Anuncia Semades protección de la cuenca de El Ahogado
La Cuenca de El Ahogado capta 19% del agua residual de la Zona Conurbada de Guadalajara. E. PACHECO
- Sorprenden críticas por estudio de mortalidad a la Secretaría de Salud Jalisco
Como respuesta a la renovada polémica por la contaminación en el Río Santiago, se plantea un decreto para castigar con rigor a los responsables
GUADALAJARA, JALISCO.- Mientras persiste la controversia por el estudio de la Secretaría de Salud Jalisco sobre enfermedades que afectan a habitantes de las inmediaciones del Río Santiago, y justo un día después de una visita a la zona por parte de diputados de Jalisco, ayer se anunció la inminente aprobación de un decreto de Polígono de Alta Fragilidad (PAF) Ambiental para la Cuenca de El Ahogado.
La secretaria estatal de Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro, presentó el documento —está en revisión en la Secretaría general de Gobierno y se publicará en seis semanas para convertirse en ley—, que contiene un Plan Integral de Acciones con 55 puntos tomados de la “macrorrecomendación” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por la contaminación del Río Santiago, que se había presentado en enero de 2009.
La funcionaria precisó que la meta es resolver la problemática ambiental de la cuenca, “atacando” la contaminación en su origen, y atender las afectaciones que sufren las poblaciones aledañas. Para obligar a los ayuntamientos y dependencias estatales y federales al cumplimiento del decreto, se creará un órgano técnico mixto que vigilará el seguimiento y la ejecución de los acuerdos.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) será responsable de sancionar el incumplimiento tanto del decreto como de la legislación vigente, que prohíbe contaminar el agua del río.
El Polígono de Alta Fragilidad abarca 745.77 kilómetros cuadrados (26% es área urbana, y el resto rural) de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Juanacatlán, Zapopan, Tala, El Salto, Ixtlahuacán del Río, Tlajomulco de Zúñiga y Guada
Sorprenden críticas por estudio de mortalidad en El Salto y Juanacatlán
Por sorpresa tomó a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) el desplegado que publicara ayer en los medios impresos la Universidad de Guadalajara (UdeG), a través del Comité de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, como crítica al estudio realizado por la dependencia estatal en la zona de El Salto y Juanacatlán.
El director de Salud Pública de la SSJ, Mario Márquez Amezcua, habló en representación del secretario, Alfonso Petersen Farah, y aseguró que el Comité no los invitó a la sesión donde se discutió el tema.
“Los que tenemos la información somos nosotros, y con mucho gusto hubiéramos acudido a participar. Como no nos convocaron, el día de hoy (ayer) estamos pidiéndole al presidente del Comité (Marco Antonio Cortés Guardado) la minuta del acta”.
Insistió en que el estudio es tan sólo una base para de ahí partir con una investigación científica, que pueda orientar a saber más acerca de los problemas de salud de la zona.
Más que estar en contra o a favor, el funcionario señaló que tanto la SSJ como la UdeG, así como otras instancias involucradas, deberían estar unidas para hacer un frente común y coadyuvar en las acciones en la zona.
Respeta la opinión de la máxima casa de estudios, pero asegura que la Secretaría siempre dejó en claro en qué consistía el estudio.
“Nosotros tenemos otros elementos para poder defender lo que hicimos, siempre dijimos que era un estudio de percepción, los estudios epidemiológicos, nuestros certificados de defunción, son nuestras únicas fuentes que tenemos, pero ellos están viendo la moneda desde otro lado”.
En el mismo tema, Márquez Amezcua subrayó que si se cuenta con las condiciones necesarias, acepta que la zona sea considerada como zona de desastre ambiental.
Llueven descalificaciones
Para el secretario técnico del Comité Universitario de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Víctor Manuel Ramírez Anguiano, el estudio presentado el pasado 10 de febrero por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) sobre la percepción de la morbilidad y mortalidad de los habitantes de las inmediaciones del Río Santiago, no reúne los requisitos de un estudio epidemiológico formal, científico y técnico.
“La validez del cuestionario, por ejemplo, en los términos en que se realizaron las preguntas, la dimensión de las variables produce un subregistro de la morbilidad, y ese tipo de cuestionarios que se realizaron se utilizan para hacer indagaciones o estudios exploratorios, pero no tiene el rigor científico para considerarlo un estudio epidemiológico formal”.
