EL SALTO SE CUECE APARTE...

Calificación maniatada

Anna G. Lozano

El Tribunal Electoral de Jalisco ha recibido 92 juicios de inconformidad por presuntas irregularidades cometidas durante la jornada electoral del pasado 1 de julio. Pero, según vaticinan académicos consultados por Proceso Jalisco, lo que determine esa instancia no podrá modificar los resultados, ni siquiera en Guadalajara, donde el excandidato panista Alberto Cárdenas cabildea incesantemente con el presidente del tribunal y moviliza a sus seguidores para que tomen las calles…
El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco (TEPJE) ignorará las inconsistencias de las elecciones para gobernador y presidentes municipales puesto que en la ley existen lagunas que se lo permiten, además de las presiones políticas para que los magistrados simplemente deleguen responsabilidades, coinciden académicos consultados por Proceso Jalisco.
El TEPJE recibió 92 juicios de inconformidad, 41 presentados por el PAN, siete por el PRI, cinco por Movimiento Ciudadano y el resto, en lo individual, por otros candidatos inconformes.
Hasta el momento sólo diez han sido resueltos.
Se mantuvo la sanción de mil días de salario mínimo que acordó imponer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) a Clemente Castañeda, Enrique Alfaro y el Partido Movimiento Ciudadano por sus señalamientos contra el PRI y por denostar a las instituciones y se desechó el juicio de inconformidad que presentaron Movimiento Ciudadano y Acción Nacional contra la validez de la elección de la candidata ganadora en el municipio de San Martín Hidalgo; se calificaron de infundados sus argumentos jurídicos.
En entrevista con Proceso Jalisco el profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, Jesús Ibarra Cárdenas, advierte que los juicios de inconformidad no van a incidir en el resultado final y califica de “insostenible” invalidar una elección en Jalisco.
Actualmente el TEPJE le da prioridad a los juicios municipales, toda vez que tienen como plazo de vencimiento el 10 de septiembre. Por este motivo, asegura, el caso de la gubernatura está más que perdido, pues no hay pruebas contundentes que demuestren que se violaron los principios constitucionales el día de la elección.
Recuerda que por ley el TEPJE sólo está facultado para revisar lo que sucedió el día de la elección y no antes. Esto debido a la reforma de 2007 al artículo 99 de la Constitución, que determina que sólo la instancia electoral podrá anular una elección por causas graves ocurridas el día del sufragio.
“Esto quiere decir que el Tribunal no está facultado para analizar los casos de la guerra sucia durante las campañas. Las instituciones están sometidas a la voluntad de los partidos y difícilmente se van a quitar esa camisa de fuerza impuesta por el PRI para defender y limpiar una elección, y políticamente hablando lo que más le conviene al Tribunal es desechar las inconformidades y pasarle la bolita a la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal”, expone.
Experto en la materia de argumentación jurídica, señala que Jalisco no verá un caso de anulación de elección como la de Morelia en diciembre de 2011. Pese a que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán declaró improcedente la impugnación del PAN y validó el triunfo de PRI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección en el estado por dos razones. La primera, la transmisión por televisión del cierre de campaña del candidato a gobernador de los partidos PRI y PVEM estuvo fuera de los tiempos oficiales que distribuye el IFE. Y segundo, por la transmisión en televisión de la polémica pelea de box celebrada en Las Vegas entre el mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao, la noche antes de la elección, en la que el boxeador mexicano portaba en su calzoncillo el emblema del PRI.
“Jalisco vive condiciones diferentes. Ahí fueron los magistrados del Tribunal Federal los que se portaron a la altura y limpiaron la elección, pero además ellos sí tenían elementos de peso para anularla (…) En Jalisco no pasará esto y la izquierda tendrá que esperar hasta 2018; lo que indigna es la actuación y complicidad del IEPC durante el proceso electoral, y que los magistrados del Tribunal Electoral poco harán en el tema”, dice.
También estima improbable que se anule el resultado para la alcaldía de Guadalajara, donde el panista Alberto Cárdenas Jiménez impugnó ante el TEPJE el triunfo del candidato de la coalición PRI-PVEM Ramiro Hernández García. De acuerdo con Ibarra Cárdenas, los alegatos de la impugnación de Cárdenas Jiménez son infundados, pues gran parte de su denuncia se centra en la presunta intervención de las iglesias evangélicas durante la jornada electoral en favor de la coalición, al asegurarle alrededor de 47 mil votos, una cifra coincidente con la diferencia de sufragios que llevó a la derrota al exgobernador de Jalisco.
La estrategia del panista se basa en lo que sucedió en Zimapán, Hidalgo, en 2009 donde se declaró la nulidad de la elección municipal al considerar que los sacerdotes de la parroquia de San Juan Bautista realizaron actos de proselitismo a favor del candidato del PRD. Un caso similar sucedió en Yurécuaro, Michoacán en 2007, donde el candidato ganador del PRI fue acusado ante las autoridades electorales locales de haber usado símbolos religiosos durante su campaña y dar una misa en agradecimiento a quienes votaron por él. La elección se anuló. Sin embargo en ambos casos la diferencia de votos entre el primer y el segundo lugar era mínima.
Ibarra califica de absurdo que el PAN “utilice este recurso como arma política cuando ellos también lo han hecho”. Ejemplifica que en 2003 se anularon las elecciones de Tepotzotlán, Estado de México y en Zamora, Michoacán, tras comprobarse la intromisión de la Iglesia en favor del blanquiazul. “Pero esta vez no veo elementos claros ni pruebas contundentes para probar cómo la Iglesia logró movilizar 50 mil votos”, afirma Ibarra.
Concuerda el también investigador de la Universidad de Guadalajara Andrés Valdés Zepeda y señala que la derrota de Cárdenas se atribuye a cuatro factores: el desgaste natural de 18 años de gobierno, la crisis económica y de inseguridad, la división interna del partido y deficiencias en la campaña política. Recuerda que además quienes veían a Cárdenas Jiménez como la carta fuerte olvidaron que ya no estamos en 1995 y que la juventud ahora exige la alternancia.
También afirma que los elementos para impugnar la elección en Guadalajara son poco viables ya que, dice, en el TEPJE no valen los dichos sino las pruebas documentales y los testimonios; no deben valer ni la presión callejera ni las amistades de los magistrados con los candidatos.
A fin de dar a conocer a la ciudadanía su perspectiva sobre las anomalías en la elección, el pasado 28 de julio simpatizantes de Alberto Cárdenas repartieron volantes en diferentes cruceros de la capital tapatía.
Cárdenas no desiste y aprovecha cualquier ocasión para reunirse con el presidente del TEPJE, José de Jesús Reynoso Loza, en lo que se conoce como “alegatos de oreja”. Reynoso por su parte aseguró que las resoluciones de los magistrados serán “legales y no políticas” y aunque no niega su amistad con algunos excandidatos aseguró que “nada se negocia en lo oscurito”.
Cárdenas se ha reunido varias veces con el presidente del TEPJE lo que de nada servirá, dicen fuentes internas del Tribunal, pues Reynoso “tiene inclinaciones priistas”.
El caso de El Salto se cuece aparte

