Son sentencias laborales de 63 juicios que no han sido cumplidas

Proponen suspender a 24 alcaldes por desacato

2010-06-20•Ciudad y Región

Congreso (archivo). Diputados protegieron a alcaldes de sus partidos. Foto: Marco A. Vargas

Por incumplir sentencias laborales por despidos injustificados, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado ha propuesto sanciones para 24 alcaldes, por un total de 63 sentencias dictadas que no se han acatado. La propuesta de castigo es de quince días de suspensión sin goce de sueldo, independientemente de que se mantiene intacta la obligación de atender la resolución.

Aunque el monto de los pagos por las demandas no se ha cuantificado, pues tendrían que actualizarse, personal del Congreso del Estado asegura que es por varias decenas de millones de pesos.

Pero aún cuando ya las sentencias son definitivas, no es un hecho que serán acatadas, pues hay asuntos que comenzaron desde 1997, que no han sido resueltos. Y es que los alcaldes en turno han contado con la fortuna de la intervención de los diputados de sus respectivos partidos para que las peticiones de sanción se paseen en comisiones, se regresen por cuestiones de forma o simplemente se archiven.

El 18 de febrero pasado, la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, que preside el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Omar Hernández Hernández, recibió un oficio del entonces encargado del despacho de la Dirección de Procesos Legislativos y ahora titular de la misma dependencia, Francisco Javier Morales Aceves, con un listado de 59 asuntos pendientes por resolver. De éstos, 57 se refieren a propuestas de suspensión por incumplimiento de laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje.

Un día después, se remitió un nuevo oficio, con otros nueve casos, en los que hay ocho propuestas de sanción para alcaldes, también por las mismas causas.

En los oficios, sólo dice que se remiten “los dictámenes que se encuentran en poder de esta dirección”, en que se “resuelven las solicitudes presentadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, para suspender a diversos” alcaldes.

Algunos de estos asuntos ya habían sido dictaminados en la anterior Legislatura e incluso llegaron al pleno, pero nunca se votaron. En cada ocasión, los diputados encontraron una vía para devolverlos a comisiones. El principal argumento es que en muchos de esos casos los municipios no tenían recursos suficientes para pagar los adeudos.

Según personal del Poder Legislativo, la realidad es que siempre los diputados de cada partido defendían a sus respectivos alcaldes.

En algunos casos, la defensa se justifica, pues se trata de asuntos viejos que se arrastran de administración en administración. De hecho, en estos 65 en que se proponen sanciones, éstas debieron ser para los alcaldes salientes. Sin embargo, ahora habrá que empezar de nuevo el procedimiento, devolviendo los expedientes a la Comisión de Gobernación, que tendrá que solicitar al Tribunal de Arbitraje y Escalafón las resoluciones, para que se emitan nuevas dirigidas a los presidentes municipales que asumieron a principios de este año. Algunos de estos expedientes abarcan demandas de más de un trabajador.

Esos asuntos no tienen que ver con las demandas laborales que se han presentado este año por el cambio de administraciones municipales y que, de acuerdo con lo informado por el presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Francisco Temores Rentería, podrían ser de unos 3,200 trabajadores despedidos. En los cálculos del tribunal, aparece también que las demandas, con relación a 2007 en que también hubo cambio de gobiernos municipales, podrían incrementarse 915 por ciento.