Comienza juicio por contaminación de plomo en El Salvador
El plomo afectó a residentes de una zona al noroeste de la capital. ESPECIAL
- El juicio tendrá duración de tres meses
Serán analizados tres ingenieros que laboraban en la empresa
SAN SALVADRO, EL SALVADRO (31/MAY/2011).- Un Tribunal de Sentencia en El Salvador comenzó el juicio contra tres ingenieros de una planta de baterías que fue cerrada en 2007 tras detectarse la contaminación con plomo que causó y afectó a residentes de una zona al noroeste de la capital, informaron fuentes judiciales.
Una fuente de los juzgados de San Salvador explicó hoy a Efe que este lunes se instaló la vista pública, que tendrá una duración de tres meses, en la que la Fiscalía comenzó la exposición de la base acusatoria, la cual podría tomar entre dos y tres semanas.
El portavoz explicó que por lo "voluminoso" y "complicado" del caso se requerirá de una exposición minuciosa por parte del fiscal, que señala a Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito de los presuntos delitos de contaminación agravada y omisión por comisión.
Los procesados "se desempeñaban como ingenieros en distintas áreas dentro de la empresa Baterías de El Salvador", señaló el Centro Judicial Isidro Menéndez en un boletín de prensa e indicó que los procesados gozan de "medidas sustitutivas" y se presentan regularmente al juzgado.
Mientras los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, están prófugos y fueron declarados rebeldes.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decretó emergencia ambiental en una zona al noroeste de San Salvador, alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en cuatro mil habitantes.
La emergencia, prorrogada en febrero pasado hasta agosto después de seis meses de estar en vigor, afecta a un "área comprendida dentro del radio de mil 500 metros a partir de las instalaciones de donde funcionó" la planta de fabricación y reciclaje de la Sociedad de Baterías de El Salvador, detalló el decreto anunciado en ese entonces por el despacho de Medio Ambiente.
La empresa, que elaboraba la marca de baterías para automóviles Récord, operaba en un poblado rural de la ciudad de San Juan Opico (43 kilómetros al noroeste de San Salvador).
Ese despacho indicó que en pruebas efectuadas junto a la Agencia de Protección Ambiental de EU. (EPA, por sus siglas en inglés) se detectó que en algunos lugares había niveles de 30 mil y 40 mil partes de plomo por millón de partículas, cuando la norma establece como límite 400 partes por millón de partículas.
Los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica, que fue cerrada por no contar con permisos legales de funcionamiento, puede alcanzar un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35 mil personas.
Una fuente de los juzgados de San Salvador explicó hoy a Efe que este lunes se instaló la vista pública, que tendrá una duración de tres meses, en la que la Fiscalía comenzó la exposición de la base acusatoria, la cual podría tomar entre dos y tres semanas.
El portavoz explicó que por lo "voluminoso" y "complicado" del caso se requerirá de una exposición minuciosa por parte del fiscal, que señala a Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito de los presuntos delitos de contaminación agravada y omisión por comisión.
Los procesados "se desempeñaban como ingenieros en distintas áreas dentro de la empresa Baterías de El Salvador", señaló el Centro Judicial Isidro Menéndez en un boletín de prensa e indicó que los procesados gozan de "medidas sustitutivas" y se presentan regularmente al juzgado.
Mientras los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, están prófugos y fueron declarados rebeldes.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decretó emergencia ambiental en una zona al noroeste de San Salvador, alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en cuatro mil habitantes.
La emergencia, prorrogada en febrero pasado hasta agosto después de seis meses de estar en vigor, afecta a un "área comprendida dentro del radio de mil 500 metros a partir de las instalaciones de donde funcionó" la planta de fabricación y reciclaje de la Sociedad de Baterías de El Salvador, detalló el decreto anunciado en ese entonces por el despacho de Medio Ambiente.
La empresa, que elaboraba la marca de baterías para automóviles Récord, operaba en un poblado rural de la ciudad de San Juan Opico (43 kilómetros al noroeste de San Salvador).
Ese despacho indicó que en pruebas efectuadas junto a la Agencia de Protección Ambiental de EU. (EPA, por sus siglas en inglés) se detectó que en algunos lugares había niveles de 30 mil y 40 mil partes de plomo por millón de partículas, cuando la norma establece como límite 400 partes por millón de partículas.
Los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica, que fue cerrada por no contar con permisos legales de funcionamiento, puede alcanzar un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35 mil personas.
EFE / SEGN Hoy 09:39 hrs
