No es lo mismo limpiar que no ensuciar
El jueves 9 de diciembre de 2010, la Comisión Estatal del Agua (CEA) hizo pública una propuesta de política de saneamiento del agua para el estado de Jalisco. Se trata de asumir gran parte de los costos de operación de las plantas tratadoras de agua instaladas en los municipios ya que éstos, según se argumenta, no se encuentran en condiciones financieras para hacerlas funcionar.
Lo anterior es inviable por varias razones:
Se sabe que la contaminación más dañina proviene de los desechos tóxicos de la actividad productiva y que las descargas domésticas representan un problema técnico y financiero menor. Por ello, es necesario establecer claramente políticas diferenciadas para los diversos usuarios del agua (urbanos, agrícolas e industriales)
En este sentido, la propuesta gubernamental de asumir los costos del tratamiento del agua representa un subsidio a los usuarios más contaminadores. Los afectados seremos los contribuyentes quienes pagaremos con nuestros impuestos la recuperación de la calidad del agua.
La propuesta no soluciona el problema ambiental, ya que no hay dinero que alcance para sanear las cuencas si no se establece un sistema de control efectivo que corte de tajo la contaminación.
Antes de pensar en el financiamiento público de las plantas de tratamiento habría que establecer mecanismos de “cero tolerancia” contra la contaminación, reformar la ley para dotarla de “dientes” y crear organismos ciudadanos de monitoreo y procedimientos penales expeditos para los infractores. Los contaminadores deben ser obligados a reparar el daño porque sus acciones atentan contra la salud y el desarrollo de la comunidad. Por justicia elemental, los responsables del daño deberían ser los que carguen con los costos de la contaminación y no los ciudadanos en su conjunto.
Ante lo anterior, se argumenta que las empresas cumplen con las normas ambientales, lo cual se desmiente con una simple visita a los cuerpos de agua de la entidad. Se dice, también, que los negocios no soportarían la carga económica del saneamiento. En los hechos, se sabe que los resultados financieros de las empresas más contaminantes (maquiladoras, tequileras y agroindustriales, principalmente) les garantizan excedentes por encima de la media mundial. Estos recursos, como regla, terminan en cuentas bancarias privadas en vez de ser utilizados como pago por la afectación a los sistemas de soporte de vida de la comunidad. Recordemos que las pingües ganancias de las empresas en cuestión se originan en gran medida en este subsidio ambiental, es decir, en la posibilidad que tienen de desentenderse de la contaminación y pasarles la cuenta a los contribuyentes.
La externalización de los costos ambientales de las empresas se efectúa no sólo a través del financiamiento público de las plantas de tratamiento. Además están las erogaciones gubernamentales en el presupuesto de salud pública o directamente de los bolsillos de los ciudadanos en las consultas médicas, tratamientos, medicinas o gastos funerarios. En su conjunto, el país pierde por el descenso de la productividad derivada de contar con una fuerza de trabajo enferma, de los días perdidos por las citas médicas y por el bajo nivel de vida de la población.
La instalación de plantas de tratamiento debe ser una medida complementaria destinada a resolver aquellos casos en donde persista la contaminación (descargas urbanas domésticas fundamentalmente) luego de haber garantizado el control de las emisiones. En estos casos, el financiamiento público es aceptable siempre y cuando los ingresos derivados de la tarifación progresiva (cobrar de acuerdo a tipo de usuario) resulten insuficientes.
Es imperante cambiar el modelo de administración del agua. La propuesta es simple: se trata de convertir el estado en un oasis, cuya ventaja comparativa sea el alto nivel de calidad de vida y no, como es ahora, el subsidio ambiental (derechos de contaminación) y social (bajos salarios). Un arreglo institucional de esta naturaleza garantizaría un ambiente propicio para el desempeño de la economía, mejoraría los resultados de las empresas, el empleo y la inversión en áreas de punta y establecería las condiciones para lograr un elevado nivel de vida de la población.
speniche@cucea.udg.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario