CONTROVERSIA...

Controversia del Congreso por El Zapotillo

  LA CONTROVERSIA busca corregir modificaciones acordadas por Emilio González Márquez con el Gobernador de Guanajuato en convenio que no fue autorizado por el Poder Legislativo de Jalisco.

El Occidental

8 de septiembre de 2012

El Congreso del Estado interpuso controversia constitucional contra el Ejecutivo Federal y los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, por la construcción de la presa El Zapotillo y en detrimento de los jaliscienses, informó en entrevista exclusiva, Luis Enrique Villanueva Gómez, director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado.

Mediante decreto presidencial del 7 de abril de 1995, el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, declaró de "interés público" y constituyó la "reserva" de aguas superficiales del Río Verde para "uso doméstico" y "público urbano" por un volumen anual máximo de 504 millones 576 mil metros cúbicos, de los cuales se reservaron para Jalisco 384 millones 739 mil metros cúbicos y para Guanajuato 119 millones 837 mil metros cúbicos.

Le impuso además una restricción a la Conagua para que no otorgara nuevas concesiones o asignaciones de las aguas del Río Verde para usos distintos a los establecidos.

El 17 de noviembre de 1997 el presidente Zedillo reformó el decreto para el único efecto de preservar un volumen de las aguas superficiales del Río Verde para un uso pecuario por 12 millones 600 mil metros cúbicos para apoyar a los productores ganaderos, fomentar la producción de cárnicos y exportación.

Esto provocó la modificación de los volúmenes quitándole a Jalisco 12 millones 600 mil metros cúbicos y Guanajuato no sufrió detrimento alguno.

El 16 de octubre el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, explicó Villanueva Gómez, suscribió un convenio de coordinación con el Ejecutivo Federal por conducto de la Conagua y el Gobernador de Guanajuato en el que se establecen cambios sustanciales en los volúmenes reservados de las aguas del Río Verde para el estado de Jalisco, mismos que por decreto presidencial se declararon de interés público, modificando a su vez el proyecto de la presa "El Zapotillo".

Indicó el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado que para Los Altos de Jalisco se destinan 56 millones 764 mil 800 metros cúbicos; para la Zona Conurbada de Guadalajara son 104 millones 68 mil 800 metros cúbicos.

También se acordó modificar el proyecto de la presa "El Zapotillo" si para ello fuera factible, técnica y socialmente, incrementando la altura de la cortina de 80 metros como originalmente estaba proyectada a 105 metros, "lo que provocará que se inunden dos poblaciones del estado de Jalisco".

Con dicho convenio de coordinación, dijo el abogado del Poder Legislativo, Jalisco y sus municipios se vieron perjudicados al dejar de tener el "derecho inalienable" y no estar en la aptitud de recibir los volúmenes de aguas superficiales anuales, inicialmente declaradas como reservas de Jalisco y ser de "orden público" para usos "domésticos", "público urbano" y "pecuario", con un detrimento en su derecho inalienable adquirido con antelación.

Teniendo ahora, explicó, dos cuotas de agua individualizadas: una por 104 millones 68 mil 800 metros cúbicos anuales, para la Zona Metropolitana de Guadalajara y otra por 56 millones 764 mil 800 metros cúbicos anuales para municipios de Los Altos de Jalisco, de los 372 millones 139 mil metros cúbicos anuales que originalmente por derecho inalienable le corresponden a Jalisco.

Reiteró que con este convenio de coordinación se "sufre por omisión", un detrimento en el abasto de volúmenes de aguas anuales para usos domésticos y público urbano para Jalisco por 211 millones 305 mil 400 metros cúbicos, lo que equivale a un detrimento aproximado de más del 56% que es "tracto sucesivo".

Por lo que el ejecutivo estatal de Jalisco y demás funcionarios que suscribieron el convenio invaden la esfera de atribuciones que el estado determinó para su "régimen de derecho interno", como lo es la atribución exclusiva del Poder Legislativo Jalisco para facultar y autorizar la suscripción de convenios cuya vigencia trasciendan a su periodo constitucional.

Ya que con ello invade la esfera de atribuciones del Poder Legislativo al atribuirse facultades que no le corresponden y pretendiendo modificar la voluntad la voluntad del constituyente permanente.