El abogado de la familia del niño interpuso un amparo ante la nula respuesta de la PGJE
Investiga la Procuraduría General de la República la muerte de Miguel Angel López
La PGR deberá llamar a comparecer al secretario de Salud y a César Coll, dijo Juan Manuel Estrada
JORGE COVARRUBIAS
Raúl Luna, quien fuera tutor de Miguel Angel López, en rueda de prensa. Imagen de archivo Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ La Procuraduría General de la República (PGR) investiga la muerte del niño Miguel Angel López Rocha, quien el próximo 13 de febrero cumplirá un año de haber fallecido. Un fallecimiento que ha quedado impune y cuyas causas no han sido reconocidas por la autoridad competente: intoxicación por altas concentraciones de arsénico que entraron a sus pulmones al caer a un lecho del río Santiago, cercano a la casa donde vivía en el municipio de El Salto.
La averiguación procede luego de que el defensor de la familia del menor, Juan Manuel Estrada Juárez, interpusiera un amparo debido a que la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) no había iniciado investigaciones y se limitaba a levantar actas circunstanciadas que para el caso no tienen ningún valor legal.
“Al no iniciarse la averiguación penal, todas las actuaciones eran nulas de derecho, porque la ley es muy clara, tienen que ser en una averiguación penal para que todo tenga validez. Entonces, con base en un ordenamiento de un juez federal le dice a la Procuraduría: hay elementos suficientes para que ésta sea una averiguación penal y por fin se abre la averiguación penal”, comentó Estrada Juárez.
El jueves de la semana pasada, los padres del menor acudieron a la Agencia del Ministerio Público de El Salto y ahí les confirmaron que la muerte de Miguel Angel se turnó a la PGR desde mediados de septiembre, toda vez que la instancia local no cuenta con un área específica en delitos ambientales, por tanto, será la Subprocuraduría Especializada en Derechos Ambientales que está en la ciudad de México la responsable de darle seguimiento.
Estrada explicó que se inician dos procedimientos, uno en el ámbito local, que perseguirá la Agencia del Ministerio Público de El Salto con el número de averiguación 2817/08, y el de la PGR, con número de averiguación 345/2008, la cual consiguieron que se abriera gracias al amparo interpuesto.
Los padres del menor, Carmen Rocha y Raúl Luna, también solicitaron al Ministerio Público una copia certificada de todos los expedientes que sobre el tema se han elaborado para demandar por la vía civil a los presuntos responsables y obligarlos a reparar el daño.
Según su defensor, la PGR deberá llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Salud, Alfonso Gutiérrez Carranza, y a quien está al frente de la Comisión Estatal de Agua (CEA), César Coll Carabias, porque antes de que ocurriera el desenlace trágico del menor, ambos funcionarios habían sido advertidos de la contaminación peligrosa que ronda en el río Santiago dada a conocer por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el informe de febrero de 2007 Evaluación de riesgo e impacto a la salud en la población de la zona conurbada de Guadalajara por la construcción de la presa de Arcediano, cuyo estudio revela las inconsistencias y complejidades que rodean el proyecto del vaso lacustre y el alto grado de contaminación del río Santiago.
Además de estos servidores públicos, debe comparecer el empresario industrial Javier Gutiérrez Treviño, líder del Consejo Coordinador de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), para ratificar que está dispuesto a tomarse un “buche de agua” del río Santiago, como declarara ante los medios de comunicación en un claro afán por frenar el escándalo que motivó la muerte de Miguel Angel.
Desde el fallecimiento del niño han comparecido un total de 18 testigos, incluyendo los paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al llamado de auxilio, cuando Miguel Angel presentaba los primeros síntomas de la intoxicación por arsénico.
El personal del Hospital General de Occidente –donde fue atendido–, la toxicóloga Luz María Cueto y el médico forense Mario Rivas Souza, reconocen ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) que el niño murió por intoxicación de arsénico; sin embargo, el problema es con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que asegura que el deceso se debió a una septicemia generalizada.
Estrada Juárez dijo que ellos no reconocen los resultados del IJCF, pues la dependencia no se los ha dado a conocer y por tanto están fuera de contexto.
“Todos los médicos del Hospital General de Occidente, desde que lo toman van en ese sentido, la gente que lo atendió aquí, todo va en ese sentido de la ingesta de arsénico del menor. Nuestro problema vendría siendo ya con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y ya no con el doctor Rivas Souza, sino con la segunda persona que hace la autopsia”, dijo.
Estrada señaló que en la ciudad de México cuentan además con el respaldo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, un organismo no gubernamental que tiene amplia experiencia en delitos ambientales y en ese sentido están más seguros de que habrá una determinación más a fondo.
Agregó que adjuntarán a la demanda civil para solicitar la reparación de daños, la macrorrecomendación sobre la contaminación del río Santiago que se espera hará mañana la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Vamos a aportar nosotros como medio de prueba al juicio civil, porque no encuentra el Ministerio Público un responsable directo de la contaminación de las aguas, el Ministerio Público del fuero común”, dijo.
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