El Lobby

RAÚL TORRES

Hoy se cumple un año de la marcha en que más de 2 mil pobladores de El Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán se plantaron frente a Palacio de Gobierno para exigir que el gobernador del estado los atendiera para comprometerse a resolver sus demandas. Al mismo tiempo y con la misma exigencia, otras 300 personas de las mismas localidades bloqueaban con palos y piedras la carretera libre a Zapotlanejo. Pero la forma en que ese día el gobierno del estado resolvió la atención de sus ciudadanos fue el presagio de lo que pasaría con las peticiones de quienes padecen a diario los efectos de la contaminación en el río Santiago.

Ese día, el gobernador del estado, Emilio González, casualmente no trabajó en su despacho de Palacio de Gobierno, por lo que los empleados de los empleados de sus empleados, es decir, funcionarios de tercer nivel, tuvieron que salir, tras varias horas de desidia, para atender un problema prioritario del estado. A un año no hay respuesta concreta a esas peticiones ciudadanas, respaldadas por una realidad innegable.

Aquel día, los manifestantes reclamaban que se decretara emergencia ambiental en El Salto, Juanacatlán y Puente Grande; que se construyera una planta de tratamiento en cada municipio para limpiar el agua que llega al río Santiago; que se diera a conocer qué sustancias se descargan al cauce del río; que se construyan hospitales para atender las enfermedades en la zona; que se implementara una red de monitoreo diaria del aire en las zonas aledañas a las partes más contaminadas del río; que se cerrara el basurero Los Laureles, receptor de la basura doméstica de Guadalajara; que la empresa Caabsa, responsable del manejo de Los Laureles, indemnice a los afectados por el tiradero; que se detuvieran los permisos para la construcción de más viviendas en la zona; que se declarara área natural protegida a la serranía que comparten El Salto, Juanacatlán, Tonalá, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo y Atotonilco, y que en las decisiones del gobierno en la zona se le tome en cuenta a los ciudadanos.

Las respuestas puntuales no han llegado, o tal vez sí, pero con esa forma común de actuar de los gobiernos, ignorando a sus ciudadanos: a todo se ha dicho no, o algún día.

En días pasados, Rafael Elvira Quesada, titular de la Semarnat, se encargó de responder explícitamente a la primera petición del pliego: dijo que la zona de El Salto, Juanacatlán y Puente Grande no se declarará zona de emergencia ambiental para no espantar las inversiones.

Ciertamente, la Comisión Estatal del Agua tiene contemplado que todos los municipios tengan su propia planta de tratamiento, pero hasta ahora siguen las dudas de cómo garantizará que todas esas plantas funcionen correctamente y logren tratar adecuadamente las aguas. En especial, las dudas se ciernen sobre las macroplantas de tratamiento de la Zona Metropolitana, pues como ya lo ha reconocido César Coll, ambas tendrán sistemas de tratamiento bióticos que pueden resultar dañadas si reciben aguas industriales no tratadas previamente. En este tema, la CEA ya tiene acercamientos con los industriales de la Zona Metropolitana para hacer que éstos pretraten sus aguas. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué van a hacer con las descargas clandestinas que saben que existen pero no han podido (o querido) controlar?

Recientemente, la CEA presentó su primer diagnóstico de la contaminación a lo largo de todo el Santiago a su paso por Jalisco; sin embargo, apenas se hizo público y varios profesionales del tema lo cuestionaron por considerar que no estaba completo, sobre todo en cuestión de metales pesados y lo que éstos provocan al entrar en contacto entre sí. Además, dicen los que saben bien de esto, no existe hasta el momento un estudio de lodos que pueda determinar el grado de contaminación en el lecho del río.

En cuanto a la construcción de hospitales y la implementación de una red de monitoreo, son bien conocidas ya las deficiencias con que laboran tanto a la Secretaría de Salud Jalisco y la Semades, cuyo sistema de monitores del aire en la ZMG es ya obsoleto.

Los nuevos fraccionamientos continúan proliferando en la zona de El Salto, sólo hace falta darse una vuelta por la carretera que va de la cabecera municipal hacia Chapala para ver la cantidad de nuevas casas de “interés social”. En cuanto a la declaratoria de área natural protegida de la serranía próxima a estas comunidades, nadie se ha pronunciado al respecto para explicar si es no viable esta petición y por qué.

Finalmente, se pide al gobierno del estado que en sus decisiones involucre a los ciudadanos. Lo que ha pasado con este pliego petitorio, que no es tema menor, no ha merecido ningún pronunciamiento concreto y directo salvo lo que el 14 de abril del año pasado dijo el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, quien aseguró que el gobierno del estado sí atiende el tema y muestra de ello es el entubamiento del canal de El Ahogado para evitar que su miasma afectara a los pobladores de la zona. Quien vaya a El Salto y cruce por el puente de Juanacatlán podrá darse cuenta de que ese tubo descarga toda su mugre (según la CEA es la fuente de contaminantes más intensa del Santiago) justo debajo de la cascada por la que algún día esa zona fue conocida como el Niágara mexicano. Así, las descargas más sucias siguen cayendo en una zona habitada; el paliativo parece servir de poco.

Hoy, a las 11 de la mañana, en la Plaza de Armas, diversas organizaciones recordarán lo que sucedió hace un año y las cosas que han venido trabajando desde entonces a falta de respuestas contundentes de las autoridades.

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