Las comunidades deben ser escuchadas ante iniciativas de desarrollo: Alberto Herrera

Amnistía Internacional exige al gobierno federal frenar las obras de El Zapotillo

Sin el aval de la sociedad, se concreta un primer atropello a los derechos humanos, dice el padre Solalinde

MAURICIO FERRER

La oficina de Amnistía Internacional en México y el padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos humanos, exigieron ayer al gobierno federal que pare la construcción de la presa El Zapotillo, avalada por la Secretaría de Gobernación y que inundará a los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en la región Altos de Jalisco.

“Desde aquí hacemos un enfático llamado a las autoridades federales para que suspendan las obras de la presa El Zapotillo hasta que no se garanticen los derechos de las comunidades afectadas por estas obras”, expresó Alberto Herrera, director ejecutivo de la oficina de Amnistía Internacional en México, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, donde presentó el Informe del Estado de los Derechos Humanos en el Mundo de Amnistía Internacional.

El miércoles pasado, autoridades de Gobernación y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunciaron que la construcción de El Zapotillo continuará a pesar de los inconformes y advirtieron que usarán todo el peso de la ley si los pobladores pretenden parar las obras.

Herrera refirió al principio elemental de legalidad que impera en torno a Temacapulín. Describió el amparo que pobladores del lugar obtuvieron para la suspensión de la construcción de la presa, la recomendación que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió al respecto y los riesgos de inundación para las comuidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

“Una dimensión más profunda tiene que ver con el respeto de los pueblos. Hay un respeto central al derecho de consulta; las comunidades deben ser escuchadas ante cualquier iniciativa de desarrollo nacional y, mandar a los pueblos a la periferia, pues queda en cuestión ese perfil de desarrollo. Ese aspecto no sólo lo vemos en El Zapotillo sino de manera sistemática en La Parota, en Guerrero y en Wirikuta (en San Luis Potosí) que representa un riesgo enorme para la comunidad huichola”, declaró Herrera.

Alejando Solalinde manifestó que tanto el gobierno como la Iglesia pueden tener proyectos maravillosos pero que, si no tienen el aval de la sociedad, se concreta un primer atropello a los derechos humanos.

“En el caso de El Zapotillo tenemos un proyecto, pues vamos platicándolo con la gente para eso se nos dio la palabra, hablando se entiende la gente”, dijo.

Como parte del informe de Amnistía Internacional, Herrera dijo que ya no es tiempo que las autoridades planeen sobre el papel acciones para la protección de los derechos humanos. Dijo que 2010 va a ser un año recordado por poner a México en un estado crítico en materia de la salvaguarda de las garantías individuales.

“Secuestros, asesinatos, impunidad, ineficiencia en los casos de abusos contra mujeres, olvido de las comunidades indígenas, nulos avances contra la impunidad en la guerra sucia, carente protección a periodistas y defensores de derechos humanos forman este mosaico que resalta la deuda histórica que México tiene en materia de derechos humanos”, según Herrera.

El activista advirtió el peligro de la Ley de Seguridad Nacional si se aprueba en el Congreso de la Unión. “(La ley) nos lleva al lado opuesto al que debemos caminar, en caso de aprobarse, debilitaría la protección de los derechos humanos en México, la propuesta de dictamen debería incluir estrictos controles civiles hacia el Ejército”, puntualizó.