Los resultados del estudio revelan que no existen diferencias significativas para la salud de quienes habitan en las inmediaciones del río en comparación al resto de la población metropolitana. No obstante, abunda el también rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el tamaño de la muestra carece del valor estadístico para sostener dicha conclusión.
“A diferencia de la muestra de 138 viviendas que fue utilizada, la muestra mínima necesaria tendría que haber sido de 384 viviendas en cada municipio”.
Ramírez Anguiano agregó que “este tipo de estudios no puede ni debe utilizarse como evidencia, ni siquiera como referencia para deslindar el daño a la salud por la exposición al río de los habitantes de El Salto y de Juanacatlán”.
Polígono de Alta Fragilidad
Martha Ruth del Toro, titular de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) anunció el decreto del Polígono de Alta Fragilidad para la Cuenca de El Ahogado desde 2009, en pleno tiempo electoral.
Hace un par de semanas, argumentó que no tenía todos los puntos “amarrados”, y ahora, después de que la Secretaría de Salud presentó el estudio, la Semades convocó a rueda de prensa para presentar el documento final, que apenas se envío a la Secretaría General de Gobierno.
Principales acciones
-La Semades instrumentará el Fondo Estatal de Protección al Ambiente, lo cual se está gestionando ante la Secretaría de Finanzas.
-Las autoridades deberán condicionar las autorizaciones de giros comerciales, industriales o de servicios, a la instalación de tecnología para el tratamiento como mínimo de tipo primario de las aguas residuales.
-Para nuevos permisos de industrias o de núcleos habitacionales, la Semades, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tendrán que dar el visto nuevo.
-Integrar un padrón de permisos de descargas vigentes a drenajes y cuerpos de agua.
-El SIAPA y municipios deben fijar condiciones de descarga a drenaje o alcantarillado de todos los giros no domésticos (en la zona conurbada existen alrededor de 200 mil y sólo son inspeccionadas cerca de 400 empresas).
-En las obras de infraestructura urbana, deben incluirse mecanismos para la captación de agua pluvial y re-utilización de aguas residuales.
-Monitorear, vigilar e inspeccionar la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento.
-Semades elaborará un plan de contingencia ante posibles riesgos ambientales en la zona de influencia de la cuenca.
-Crear observatorios ciudadanos de denuncia.
TELÓN DE FONDO
Cuestionamiento internacional
En la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, está abierto el expediente sobre la contaminación del Río Santiago. El caso inició en 2003.
México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental, respecto de la gestión de los recursos hídricos en la Cuenca Hidrológica Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.
La consecuencia es el grave deterioro ambiental y desequilibrio hídrico de la cuenca, señalaron la Fundación Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, la Sociedad Amigos del Lago de Chapala, el Instituto de Derecho Ambiental, Vecinos de la Comunidad de Juanacatlán, Jalisco, el Comité Pro-Defensa de Arcediano, Amigos de la Barranca, Ciudadanos por el Medio Ambiente, Amcresp y Red Ciudadana, en su petición a la CCA. Esta última pidió una explicación al Gobierno mexicano.
En la réplica, México afirmó que dado que los ríos Santiago y Verde presentan contaminación debido a que reciben descargas de aguas residuales, municipales e industriales sin tratamiento, el proyecto de la Presa Arcediano está condicionado al control de las fuentes de deterioro mediante la recolección, conducción y tratamiento total de las aguas residuales.
Además, el proyecto integral del Gobierno de Jalisco consideró la construcción de la presa en paralelo a las actividades de saneamiento y aprovechamiento integral de la cuenca. Por esto se planearon obras asociadas a la presa, que consistían en la construcción y operación de seis plantas de tratamiento de aguas residuales, un túnel colector de cuencas y una planta de tratamiento de lixiviados.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) opera la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad el Agua y lleva a cabo acciones de inspección y vigilancia. En el caso particular del Río Santiago hay 12 sitios de vigilancia, cinco de los cuales se ubican en la porción correspondiente a Jalisco, esto lo dio a conocer el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental en mayo de 2005.
