Incumplieron: no convocaron a Semarnat ni al INAH, se quejan

Conagua y Segob no quieren negociar, sólo hacen montajes, acusan los de Temaca

JORGE COVARRUBIAS

Un día después de que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Secretaría de Gobernación (Segob) terminaran con la mesa resolutiva en la que decidieron que la presa El Zapotillo debe construirse a toda costa, se intensificó la seguridad en la zona donde se levanta el embalse con la presencia de al menos 30 policías federales para impedir que miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, vuelvan a tomar el lugar e impidan que continúe la obra, como ya sucedió durante una semana el pasado mes de marzo.

La postura de ambas instituciones representadas por José Luis Luege Tamargo en la primera y Juan Marcos Gutiérrez por la Segob, fueron interpretadas por el Comité como una acción intimidante y manifiesta intención de criminalizar la protesta ciudadana y el legítimo derecho de los habitantes a oponerse al proyecto hidráulico.

“Su objetivo fue claro: sostener el montaje mediático de supuesto diálogo con nosotros, para al final de cuentas rectificar que la presa El Zapotillo continúa construyéndose, es un proyecto que no se detiene y no desean a resolver el conflicto social que ellos mismos han originado con su imposición desde hace seis años”, señala el Comité en un comunicado de prensa en el que mantienen su exigencia a las autoridades para que retiren las denuncias penales en contra de quienes hicieron un campamento en el sitio de obra.

Precisan que se incumplió también con el acuerdo de convocar a la mesa resolutiva a otras autoridades involucradas en el proyecto de la presa: Semarnat, INAH y presidentes municipales de Cañadas de Obregón, Mexticacán y León, Guanajuato.

Se menciona además un punto que pasó inadvertido a los medios de comunicación. El Comité detectó que durante la mesa resolutiva se permitió el ingreso de trabajadores vestidos del mismo color que no pasaron por el registro previo e ingreso al salón de convenciones, que operó “como grupo de choque al momento de una reacción nuestra. Donde es importante señalar que había niños y ancianos”.

Había también habitantes que decidieron vender o negociar la reubicación, lo que supuso exponerlos a una confrontación con quienes no desean salir del pueblo.

En un segundo comunicado, el Comité exhibe una evaluación de las cuatro mesas que antecedieron a la resolutiva, y expresa que llegaron con el ánimo de encontrar una propuesta de entendimiento y solución pacífica, sin embargo, se toparon con autoridades que no respetaron, que no estuvieron a la altura de las circunstancias, y que tomaron las mesas como un simple trámite y no como un espacio para la construcción de alternativas y soluciones.

Resaltan que a cinco años de lucha y resistencia al proyecto han recurrido a un sinnúmero de acciones políticas, sociales y jurídicas, para evitar la destrucción de los pueblos.

“Estamos defendiendo a los animales, a nuestros templos, nuestras casas, nuestras calles, nuestra vegetación, nuestros ríos, estamos defendiendo y luchando por nuestra memoria, nuestros nombres, nuestros cuerpos, nuestros muertos, que no lo están, porque defendemos la herencia que nos han conferido para mantenerla y preservarla para nuestros hijos, por eso luchamos, por la memoria, por la generosidad, por la alegría, por la esperanza, por la vida, contra la muerte”.

El Comité expone que la presa se construye en total ilegalidad, sin respetar los derechos humanos de los afectados, que se trata de un proyecto incompleto que no consideró los impactos sociales, ambientales y culturales, de acuerdo a los lineamientos de la Comisión Mundial de Represas y que al momento de valorar las diferentes alternativas se tomaron en cuenta únicamente los criterios económicos, sin considerar los efectos sociales y ambientales, así como la búsqueda de otras opciones sustentables para el abasto de agua.

“No demostraron que cuentan con la autorización de cambio de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Cañadas de Obregón. El segundo es la existencia de un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que determina que el 70 por ciento del pueblo de Temacapulín debe ser considerado monumento histórico, patrimonio nacional, por lo que no es posible la reubicación del mismo. Y finalmente mostraron una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), incompleta y mal hecha para la cortina de 105 metros, con información insuficiente que la Conagua entregó a la Semarnat”.

Entre los argumentos que ofrecieron los afectados, además del dictamen técnico del INAH que sugiere la preservación del pueblo por su alto contenido histórico, mencionan el descubrimiento de una especie endémica de agave, el Agave temacapulinensis, que por ser única en el mundo y estar en peligro de extinción, debe tener protección legal y de la Norma Oficial Mexicana 059.

El Comité decidió manifestar que hacen responsables a las autoridades federales, específicamente a la Secretaría de Gobernación, ante cualquier hecho que pueda pasar o ponga en riesgo a la comunidad y la integridad física de los habitantes, aliados y movimientos que los acompañan.

De su lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco condenó la actitud de las autoridades federales contra pobladores y opositores a la presa y dijo que todo lo que han realizado hasta ahora está apegado a la ley, en un reclamo justo por su tierra y tradiciones.

“Hoy de pie, frente a la prepotencia, el autoritarismo, la sordera y ceguera de aquellos que quieren que nuestros territorios se ahoguen con la represa de Zapotillo, les decimos que como muchos pueblos de México y del mundo estamos enteros/as y continuaremos defendiendo con dignidad y fuerza nuestro territorio”.