Emilio González le resta importancia por falta de pruebas
Letra muerta, las recomendaciones de la CEDHJ para el gobierno del estado
El gobierno de un estado que está a la vanguardia en derechos humanos, según el último informe de actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), convierte en letra muerta recomendaciones que se dieron a conocer en las últimas semanas, una de carácter nacional (12/2010) y dos estatal (35/2009 y 36/2009).
El mandatario Emilio González Márquez le restó importancia a las tres y en ninguna aceptó responsabilidad o la necesidad de que intervenga el gobierno del estado.
De entrada, reiteró que la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha no se debió por caer al río Santiago, porque a la fecha no existe un dictamen forense que lo señale, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 12/2010 desmintió esta versión (que sostiene el gobierno del estado desde 2008), en base al expediente clínico, el informe sobre los altos parámetros de arsénico encontrados por un laboratorio particular; el certificado de defunción; la necropsia y denuncia presentada ante la unidad de la Procuraduría General de Justicia especializada en investigación de delitos cometidos contra el ambiente y la opinión médica emitida por personal de la coordinación de servicios periciales de la CNDH.
“Si existiese un dictamen de la autoridad especializada, algún forense, que dictaminara sobre esto, evidentemente nosotros estaríamos haciendo frente a esa responsabilidad”, aseveró el jefe del Ejecutivo.
González Márquez recordó la hipótesis de que Miguel Ángel López Rocha no pudo morir por ingesta de agua del río Santiago, porque ésta debió de ser en una “cantidad extraordinaria” y según aseveró, no fue así, a pesar de que el actual secretario de Salud, Alfonso Petersen Farah, también aceptó que su deceso se originó por ingerir agua contaminada con arsénico de ese río, tras darse a conocer la recomendación de la CNDH.
“No hay evidencias de la primera aseveración, por el contrario hay estudios de la contaminación del río Santiago y hay estudios sobre la concentración de arsénico, que es lo que al parecer causó la muerte de Miguelito. Las concentraciones de arsénico que se han detectado en el río Santiago no lo señalan como el causante de la muerte, sin embargo, esto no es un tema a debatir, sino presentar los resultados técnicos sobre la materia”, añadió.
Respecto a la recomendación 35/2009 emitida por la CEDHJ, en la que se le solicita que pare la construcción de la prensa de El Zapotillo, el jefe del Ejecutivo aclaró que la obra está a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y “por lo tanto nosotros no podemos recibir una recomendación sobre una obra que nosotros no estamos construyendo”.
“Creo que existe la instancia nacional en materia de derechos humanos por si se considera que llevarle agua a Guadalajara es violatoria de derechos humanos, pues que la Comisión Nacional (de Derechos Humanos) se lo recomiende a la Comisión Nacional del Agua. Es un tema netamente federal”, puntualizó.
Desmintió además que se ejerza presión sobre los habitantes de Temacapulín, Palmarejo y Acasico para que vendan sus propiedades y que la muestra está en que el proceso de compra no ha concluido.
Al igual que el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Najera, el gobernador fue evasivo cuando se le cuestionó sobre la otra recomendación emitida por la CEDHJ, 36/2009, en la que se pide iniciar procedimientos contra 172 integrantes de la policía estatal por abusos graves y tampoco mostró preocupación por los señalamientos que se documentan en ésta.
“En cuanto se lea, se investiga y si tiene razón, se actúa”, refirió sin ahondar.
En tanto, el secretario de Seguridad Pública fue cortante y sólo aseguró que si se leen las 186 páginas de la recomendación, se entenderá que es un “error” calificar como graves los abusos señalados.
Dicho documento indica que tras haber concluido la investigación de las 52 quejas presentadas en contra de policías de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, se acreditaron detenciones arbitrarias, irrupciones en domicilios particulares, lesiones, maltrato físico y sexual, robos y en general abusos de autoridad cometidos en 19 municipios.
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