En mayo de 2008, la CCA giró órdenes para elaborar un expediente de hechos, en el que se recopilaría información pertinente, ya sea técnica, científica o de otro tipo, proveniente de organizaciones no gubernamentales, personas interesadas o expertos independientes.
En noviembre de 2008, más de 20 asociaciones, organizaciones, grupos ambientalistas y ciudadanos entregaron testimonios y datos sobre la contaminación y manejo de la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico. Hasta la fecha no se han emitido conclusiones.
La secretaria estatal de Medio Ambiente, Martha Ruth del Toro, presentó el documento —está en revisión en la Secretaría general de Gobierno y se publicará en seis semanas para convertirse en ley—, que contiene un Plan Integral de Acciones con 55 puntos tomados de la “macrorrecomendación” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por la contaminación del Río Santiago, que se había presentado en enero de 2009.
La funcionaria precisó que la meta es resolver la problemática ambiental de la cuenca, “atacando” la contaminación en su origen, y atender las afectaciones que sufren las poblaciones aledañas. Para obligar a los ayuntamientos y dependencias estatales y federales al cumplimiento del decreto, se creará un órgano técnico mixto que vigilará el seguimiento y la ejecución de los acuerdos.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) será responsable de sancionar el incumplimiento tanto del decreto como de la legislación vigente, que prohíbe contaminar el agua del río.
El Polígono de Alta Fragilidad abarca 745.77 kilómetros cuadrados (26% es área urbana, y el resto rural) de los municipios de Tlaquepaque, Tonalá, Juanacatlán, Zapopan, Tala, El Salto, Ixtlahuacán del Río, Tlajomulco de Zúñiga y Guada
Sorprenden críticas por estudio de mortalidad en El Salto y Juanacatlán
Por sorpresa tomó a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) el desplegado que publicara ayer en los medios impresos la Universidad de Guadalajara (UdeG), a través del Comité de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, como crítica al estudio realizado por la dependencia estatal en la zona de El Salto y Juanacatlán.
El director de Salud Pública de la SSJ, Mario Márquez Amezcua, habló en representación del secretario, Alfonso Petersen Farah, y aseguró que el Comité no los invitó a la sesión donde se discutió el tema.
“Los que tenemos la información somos nosotros, y con mucho gusto hubiéramos acudido a participar. Como no nos convocaron, el día de hoy (ayer) estamos pidiéndole al presidente del Comité (Marco Antonio Cortés Guardado) la minuta del acta”.
Insistió en que el estudio es tan sólo una base para de ahí partir con una investigación científica, que pueda orientar a saber más acerca de los problemas de salud de la zona.
Más que estar en contra o a favor, el funcionario señaló que tanto la SSJ como la UdeG, así como otras instancias involucradas, deberían estar unidas para hacer un frente común y coadyuvar en las acciones en la zona.
Respeta la opinión de la máxima casa de estudios, pero asegura que la Secretaría siempre dejó en claro en qué consistía el estudio.
“Nosotros tenemos otros elementos para poder defender lo que hicimos, siempre dijimos que era un estudio de percepción, los estudios epidemiológicos, nuestros certificados de defunción, son nuestras únicas fuentes que tenemos, pero ellos están viendo la moneda desde otro lado”.
En el mismo tema, Márquez Amezcua subrayó que si se cuenta con las condiciones necesarias, acepta que la zona sea considerada como zona de desastre ambiental.
Llueven descalificaciones
Para el secretario técnico del Comité Universitario de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Víctor Manuel Ramírez Anguiano, el estudio presentado el pasado 10 de febrero por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) sobre la percepción de la morbilidad y mortalidad de los habitantes de las inmediaciones del Río Santiago, no reúne los requisitos de un estudio epidemiológico formal, científico y técnico.
“La validez del cuestionario, por ejemplo, en los términos en que se realizaron las preguntas, la dimensión de las variables produce un subregistro de la morbilidad, y ese tipo de cuestionarios que se realizaron se utilizan para hacer indagaciones o estudios exploratorios, pero no tiene el rigor científico para considerarlo un estudio epidemiológico formal”.
Los resultados del estudio revelan que no existen diferencias significativas para la salud de quienes habitan en las inmediaciones del río en comparación al resto de la población metropolitana. No obstante, abunda el también rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el tamaño de la muestra carece del valor estadístico para sostener dicha conclusión.
