas naturales.

Dice por ejemplo la SSJ, que “de siete defunciones encontradas en familias de El Salto y Juanacatlán, cuatro corresponden a individuos mayores de 65 años, lo que puede atribuirse al mayor número de adultos mayores encontrado en esas localidades”. ¡Sorprendente!

De manera increíble añade la SSJ que “los habitantes de El Salto y Juanacatlán mueren por accidentes de tráfico por vehículo de motor, igual que en Guadalajara”. ¡Sorprendente! Y como los estudios son “transversales” los datos pueden servir también para la Secretaría de Vialidad. ¡Fabuloso!

La SSJ precisó además que el estudio realizado se basó en “la percepción” que tienen los habitantes sobre “las condiciones de salud”. En otras palabras la gente cree que está enferma pero en realidad está sana.

Por su parte, la “macrorrecomendación” de la CEDHJ se basó en la misma “percepción”, la de los quejosos, quienes creyeron ser afectados por el río Santiago; pero el organismo comprobó que no es así. Una vez que se admitieron sus quejas, éstas sólo sirvieron para dar soporte a las decenas de recomendaciones que fueron dirigidas a cuanta autoridad se les ocurrió.

Y de manera irrisoria la SSJ propone evidentes tautologías: “que la Comisión Estatal del Agua continúe el abastecimiento de agua potable en esa zona, como ha hecho desde hace varios años”. ¡Sorprendente!

El jefe del Departamento de Investigación de la SSJ, Francisco Javier Gómez, precisó el gran valor de confiabilidad que tiene el estudio a partir de un gran hallazgo: “que se obtuvieron 305 cuestionarios debido a que en Tonalá ¡se hallaron dos familias en un domicilio!”. ¡Fenomenal! ¡Sorprendente descubrimiento!

Lo insólito es que no sólo las personas participaron sino también los seres inanimados: “Se excluyeron edificios públicos, giros comerciales y hogares que no quisieron participar”, dijo el sesudo investigador.

Durante la manifestación realizada y convocada por el Frente contra la Contaminación y la Impunidad, el pasado 11 de febrero, se expusieron numerosas fotografías de personas que fallecieron el año pasado, en su mayoría mujeres y de menos de 40 años.

Tan sólo ese mismo día una persona que venía a la marcha tuvo que ser llevada urgentemente al Centro Médico de Occidente para ser tratada con quimioterapia al sufrir de cáncer terminal en los huesos.

Dolor y muerte

Mientras que la autoridad no se abra a debatir con la sociedad civil los presupuestos teórico-metodológicos con los que hace estudios como los que presenta; y mientras la CEDHJ no deje de operar en complicidad bajo la premisa de congraciarse primero con el poder en lugar de estar del lado de la ciudadanía, subsistirá el no al derecho de los individuos o grupos a la defensa y protección del medio ambiente.

Es necesario que la nueva Legislatura del Estado trabaje iniciativas eficaces para acceder a la justicia pronta en materia ambiental y se defina con precisión la responsabilidad civil o patrimonial por parte del estado por daño ambiental.

La autoridad federal y estatal deben tener muy en claro que la participación social va más allá de la posibilidad de impugnar actos administrativos: el derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones parte del principio de que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad. No aceptarlo así sólo traerá más muerte y dolor.