Transparencia y rendición de cuentas, en grave riesgo
La negativa de la mayoría de los diputados del Congreso del Estado para que Augusto Valencia López continúe en el cargo por un nuevo periodo en la presidencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública (ITEI), sienta no sólo un mal precedente, sino que además manda una señal muy peligrosa a una sociedad civil que aún no logra exigir una plena rendición de cuentas de sus gobiernos y funcionarios.
Por ese hecho, en muchos ciudadanos vuelve a surgir el desencanto y la desilusión a considerar que los espacios de “apertura” que ha creado el Estado –como los institutos electorales y las comisiones públicas de derechos humanos–, sean los conductos viables para la transformación de las estructuras del Estado.
Institución acotada
Es preocupante para la sociedad que un derecho tan estratégico para la democracia y la participación ciudadana se ponga en riesgo. Se observa entonces que no son pocos los funcionarios y políticos ven en el derecho a la información un peligro para sus oscuros intereses.
Por ello, la postura asumida por los diputados contra Valencia López puede sumarse a las actuales tendencias del gobierno federal y estatal de censurar, coartar y reprimir la libre manifestación, la denuncia pública y el derecho de petición, entre muchos otros derechos, pues base de ellos es precisamente el derecho a tener información oportuna y veraz.
Así las cosas, los únicos sectores que tendrán asegurado un amplio derecho a la información serán el gobiernos y los poderes fácticos; que pueden obtener toda la información que quieran al más viejo estilo de concentrar, a mayor información mayor poder; y para imponer a la sociedad sus proyectos políticos o económicos (ahí está el caso de Temacapulín, pero abundan ejemplos); mientras que la sociedad no contará ahora con la garantía de acceder a dicho derecho.
Las explicaciones de los diputados –de escasa calidad argumentativa– para no ratificar en el cargo a Valencia López y la forma en que se sometió a votación el acuerdo, demuestran que se manda un mensaje demasiado claro en términos de la autonomía e independencia para un organismo: no conviene que lo presida una persona con inteligencia, honestidad y alta capacidad crítica; que lo que se quiere en realidad es colocar ahí a un presidente a modo, acotado, dócil y maleable. Y ya se apunta Guillermo García Murillo.
Congruencia incómoda
Era evidente que Valencia López es un personaje incómodo, no sólo para el gobierno y partidos políticos, sino también para los poderes fácticos que se han beneficiado de donativos del erario público. Pero además, lo ha sido para los otros organismos “autónomos”.
De los tres organismos autónomos en la entidad, sólo le faltaba al PAN controlar el ITEI. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) es de sobra conocido el sometimiento que tiene a los dos grupos panistas hegemónicos de la entidad (ramirezacuñistas y emilistas en ese orden). La prueba está en que se está convirtiendo en una instancia de gestión de indemnizaciones y no de cuestionamiento de abusos de poder. Respecto del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEYPC), sólo faltaba contentar el berrinche de David Gómez Álvarez, para que el panismo lo llevara de la mano a sentarse en la presidencia del organismo electoral.
A la CEDHJ el ITEI le recomendó hacer un reglamento interno de transparencia; la obligó a abrir sesiones del Consejo Ciudadano que por años permanecieron cerradas, a entregar información de una recomendación que indebidamente reservó, relativa a las fiestas sexuales donde acudía el procurador del Estado. Pero además incomodó, sobre todo al PAN, porque era el partido del que más información solicitan recurrentes, entre ella los famosos padrones de afiliados, que aunque negados, resultaban una verdadera molestia para el dirigente Eduardo Rosales, quien en una revancha propia del Medioevo, se encargó de denunciarlo ante el propio IEYPC. Para tratar de maniatarlo también le recortaron presupuesto.
Al IEYPC Valencia le cuestionó la adquisición de autos de lujo; y a políticos el oportunismo trapecista.
Por ello, lo que no le perdonaron a Valencia López es que además de ser un personaje sensible a exigir la máxima transparencia en todo órgano público, fuera una persona con independencia de criterio, que dijera lo que pensaba y peor, que acudiera libremente a observar manifestaciones y análisis públicos como el relativo al Estado laico, entre otros temas incómodos para el gobierno.
Información sin garantías
No sólo en el campo los derechos humanos llegamos tarde, sino que ahora, en materia de información, los pasos se están dando hacia atrás. Ha sido en estas administraciones panistas donde se han dado los retrocesos más serios y burdos para vulnerar este “nuevo” derecho humano. Gracias a la presión ciudadana se evitó someter al ITEI a los dictados del Tribunal Administrativo. Ahora no hay garantía de nada.
El gran aporte del ITEI durante la gestión de Valencia López ha sido que los ciudadanos pueden ahora construir su propia información para actuar en el ejercicio de una más amplia convicción ciudadana, para no depender del todo de los medios tradicionales de comunicación, mucho menos la información masticada y dosificada del poder público.
Ojalá y el Congreso recapacite de esta injusta decisión. Mientras tanto, la sociedad civil debe asumir un compromiso más activo con la rendición de cuentas, como un mecanismo para regenerar los tejidos de la credibilidad en las instituciones, hoy tan vapuleada, y para asegurar su propia supervivencia en medio de tantas formas de autoritarismo.
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