"Juicio del Siglo" en Brasil: fiscal pidió cárcel para los acusados
La compra de votos en el Congreso bajo el gobierno de Lula da
Silva (2003-2010) representa el "más atrevido y escandaloso caso de
corrupción" en Brasil y 36 de los 38 acusados deben ir a la cárcel,
incluido el poderoso exministro José Dirceu, dijo este viernes el fiscal
ante la Corte Suprema.
Acusan a ex funcionarios de Lula da Silva de comprar apoyos en el Parlamento - AFP
Durante cinco horas, Gurgel expuso las acusaciones contra 38 políticos, empresarios y banqueros, incluidos tres exministros de Lula y varios dirigentes históricos del PT (izquierda), el Partido de los Trabajadores que gobierna Brasil desde hace casi 10 años.
La fiscalía pidió la absolución, por falta de pruebas, de dos de los procesados: el exministro de Comunicación Luiz Gushiken y Antonio Lamas, extesorero del extinto Partido Liberal, una de las cinco formaciones implicadas en el escándalo.
En el llamado "juicio del siglo", Gurgel aseguró tener las pruebas suficientes para demostrar que en el primer gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2006) operó un sofisticado esquema delictivo que compró apoyos en el Parlamento.
"Fue sin duda el más atrevido y escandaloso caso de corrupción y de desvío de dinero público descubierto en Brasil", sostuvo Gurgel ante los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF).
"Esto ocurría entre cuatro paredes, pero no en cuatro paredes comunes, sino en cuatro paredes de un palacio presidencial", afirmó.
Se trató de "una sofisticada organización delictiva, un sistema de enorme movimiento financiero al margen de la legalidad", que tenía como objetivo "comprar los votos de los parlamentarios", señaló Gurgel.
Detrás de todo estuvo Dirceu, afirmó el fiscal en referencia al exguerrillero de 66 años y exjefe de gabinete de Lula, quien renunció al gobierno y luego fue despojado de su escaño en el Congreso cuando estalló el escándalo en 2005.
"Puedo decir sin riesgo de cometer la más mínima injusticia que José Dirceu fue la principal figura (...), el mentor de la acción y su gran protagonista. Fue José Dirceu el que idealizó este sistema ilícito de la formación de la base parlamentaria de apoyo al gobierno", afirmó.
La red de corrupción estaba compuesta por un "núcleo político, un núcleo financiero y un núcleo operativo".
Sus actividades fueron denunciadas en 2005 por uno de los acusados, el exdiputado Roberto Jefferson (PTB, Partido Laborista Brasileño, centro), pero sus operaciones se remontan a la campaña de 2002 que llevó a Lula al poder por primera vez.
El expresidente, que logró la reelección hasta 2010 pese al escándalo, fue excluido de la causa penal y ha negado siempre que supiera de dicho esquema.
Dirceu, según la acusación, se alió con José Genoino, otro de los acusados y expresidente del PT, y con el empresario Marcos Valerio de Souza para "cometer delitos contra el sistema financiero, contra la administración pública, contra la fe pública".
Dirceu enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión.
Marcos Valerio de Souza obtuvo contratos con el Estado y contrajo préstamos con bancos privados y públicos, desviando parte de los recursos para pagar cuentas de campaña del PT y comprar apoyos en el Congreso, de acuerdo con la acusación.
La organización incurrió "en corrupción activa, corrupción pasiva, peculado, lavado de dinero y gestión fraudulenta", señaló el fiscal, insistiendo en que el fin último era formar "una coalición parlamentaria de apoyo al gobierno".
"Los parlamentarios cooptados para componer la coalición aliada al gobierno recibieron personalmente o valiéndose de intermediarios, valores en dinero que fueron entregados por el esquema de lavado de dinero operado por Valerio y su grupo", añadió.
Previo al juicio, todos los acusados rechazaron los cargos y sólo Delubio Soares, extesorero del PT, aceptó su responsabilidad por no haber registrado todos los ingresos a las cuentas del partido, una práctica conocida en Brasil como "caja dos".
Sin embargo, la fiscalía cree que el caso va mucho más allá y acusa al PT y a cuatro partidos más de aliarse para cometer graves delitos, asegurando tener evidencias de la entrega de dinero a políticos a cambio de proyectos que fueron aprobados en el Congreso.
Gurgel no suministró una cifra total del dinero que pudo ser desviado pero varias veces mencionó millonarios giros para los beneficiarios.
Apoyada en peritajes policiales, la oposición estima que hasta unos 50 millones de dólares fueron utilizados para el pago de votos.
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