Agora
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Agua 2007-2030
Pasaron casi dos años de gestación, pero el parto fue de lo más alentador. La macrorrecomendación que emitió ayer la CEDHJ por la infamia ambiental en El Salto y Juanacatlán deberá sentar un precedente que, si es empujado desde la sociedad –partidos y gobierno están metidos de lleno en otros menesteres cuyas iniciales son 5 de julio–, habrá de cambiar, pero a la voz de ya, las bárbaras condiciones que al menos por 20 años han prevalecido en esa zona que comprueba lo que siempre sucede: la realidad supera a la ficción.
Hay dos vertientes que el mamotreto de casi 300 cuartillas incluye, y que son vitales para terminar con los círculos de Dante y paliar los efectos de la cascada de la muerte. La primera, obligar a las autoridades a hacer algo de inmediato, a declarar zona de emergencia el lugar, a obtener fondos de todos lados y a construir infraestructura que, a la voz de ya, no dentro de “algunos años” –promesa sempiterna– ponga fin a la contaminación. La segunda es integrar un patronato similar al que se creó luego de las explosiones del 22 de abril de 1992, para que las personas que han sufrido enfermedades que van desde cutáneas hasta cáncer, puedan acceder luego de un estudio autónomo, a una indemnización acorde con el tamaño del olvido inhumano de las autoridades nuestras de cada día.
No será fácil. En el renglón de infraestructura, de seguro la autoridad dirá que ya está en proceso de construcción la planta de tratamiento de El Ahogado, un avance sí, pero insuficiente y que todavía tardará al menos dos años en estar lito. En el renglón de reparación del daño, pagar y hacer justicia a los perjudicados será reconocer que la Secretaría de Salud nomás se ha hecho como que la Virgen le habla en el tema, y ya vemos que Emilio El Amigo es el principal ropaje que todas las mañanas Alfonso Gutiérrez Carranza se pone como blindaje ante los cuestionamientos a su labor.
Entre las violaciones que el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, dijo fueron documentadas luego de 94 evidencias recabadas y un proceso de estudio interdisciplinario que tardó unos 20 meses, están el derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, alimentación, al patrimonio, legalidad, seguridad social, desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, y los derechos de niñas y niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social.
Alfonso Hernández Barrón, tercer visitador de la CEDHJ y quien estuvo a cargo de ventilar la queja, dijo que uno de los análisis que más llamó la atención fue que de la lectura de actas de defunción de habitantes de los municipios afectados, se desprende que los fallecimientos por cáncer ocurridos de 1978 a 2008 han tenido un incremento de 179 por ciento, lo que hace necesario un estudio a fondo por la Secretaría de Salud y motiva a identificar a quienes claramente fueron afectados por la convivencia con el río para luego padecer la letal enfermedad. Otras afecciones, como los ataques coronarios, la diabetes y las infecciones en la piel, también se dispararon claramente de acuerdo con el estudio.
Precampañas, aspiraciones de los mismos para llegar a no hacer nada pero en su siguiente cargo, anuncios rimbombantes de que la mayor inversión en la vida jalisciense está en marcha, todo eso no significa nada ante la evidencia de que el río ha causado y seguirá causando muertes a ojos vistas. Son muchos los involucrados en la solución, pero son más los que viven cotidianamente un problema de lesa humanidad. Felicidades a la CEDHJ por un documento completo, ahora corresponde a todos hacer cumplir las recomendaciones y obligar a quienes en su megalomanía sólo piensan en sus intereses personales cuando se les paga para que hagan todo lo contrario.
Viene el 13 de febrero, el primer aniversario del fallecimiento de Miguel Angel, una de las muertes mejor documentadas y más lamentables producto del río. Será un día en que los demonios de El Salto harán ídem.
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