CEDHJ pide al gobernador que detenga El Zapotillo
La comisión le advierte a Emilio González que no deberá autorizarse ninguna nueva edificación que afecte a los tres pueblos que desaparecerían con la nueva presa.
- Sáb, 20/03/2010 - 05:00
Guadalajara.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) pidió al gobernador de Jalisco que ordene la suspensión de cualquier trabajo orientado a construir la presa El Zapotillo, en Los Altos, por las violaciones a los derechos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los tres pueblos que serían inundados por esta obra.
Se trata de la recomendación 35/2009, la misma que los vecinos organizados de esos poblados, agrupados en el Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, habían reclamado al ombudsman estatal, Felipe Álvarez Cibrián, que hiciera pública, pues la incluyó en el resumen de su tercer informe anual de trabajo, pero no les había remitido copia, ni se sabía si las autoridades involucradas, en este caso el gobernador Emilio González Márquez, ya habían recibido la notificación (Público, 19 de marzo de 2010). De hecho, apenas ayer la CEDHJ actualizó, con información de las recomendaciones 34, 35 y 36, su sitio web www.cedhj.org.mx.
La solicitud de la CEDHJ advierte al gobernador que el perjuicio para los vecinos de esas tres comunidades es evidente y se refleja no sólo en el estado de sus poblaciones, que han sufrido falta de mantenimiento y deficiencias de servicios públicos, sino, sobre todo, en la salud emocional de los habitantes, quienes acusan síntomas de estrés y enfermedades por la amenaza contra sus pueblos.
Según el documento, por culpa del proyecto de El Zapotillo se han violado los derechos de esos vecinos “a la legalidad y seguridad jurídica, propiedad, vivienda digna, trabajo, preservación del ambiente, patrimonio común de la humanidad y al desarrollo, vinculadas a las acciones y omisiones de las autoridades en torno al proyecto de construcción”.
La CEDHJ le señala al gobernador que las autoridades, incluyendo a su gobierno, han incumplido su obligación legal de consultar a los vecinos acerca del proyecto, pero además varios instrumentos que tienen que ver con el procedimiento adecuado para aprobar la presa o cualquier obra pública, informar de ello a los afectados y justificar la ubicación que desean la Comisión Nacional del Agua (CNA) y el gobierno de Jalisco: “El proyecto se efectúa sin contar con los elementos técnicos, jurídicos y científicos adecuados para medir el impacto antropológico, social y ambiental que se provocaría […] No existe ningún decreto dictado por el Presidente de la república, o por autoridad competente, en el que se determine que el lugar de construcción de la presa para la utilización y aprovechamiento de los recursos hídricos del río Verde deba ser el predio El Zapotillo”.
Y, como han denunciado los afectados, también subraya que, si la presa se construye como lo proponen las autoridades, “quedarían bajo las aguas no sólo edificaciones con valor histórico y antropológico, sino la memoria de sus pobladores, con lo que se afectarían sus derechos a la democracia, a la identidad como comunidades y los colectivos como poblaciones organizadas”.
Entre otras cosas, el ombudsman local también le pide al jefe del Ejecutivo que visite las tres poblaciones y discuta el futuro de la presa con sus habitantes. Desde que, en 2007, la CEDHJ recibió las primeras quejas en torno al proyecto y el peligro para las comunidades, Emilio González Márquez no ha visitado la zona en ninguna ocasión.
La recomendación está dirigida al gobernador como autoridad responsable, pero hace también solicitudes diversas al Congreso del Estado y a los legisladores jaliscienses en el Congreso federal, así como a varios ayuntamientos jaliscienses, incluyendo a Cañadas de Obregón y Mexticacán, que son los dos municipios donde se asientan las tres comunidades en peligro.
Un proyecto con costos
A propuesta de Jalisco, en 2007 creció el proyecto de la presa El Zapotillo, ubicado sobre una cañada del río Verde, en Los Altos. En comparación con el primer proyecto, que data de 2005, las diferencias son: altura de cortina, 25 metros más (de 80 a 105 m); almacenamiento, 449 millones de metros cúbicos más (de 411 a 860 millones de m3), y área de inundación, mil hectáreas más (de 2,300 a 3,300 ha.
Esto garantizaría un gasto firme de 8.9 m3 por segundo, que incluyen 3.8 m3 para León, Guanajuato; 1.8 m3 para catorce municipios de Los Altos y 3.3 m3 para la zona conurbada de Guadalajara. Jalisco pasa así a ser el principal beneficiado, con 5.1 m3 por segundo.
Costo negativo: deberán reubicarse tres pueblos, 300 casas: Temacapulín, Palmarejo y Acasico.
“Realizar la sobreelevación de la cortina implica un incremento en los costos del proyecto del orden de 800 millones de pesos, que serán absorbidos de forma conjunta por la CNA y el gobierno de Jalisco, en los porcentajes que se definan para tal fin”, explica el documento del convenio firmado entre la CNA y los dos estados, en agosto de 2007.
Lo que se recomienda
Al gobernador
La CEDHJ le pide que gire instrucciones a las áreas de la administración pública a su cargo que correspondan para que se cumplan los siguientes puntos, entre otros:
Suspender de inmediato “cualquier movimiento de tierra, nivelación, compactación y desmonte en el sitio en el cual se pretende construir la presa El Zapotillo, en tanto se cumplen las condiciones a que hacen referencia las recomendaciones. En caso de que se requiera la intervención de autoridades federales, realicen las gestiones necesarias para llevar a cabo la suspensión”.
Invertir recursos para hacer estudios sobre alternativas a El Zapotillo, que respeten a las comunidades que podrían verse afectadas
Abstenerse de cualquier acto de hostigamiento contra pobladores o dueños de casas en las tres poblaciones.
Iniciar una consulta entre los afectados, que permita, incluso, hallar otras soluciones a los problemas de agua en la región.
Cumplir con los puntos que le tocan de la “macrorrecomendación” acerca de la contaminación del río Santiago.
Que, en adelante, se informe a las poblaciones jaliscienses de cualquier obra que pudiera afectar su vida, su salud y su medio ambiente.
Que vaya a Temacapulín, Acasico y Palmarejo y hable con sus vecinos,
Mientras el punto anterior no se cumpla, que lance una campaña de salud.
A los legisladores jaliscienses locales y en el Congreso federal
Que promuevan reformas para que la Ley Estatal de Salud salvaguarde el bienestar de la gente en proyectos de obra pública.
Que exhorten a la Semarnat y a la CNA, para que se incluya la evaluación del impacto a la salud como un requisito para proyectos de infraestructura, y que se exhorte al INAH para que emita dictámenes que protejan edificios valiosos en Temacapulín.
A siete ayuntamientos de la ZMG y 20 de la cuenca del río Verde Grande
Que inicien proceso para renovar infraestructura hidráulica.
A los ayuntamientos de Mexticacán y Cañadas de Obregón
Que, en los planes de desarrollo urbano, consideren objetivos que adecuen al territorio la distribución de la población y sus actividades económicas, salvaguarden el patrimonio cultural, y protejan el entorno ambiental.
Fuente: Recomendación 35/2009, disponible en www.cedhj.org.mx
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