Los dos investigadores consultados por Proceso Jalisco admiten que si alguna elección debe anularse es la del municipio de El Salto –donde resultó ganador el candidato del PRI, Joel González Díaz– pues representa el ejemplo más evidente de impunidad y desaseo electoral.
“En el caso de El Salto es donde se tienen más pruebas viables para anular la elección. Hay más sustancia y evidencia clara. Sin embargo, debe haber un análisis que muy probablemente no anule la elección sino que termine en una sanción económica, pues vamos muy atrasados en este sistema democrático” menciona Valdés.
Concuerda su colega del ITESO: “El Salto es el más claro ejemplo de impunidad con compra de votos, rebase de topes de campaña y uso indebido de los recursos públicos. Sin embargo, todas las pruebas de la parte sucia de los comicios no las puede revisar el Tribunal, pues eso le corresponde a la Fepade y a la Unidad de Fiscalización del IFE y del IEPC y ellos lo más que pueden hacer es meter a la cárcel a los que compraron votos y sancionar con una multa a los partidos. Ahí tenemos el caso de Amigos de Fox y el Pemexgate”, dice Ibarra.
Según el expediente integrado en la impugnación –del que este semanario posee copia– se presentan testimonios, fotos y videos sobre la desmedida compra y coacción del voto, intimidación a los votantes por parte de las autoridades de seguridad pública y funcionarios del ayuntamiento, así como participación de gente armada.
Los documentos muestran irregularidades en ocho de las 26 secciones electorales del municipio, lo que significa que casi 80 casillas tuvieron anomalías. Los denunciantes esperan que las prueban sirvan para invalidar la elección, donde por poco más 2 mil votos se le otorgó el triunfo a González Díaz, hermano del actual alcalde.
En el expediente se integró una fe de hechos levantada por el notario público numero 1 del municipio de El Salto, José de Jesús González Cuevas, quien constató la presencia de agentes de seguridad pública en el exterior de las casillas 2035 y 2031 y personas armadas en el interior de las casillas 2032, y 2034.
Hubo violencia y levantones en la sección 2049.También se alega la presencia en la sección 2033 de la subdirectora de Desarrollo Social de El Salto, María Guadalupe Gutiérrez Barajas quien condicionó el voto a cambio de apoyo, así como la presencia de las hermanas del candidato de la coalición PRI-PVM, Magdalena y Evelia, quienes estaban en la casilla 2036 “supervisando” la elección.
En entrevista con este semanario el candidato panista por El Salto, Adán Flores estima que el TEPJE podría no invalidar la elección, pero entonces acudirían al Tribunal Federal, ante el cúmulo de irregularidades que se certificaron antes y durante la elección.