El relator del derecho a la alimentación de la ONU y la presa El Zapotillo
La Organización de las Naciones Unidas cuenta con relatores temáticos para la defensa de los derechos humanos en el mundo. Su trabajo consiste en investigar, recibir denuncias y elaborar informes de la situación de algún derecho en particular en cada país; esta labor la realizan visitando los lugares afectados, escuchando a las organizaciones civiles relacionadas con la temática, al mismo tiempo que dialogan con las autoridades del país en cuestión. Actualmente existen relatores para atender diversos derechos, algunos de ellos son el relator contra la tortura y los tratos crueles y degradantes; el relator contra las desapariciones forzosas; relator contra las detenciones arbitrarias; el relator para vigilar los atropellos contra los niños; el relator para los abusos contra la mujer; y el relator especial sobre el derecho a la alimentación. Éste último se encuentra visitando México, incluyendo en su recorrido los estados de Chiapas y Jalisco.
En esta visita, tiene importancia medular el recorrido que realizará por Temacapulín, para indagar personalmente las condiciones de los pueblos que serán afectados por la construcción ilegal de la presa El Zapotillo. Pero además, en su itinerario se incluye la visita a Talicoyunque, el lugar de tierras áridas e improductivas al cual las autoridades tienen contemplado desplazar a los pueblos afectados.
¿Por qué interesa que el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación conozca directamente de la construcción de la presa El Zapotillo? Sencillamente porque el derecho humano a la alimentación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, sería violado por las autoridades mexicanas y por las empresas involucradas, de concretarse la construcción de la presa.
El derecho a la alimentación está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en ese sentido el comité que monitorea el cumplimiento de este derecho por parte de los estados signatarios, ha definido este derecho como el “ el derecho de todo hombre, mujer y niño, solo o en conjunto con otros, a tener acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a los medios para conseguirla a través de formas que sean consistentes con la dignidad humana”. Este derecho, a su vez, incluye todos los elementos de la seguridad alimentaria, es decir, disponibilidad, accesibilidad y utilización de los alimentos.
Por eso es que México, al haber firmado ese Pacto, se comprometió a respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación. La obligación de respetar el acceso existente a la alimentación, requiere que los estados no tomen ninguna medida que pueda impedir este acceso. Por su parte, la obligación de proteger, implica que los estados tomen medidas para garantizar que ninguna empresa o individual prive a los individuos de acceder a la alimentación. Esto es precisamente lo que México está violando, al permitir, avalar y auspiciar la construcción de la presa El Zapotillo. Con esta presa se viola el derecho humano a la alimentación, porque se los pueblos afectados se quedarán sin los recursos con los que cuentan actualmente para satisfacer ese derecho. Al construirse en ese lugar la presa, los pobladores se quedarán sin su sustento alimenticio, porque, de ser un pueblo dedicado a la siembra de siembra de maíz, chile de árbol, cacahuate, calabaza, frijol, alfalfa, pepino, jitomate, perejil, zanahoria, calabaza, jícama, sandía, melón, camote, rábano, lechuga, cilantro, cebolla, ajo y papa, sus tierras más fértiles serán inundadas; no podrán llevar a cabo la actividad productiva de ganadería; tampoco podrán continuar con la pesca en el río Verde; los ingresos que genera el turismo gracias a sus aguas termales, ya no podrán realizarse, por lo que será otro motivo más de violación de derechos.
Será de gran valía la visita del relator de la ONU, Olivier de Schutter, a Temacapulín y Talicoyunque, para que pueda verificar personalmente, que las autoridades mexicanas y las empresas involucradas, pretenden desplazar a varias comunidades a un lugar de peñascos, donde no es posible cultivar, donde no hay agua, un lugar árido, en el que las personas desplazadas no podrán tener acceso a mejores condiciones de vida, en las que se respete su derecho a la alimentación y al agua. Esa información y más, deberá conocerla de primera fuente el relator del derecho a la alimentación; debe saber que México está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por dedicarse a hacer negocios privados sin importarle los derechos de las personas afectadas.
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