“A diferencia de la muestra de 138 viviendas que fue utilizada, la muestra mínima necesaria tendría que haber sido de 384 viviendas en cada municipio”.
Ramírez Anguiano agregó que “este tipo de estudios no puede ni debe utilizarse como evidencia, ni siquiera como referencia para deslindar el daño a la salud por la exposición al río de los habitantes de El Salto y de Juanacatlán”.
Polígono de Alta Fragilidad
Martha Ruth del Toro, titular de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) anunció el decreto del Polígono de Alta Fragilidad para la Cuenca de El Ahogado desde 2009, en pleno tiempo electoral.
Hace un par de semanas, argumentó que no tenía todos los puntos “amarrados”, y ahora, después de que la Secretaría de Salud presentó el estudio, la Semades convocó a rueda de prensa para presentar el documento final, que apenas se envío a la Secretaría General de Gobierno.
Principales acciones
-La Semades instrumentará el Fondo Estatal de Protección al Ambiente, lo cual se está gestionando ante la Secretaría de Finanzas.
-Las autoridades deberán condicionar las autorizaciones de giros comerciales, industriales o de servicios, a la instalación de tecnología para el tratamiento como mínimo de tipo primario de las aguas residuales.
-Para nuevos permisos de industrias o de núcleos habitacionales, la Semades, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tendrán que dar el visto nuevo.
-Integrar un padrón de permisos de descargas vigentes a drenajes y cuerpos de agua.
-El SIAPA y municipios deben fijar condiciones de descarga a drenaje o alcantarillado de todos los giros no domésticos (en la zona conurbada existen alrededor de 200 mil y sólo son inspeccionadas cerca de 400 empresas).
-En las obras de infraestructura urbana, deben incluirse mecanismos para la captación de agua pluvial y re-utilización de aguas residuales.
-Monitorear, vigilar e inspeccionar la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento.
-Semades elaborará un plan de contingencia ante posibles riesgos ambientales en la zona de influencia de la cuenca.
-Crear observatorios ciudadanos de denuncia.
TELÓN DE FONDO
Cuestionamiento internacional
En la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, está abierto el expediente sobre la contaminación del Río Santiago. El caso inició en 2003.
México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental, respecto de la gestión de los recursos hídricos en la Cuenca Hidrológica Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico.
La consecuencia es el grave deterioro ambiental y desequilibrio hídrico de la cuenca, señalaron la Fundación Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, la Sociedad Amigos del Lago de Chapala, el Instituto de Derecho Ambiental, Vecinos de la Comunidad de Juanacatlán, Jalisco, el Comité Pro-Defensa de Arcediano, Amigos de la Barranca, Ciudadanos por el Medio Ambiente, Amcresp y Red Ciudadana, en su petición a la CCA. Esta última pidió una explicación al Gobierno mexicano.
En la réplica, México afirmó que dado que los ríos Santiago y Verde presentan contaminación debido a que reciben descargas de aguas residuales, municipales e industriales sin tratamiento, el proyecto de la Presa Arcediano está condicionado al control de las fuentes de deterioro mediante la recolección, conducción y tratamiento total de las aguas residuales.
Además, el proyecto integral del Gobierno de Jalisco consideró la construcción de la presa en paralelo a las actividades de saneamiento y aprovechamiento integral de la cuenca. Por esto se planearon obras asociadas a la presa, que consistían en la construcción y operación de seis plantas de tratamiento de aguas residuales, un túnel colector de cuencas y una planta de tratamiento de lixiviados.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) opera la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad el Agua y lleva a cabo acciones de inspección y vigilancia. En el caso particular del Río Santiago hay 12 sitios de vigilancia, cinco de los cuales se ubican en la porción correspondiente a Jalisco, esto lo dio a conocer el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental en mayo de 2005.
En mayo de 2008, la CCA giró órdenes para elaborar un expediente de hechos, en el que se recopilaría información pertinente, ya sea técnica, científica o de otro tipo, proveniente de organizaciones no gubernamentales, personas interesadas o expertos independientes.
En noviembre de 2008, más de 20 asociaciones, organizaciones, grupos ambientalistas y ciudadanos entregaron testimonios y datos sobre la contaminación y manejo de la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico. Hasta la fecha no se han emitido conclusiones.
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