Por Temacapulín a limpiar el lodo del SIAPA

RADAR

Jaime Barrera Rodríguez

2011-06-02•Al Frente

El arraigo no tiene precio.

Por eso el pseudodiálogo entre los inconformes con la construcción de la presa El Zapotillo (que inundará las tres comunidades del municipio alteño de Cañadas de Obregón donde viven) con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua estaba condenado al fracaso.

Ninguna oferta económica, ningún planteamiento de interés público por la urgencia de agua en León y Guadalajara iba a convencer a quien de la noche a la mañana le dicen que tendrá que desalojar la única vivienda que ha morado y la comunidad de la que no se ha alejado más de 20 kilómetros a la redonda. Aún si se tratara de una minoría como alegan autoridades federales y estatales, el derecho a defender sus comunidades, apoyados incluso por activistas externos, nadie se los puede quitar. Más aún porque cada uno de los quejosos mantiene una auténtica oposición. No buscan ningún otro interés que defender el suelo en el que nacieron sus antepasados y en el que quieren pasar el resto de sus días.

No se podía esperar por ello, que ayer aceptaran en el quinto y último encuentro que tuvieron con las autoridades, la previsible determinación de inundar sus pueblos y no cambiar un ápice el proyecto original de la presa El Zapotillo, con el argumento de que los intereses de 2.4 millones de habitantes que se beneficiarán con la presa son superiores a los de mil habitantes inconformes, con lo que incluso podrían reimpulsar un decreto expropiatorio iniciado hace semanas.

Las autoridades llegaron a estas mesas sabedores que sería un diálogo de sordos. Pero que les sirvió para desactivar el plantón de los inconformes con el que bloquearon las obras en la presa y aprovecharon los dos meses que duraron las infructuosas negociaciones para apresurar los trabajos.

Legalmente los opositores poco pueden hacer para ganar este litigio.

Resulta obligado por ello, que en retribución a esta impuesta ‘solidaridad con la nación’ a los moradores desplazados se les cumpla estrictamente lo prometido. Hay que decir que las viviendas ofrecidas en el nuevo centro de población son, en la mayoría de los casos, mejores a las que actualmente habitan. Falta que se cumpla el traslado piedra por piedra de los edificios que un dictamen del INAH obligó a preservar por su gran valor histórico y patrimonial. Falta también como una prueba de voluntad y generosidad política el retiro de las denuncias penales que prometieron cuando se negoció el levantamiento del plantón y el inicio del diálogo. Pero sobre todo este episodio obliga a autoridades estatales y federales a emplearse a fondo para deslindar las responsabilidades de los que desviaron los fondos internacionales con los que se dotaría de agua a las colonias pobres de la zona metropolitana, argumento central con el que ayer se decretó ahogar las comunidades y la historia de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.